Redacción Canal Abierto | Al igual que otros sectores de la industria, los gigantes del neumático abandonan de a poco la producción nacional y se reconvierten en meros importadores.
En este contexto, en las últimas semanas se dedicaron a fraguar crisis financieras, con lockouts patronales y suspensiones incluidas, para meterle presión al Gobierno para que libere los dólares necesarios para las operaciones o bien habilite exenciones impositivas que vuelvan más jugosas sus exportaciones.
El caso más reciente es el de Bridgestone: amparándose en la crisis económica «sin precedentes” que atraviesa la economía de Milei, la empresa “más grande del mundo” del sector presentó el pedido para la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC, un proceso que permite la suspensión o el despido de personal ante una disminución del trabajo por fuerza mayor o por causas no imputables al empleador).
Así, incluso antes de que la Secretaría de Trabajo se pronunciara al respecto, Bridgestone avanzó con el bloqueo de accesos a sus plantas y las suspensiones “por tiempo indefinido” de al menos 500 de sus 1500 operarios.
“A partir del extenso conflicto gremial de 2022, sufrimos una pérdida de confianza corporativa que generó la transferencia del volumen de exportación de la Argentina a otras plantas de la región. Como consecuencia, hoy estamos exportando solo el 10% de lo que proyectábamos”, señala el comunicado con el que la multinacional intenta culpar a los trabajadores y a la vez reclama beneficios extra al Ejecutivo.
De inmediato, desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) desmintieron los ataques y advirtieron sobre el riesgo de flexibilización laboral y ola de despidos detrás de la jugada: “nos ven como un chivo expiatorio en su estrategia de desviar la atención, porque lo que les importa es apretar al Gobierno para agrandar sus beneficios”.
Una situación similar viene sucediendo en la otra gran compañía del sector, FATE. Esta también solicitó un PPC con el argumento de la fuerte caída de ventas y pérdida de competitividad. Por esa razón, en mayo hizo 97 despidos que también fueron cuestionados por el SUTNA.
Al igual que con Bridgestone, el gremio denunció la maniobra de la firma de la familia Madanes Quintanilla, que en los tres últimos ejercicios (2021-2022-2023) sumó ganancias por más de u$s 192 millones.
“Es una situación rara: los propios factores de poder que dicen apoyar al Gobierno, lo atacan y presionan en los hechos”, plantea Alejandro Crespo, titular del sindicato, en diálogo con Canal Abierto. “El problema es que ese apriete lo hacen a costa o expensas de los trabajadores que despiden o suspenden”.
Si bien es cierto que el sector no atraviesa la bonanza de otros años —tiene una capacidad instalada ociosa superior al 40% y una caída de la demanda interna cercana al 30%-, la situación financiera está lejos de ser crítica gracias a las facilidades de importación que otorgó en su momento Massa y hoy continúa la administración Milei.
También es un hecho que ni la reducción de personal o los recortes a salarios que hoy no superan el millón y medio de pesos lograrán revertir la merma en las ganancias empresarias.