Redacción Canal Abierto | Hoy a partir de las 11 de la mañana, la Cámara de Diputados sesiona para definir si rechaza o avala el veto de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria aprobada en agosto. La norma había sido impulsada con el objetivo de palear la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los haberes tras el cambio de fórmula y el salto inflacionario de enero, del 20,6%.
Para insistir con la mejora a los jubilados se necesita el voto de dos tercios de la Cámara. Sin embargo, a horas de la sesión ni el oficialismo ni quienes respaldan la ley tienen certezas sobre el resultado que podría arrojar la votación. En primer término, porque varios diputados del radicalismo -que paradójicamente fue el bloque que impulsó la medida- se dieron vuelta.
Pero, ¿qué se vota?
La abogada especialista en temas previsionales Silvia Arce resumió así en X el contenido de la ley 27.756 vetada por Milei:
1) La fórmula reconoce un incremento complementario de 8,1%, que representa el 7,2% para todos los haberes. (Así, para compensar lo que se perdió tras el empalme de fórmulas, cuando el Gobierno solo otorgó un 12,5 contra el 20,4 de inflación de enero).
2) Además, establece que el haber mínimo no podrá estar debajo del valor de la Canasta Básica Total multiplicada por 1,09%.
3) Prevé un aumento adicional a la fórmula de movilidad de marzo según variación salarial.
4) Impone un plazo de 6 meses para cancelar las deudas previsionales por juicios con sentencias firmes.
5) Las actualizaciones de las remuneraciones para el cálculo del haber inicial será mensual en vez de trimestral.
En concreto, el aumento del primer punto implicaría una suba de alrededor de $16.000. A pesar de lo paupérrimo de la cifra, su rechazo sería un nuevo golpe a un sector que, contrario a lo que afirma el Presidente, durante su Gobierno nunca le ganó al aumento de precios.
Un informe del Centro de Economía Política (CEPA) explica así “la trampa” a la que recurre Javier Milei para decir que las jubilaciones le ganaron 5 puntos a la inflación desde su llegada al poder: “compara un mes que es el último previo a la actualización de movilidad trimestral (noviembre 2023) contra un mes que tenía incorporada la actualización (agosto o septiembre de 2024)”, explicaron.
“Si, en cambio, se calcula como corresponde, es decir, de manera trimestral, el resultado da cuenta no sólo de la fuerte caída apenas asumido Milei sino también del recorte que se mantiene aún hoy para las jubilaciones sin bono (y que no se va a recuperar nunca dada la fórmula actual, que sólo mantiene poder adquisitivo) y aún peor para las jubilaciones que perciben el bono”, añadieron.
“En concreto, las jubilaciones sin bono en el trimestre septiembre-noviembre de 2024 se mantendrán 4,6% por debajo del mismo trimestre de 2023, mientras que las jubilaciones con bono lo harían 13,6% por debajo”.
¿Es impagable?
El mencionado informe del CEPA rebate una a una las explicaciones del Gobierno para avanzar con el veto. La primera es la ya mencionada, que los jubilados están “muchísimo mejor” que antes, como dijo Milei en un acto de la Bolsa de Comercio de Rosario. El otro argumento es el de la supuesta irresponsabilidad fiscal de la medida.
En la misma charla, el Presidente había apuntado contra “los degenerados fiscales votaron un disparate”, y señaló que la ley le costaba “a los argentinos 370 mil millones de dólares, arruinándole la vida a nuestros hijos, nietos y generaciones futuras”.
Sin embargo, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el gasto adicional de esta Ley en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares ascendería al 0,44% del PBI en comparación con el DNU vigente, si se sostuviera en $70.000 el bono.
La respuesta del CEPA es lapidaria: “Lejos de constituir un descalabro de las cuentas públicas, es un guarismo similar al que dejará de recaudar el Estado por la reducción de la alícuota del Impuesto a los Bienes Personales en 2024 establecida en la Ley Bases. Es decir, representa prácticamente el mismo impacto mejorar el ingreso a 6.089.252 de jubilados y pensionados (dato junio de 2024) y a 5.347.470 titulares de asignaciones familiares que beneficiar a 409.081 contribuyentes que abonan Bienes Personales (último dato: 2022). Entonces, no se trata de una cuestión de recursos, sino de prioridades”.
El otro chivo expiatorio que suele usarse para justificar la debacle de las jubilaciones y, en este caso, para defender el veto es echarle la culpa a quienes pudieron acceder a un haber gracias a las moratorias previsionales.
En primer lugar, es falso que este conjunto de personas se jubilen sin aportar, como afirmó el jefe de ministros Guillermo Francos. “La moratoria implica que se pagan, con un descuento importante, los años restantes de aportes para cumplimentar los 30 que establece como mínimo la legislación vigente para acceder a la prestación”, explicaron desde CEPA. Pero además, señalaron que “la sustentabilidad del sistema no se resintió con las moratorias. De hecho, mejoró la sustentabilidad”.
Al respecto, los datos que refleja el siguiente gráfico son contundentes:
“¿Cómo es posible?”, planteó el CEPA. Y explicó: “Aquellos que cuestionan las moratorias no han estudiado nunca el sistema previsional. El financiamiento del sistema depende de la cantidad de trabajadores activos, sus salarios, los aportes y contribuciones que realizan y la registración”.
Y graficaron: “Como puede observarse en el gráfico, en 2015, con 2,5 millones de personas ya incorporadas al sistema vía moratorias, el gasto contributivo de seguridad social era cubierto en más del 80% por la recaudación del propio sistema de la seguridad social. Esto se debe a la mejora de salario, el empleo y la recaudación”.
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“Por el contrario, durante el menemismo y macrismo, esta relación disminuyó sistemáticamente hasta 64,9%, por la merma de ingresos”. Así, por la pérdida de 250 mil puestos de trabajo del sector privado, por la caída del poder adquisitivo de los salarios del orden del 20% real, las políticas de reducción de contribuciones patronales, y por el incremento de la informalidad y la promoción de mecanismos de contratación con menores aportes.
Por eso, “lo que no es sustentable es un modelo económico que destruye los puestos de trabajo, los salarios y la actividad económica”, afirmaron desde el CEPA.
Hasta el momento, si de ser sustentables se trata, el Gobierno no estaría haciendo los deberes. La reforma laboral aprobada con la ley Bases incentiva el trabajo sin registrar al sacar las multas a los empleadores incumplidores, y al monotributo, cuyos aportes son significativamente menores que lo de los trabajadores en relación de dependencia. Mientras, la caída del empleo continúa siendo más que preocupante: en comparación con noviembre de 2023 ya hay 182.547 trabajadores menos, la mayoría, del sector privado. En paralelo, con la disminución del Impuesto País y la baja de Bienes Personales el fisco pierde importantes fondos vía recaudación, mientras el sistema se hace aún más regresivo.