Redacción Canal Abierto | En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo hoy que una auditoría realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sobre pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores detectó “una actividad fraudulenta a gran escala” con desvío de fondos estimados en 3.400 millones de dólares solamente durante el último año.
El trabajo de auditoría fue encabezado por el director ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, y en ella dictaminaron que entre 2003 y 2015 la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045, mientras que a diciembre de 2023 la cifra era de 1.222.000 beneficiarios.
Si bien para los funcionarios se trata de un número “estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales” (Adorni dixit), los números están incluso por debajo del promedio internacional.
Según números del Banco Mundial, el 15% del planeta sufre algún tipo de discapacidad. De acuerdo a los números del propio Adorni, las pensiones en la Argentina representan apenas al 2,6% de la población nacional.
Justificar el vaciamiento
Más allá de las matemáticas, la explicación del discurso de Adorni tiene más que ver con la justificación del vaciamiento del área —que arrancó en febrero con el despido de más de un centenar de trabajadores de ANDIS— que con los casos anecdóticos que dicen escandalizarlo.
El discurso no es nuevo, y el vaciamiento que justifica, tampoco. Durante el gobierno de Mauricio Macri —que comparte funcionarios e ideología con el de La Libertad Avanza—la entonces ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley dijo: “Venimos de años de mucha entrega indiscriminada y clientelar de pensiones y nosotros no vamos a convalidar las mafias. Por eso, hacemos estos cruces administrativos, no políticos, todos los meses para ver quién merece la pensión”.
Sus declaraciones fueron para justificar el informe Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que dio a conocer que en lo que iba de ese año se habían producido 5.713 bajas y 5.714 suspensiones en pensiones para madres de 7 hijos; y 19.215 bajas y 52.491 suspensiones en pensiones por invalidez.
Pese a eso, un mes más tarde, la jueza federal de la Seguridad Social, Viviana Piñeiro, le ordenó dar marcha atrás con la medida en un plazo de ocho días. El Gobierno apeló y no lo hizo, lo que motivó manifestaciones, denuncias y reclamos de todo tipo provenientes del sector.
Tal fue el escándalo, que Macri se vio obligado a crear la Agencia Nacional de Discapacidad, que hoy está siendo auditada, para aplacar el escándalo.
Sin embargo, un año después ya se contabilizaban 180 mil expedientes trabados en las oficinas de la ANDIS y unas 80 personas que habían muerto esperando su pensión.
Misma estrategia
Como antesala del anuncio de Adorni, el mes pasado una denuncia impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán contra el expresidente Alberto Fernández y exdirectores del organismo volvió a encender las alertas del sector.
Puntualmente, la presentación apuntó contra una serie de decretos y resoluciones mediante los que se habrían “flexibilizado los criterios” para otorgar Pensiones No Contributivas por Invalidez, lo que habría producido un “crecimiento exponencial” de las mismas entre 2021 y 2023.
¿Cómo impacta y qué implica el ajuste y los despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad?
— Canal Abierto (@canalabiertoar) June 28, 2024
Te lo cuenta Maive Carone Fernández (@MaiveCF), trabajadora despedida de la @andiscapacidadpic.twitter.com/k8hlSpVkHs
En ese momento, Maive Carone Fernández, una de las 340 trabajadoras despedidas de la Agencia Nacional de Discapacidad desde que asumió Javier Milei, explicó en sus redes sociales que detrás de los cambios de los parámetros para el otorgamiento de pensiones lo que hubo fue una adecuación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, a la que Argentina adhirió en 2008 y que obtuvo rango constitucional en 2014.
“La Convención propone que la discapacidad no se encuentra en el sujeto, sino que lo que hay es una persona con deficiencias y un entorno que presenta barreras, que es inaccesible. Justamente, el retiro de estas normas que por ejemplo determinaban como requisito tener un 76% de incapacidad laboral para acceder a la pensión, o que determinaban que estas personas estaban imposibilitadas de trabajar, se ponen en tela de juicio a partir de esta redefinición del concepto de discapacidad”, explicó sobre la ampliación de la cobertura.
“Estamos hablando de población extremadamente pobre y vulnerada, que no accede a un trabajo, en un país donde no se cumple el cupo laboral de discapacidad y que tiene muchos más gastos que otras personas”, agregó en diálogo con Canal Abierto.
Este sábado 20 a las 14, la Asamblea “Discas en lucha” convoca a una reunión virtual para organizarse frente a esta avanzada.