Canal Abierto Radio | La expulsión de las 2500 familias que ocuparon terrenos en Guernica está programada para este 23 de septiembre y fue ordenada por el Juez Martín Miguel Rizzo del Juzgado de Garantías N°8 de Cañuelas. La mesa de diálogo con Provincia planteó un “desalojo no violento”, pero “es imposible sabiendo que hay familias que van a resistir hasta lo último” afirmó Victoria, una de las vecinas y delegadas barriales.

Otra de las medidas necesarias y que se ejecutó este fin de semana fue el censo, que fue “tardío y se hizo de manera apresurada” junto a las organizaciones sociales que acompañan la toma. “Hubieron muchos compañeros que no se quisieron censar por miedo, porque ya tenemos 533 imputados en la causa por un falso censo, entonces estuvimos queriendo convencer a los vecinos de que esto iba a ser algo para ayudar y no para perjudicar a nadie”, subrayó.

Además de este relevamiento, se realizó un festival solidario y un abrazo “por la recuperación de tierras”. Y la movilización del día lunes a Plaza de Mayo para reclamar alguna medida concreta, “porque la realidad es que por más que nos querramos ir de ahí o de la recuperación de tierras, no tenemos a dónde ir, la mayoría de las familias no tienen otro lugar, sigue viniendo gente a una lista de espera que tenemos ahí”.

Tanto Victoria como sus vecinos y vecinas plantean que si tuvieran otra alternativa, se irían “pero la realidad es otra”, y esperan que se frene la expulsión de las familias hasta poder reubicarlas. La falta de vivienda es el último eslabón de las necesidades básicas insatisfechas de estas mas de diez mil personas.

“Es difícil porque hay mucho frío, vivimos en carpas de nylon porque no nos dejan innovar, no nos dejan entrar leña para hacer las ollas, la tenemos que rebuscar, tenemos compañeros detenidos, hostigamiento, la mercadería nos la rompen. Gracias a las donaciones de diferentes organizaciones y gente que fue colaborando con la recuperación de tierras, pudimos sobrellevar un poco mejor”.

El desalojo se ordenó de oficio, porque los supuestos dueños de esas tierras no han presentado papeles legales, o por lo menos no se han conocido. “El Estado defiende más una cancha de golf, de rugby, a una vivienda digna para las familias que hoy están acá” denunció Victoria.

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