Redacción Canal Abierto | El Gobierno impulsa un proyecto para simplificar la regularización de la tenencia de armas de fuego en la Argentina. Entre otros puntos, establece un plazo de un año para legalizar aquellas sin autorizaciones previas, eximiendo a los responsables de toda consecuencia legal.
Así, a las 850 mil armas que circulan por nuestro país con credenciales vencidas, se podrían sumar unas 2 millones y medio -según estiman- totalmente por fuera del sistema.
Similar al blanqueo de capitales, el argumento oficialista consiste en que siempre es mejor dentro que fuera del sistema –en un caso, dólares y otras divisas; en el otro, rifles o pistolas, por ejemplo-, sin importar su origen o posibles usos a futuro.
Todo en línea con las polémicas declaraciones que en 2018 lanzara la por entonces y hoy de vuelta ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “El que quiera estar armado, que ande armado, el que no quiere que no ande armado”.
Sin embargo, no son pocos los especialistas que advierten los peligros de lo que entienden sería una “profundización del descontrol” que ya existe en nuestro país en materia de tenencia y uso de estas herramientas de muerte.
“Habilita una legalización de todas las armas que andan dando vueltas, sin requisitos sobre el origen legal o ilegal de la misma”, explica Adrian Mercenac, integrante de la ONG Red Argentina para el Desarme y padre del joven asesinado por el “tirador de Belgrano”, un caso que allá por el año 2006 conmocionó a la Argentina.
Entre otras cosas, este especialista alerta sobre lo que considera un “peligroso cambio de paradigma, ya que el centro de la cuestión dejaría de ser la seguridad ciudadana y la protección del bien más preciado, que es la vida”.
“Este proyecto no menciona nada de eso y sólo distingue entre armas regularizadas y no regularizadas, como si un rifle del mercado blanco fuera menos letal que uno del mercado negro”, afirma.
El Ministerio de Seguridad de la Nación –del que depende la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ANMaC, desde la asunción del nuevo gobierno– precisó que “se implementarán trámites ágiles y sencillos que favorezcan la registración para los usuarios irregulares”.
No obstante, en un contexto de ajuste presupuestario sobre toda la administración pública, la ONG advierte sobre la falta de recursos económicos ni humanos suficientes para realizar esta tarea: “No estamos hablando de manzanas, un auto con la VTV vencida u otro objeto cualquiera, sino dispositivos creados y pensados para matar”.
En diálogo con Canal Abierto, Mercenac fue incluso más allá al asegurar que “parece más una iniciativa pensada para un grupo de amigos con armas que no podían blanquear con el sistema actual”. Aunque sin mencionarlo, se infiere que entre los posibles beneficiarios estarían los integrantes de fuerzas de seguridad y de servicios de inteligencia.
En un principio, el artículo primero de la iniciativa del Ejecutivo incluía en el blanqueo a las personas jurídicas. Sin embargo, en este punto el Ejecutivo debió escuchar las advertencias de la Red Nacional para el Desarme y quitó esta figura que favorecía a empresas de seguridad privada, armerías y otras formas de lucro.
Uno de los puntos positivos de la iniciativa que debe tratar el Congreso es la prórroga por cuatro años del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego [Pevaf], que consiste en la entrega anónima de armas para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales para quien la efectivizare.
El Pevaf fue sancionado originalmente el 20 de diciembre de 2006 con el objetivo de reducir la circulación de armas entre la población civil y, con eso, contribuir a reducir los niveles de violencia. En estos años fueron recibidas y, posteriormente destruidas, cientos de miles de armas y municiones.
El Programa estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2023. En ese momento se “cayó” porque el Congreso omitió votar una ley de prórroga, como lo venían haciendo en años anteriores.
De todos modos, Marcenac asegura que “no se justifica meter todo en un proyecto: el programa de entrega voluntaria se aprobará, probablemente por unanimidad. De hecho, siempre se prorrogó con leyes específica y, de hecho, ya hay varios proyectos al respecto”.