Redacción Canal Abierto | El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) presenta este lunes 4 de noviembre en Neuquén el veredicto oficial sobre el caso “Megaproyecto Vaca Muerta”, en el cual documentaron los graves impactos de la explotación hidrocarburífera, mediante la técnica del fracking, al ambiente y las comunidades en esta región patagónica.
La presentación de la sentencia es la culminación de un proceso iniciado en diciembre de 2019 y que incluyó una visita de campo en marzo y abril de 2023 para recolectar evidencias en terreno.
Frente a la Casa de Gobierno de Neuquén, el Tribunal entregó esta mañana la sentencia a las autoridades provinciales en una conferencia de prensa convocado al efecto. Más tarde visitarán la Ruka de la Meseta de la Confederación Mapuche de Neuquén, para exponer sus conclusiones a este y otros colectivos sociales allí convocados. Por último, el cierre de la visita a la capital neuquina será en la Universidad del Comahue, a las 17 horas, en un evento abierto al público.
El martes 5, en un evento cerrado en el CEDINCI en la ciudad de Buenos Aires, los jueces del tribunal expondrán sus conclusiones ante organizaciones y representantes de la sociedad civil. Luego, por la tarde se presenta en Yunta Bar el libro “La naturaleza sí posee derechos”, escrito a cuatro manos por Alberto Acosta y Enrique Viale, dos de los jueces del TIDN, editado por Siglo XXI.
Un llamado urgente
Vaca Muerta es uno de los principales yacimientos de petróleo y gas no convencional del mundo. La explotación masiva mediante la técnica de fracking (fractura hidráulica) ha producido profundos impactos ambientales y para las comunidades locales, entre ellas los pueblos indígenas mapuches.
Según indicaron en una comparecencia realizada el 4 de abril de 2023 en el Congreso de la Nación, durante las inspecciones constataron “un destrozo del territorio con profundas afectaciones a las comunidades”.
En la ocasión presentaron los resultados preliminares de la visita en la que constataron: la contaminación de fuentes de agua y del aire; movimientos sísmicos relacionados con el fracking; un acceso limitado a servicios básicos, como el agua potable; presencia de basurales petroleros abandonados; y el desmedido impacto de la industria en la biodiversidad y en el consumo de agua que luego queda inutilizable. Según manifestó el TIDN estos impactos reflejan un modelo de desarrollo basado en la explotación sin límites, que ha empobrecido a la región y puesto en riesgo el equilibrio ecosistémico y la salud de los habitantes.
“Es un llamado urgente a repensar el vigente modelo de explotación de combustibles fósiles en la región y a defender los Derechos de la Naturaleza y de sus comunidades”, sostienen desde el Tribunal. “Esta sentencia ética tiene como objetivo sentar un precedente en la lucha contra el extractivismo desmedido y plantea la necesidad de una transición justa, popular y post-extractivista”, definen.
El Tribunal de los Derechos de la Naturaleza
El Tribunal Internacional fue convocado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) y el Colectivo Ecofeminista MIRÁ. Los anfitriones de la visita fueron la Confederación Mapuche de Neuquén, el Observatorio Petrolero del Sur y la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén.
El Tribunal considera a la naturaleza como un sujeto vivo con sus propios intereses y derechos. Es una institución internacional creada por ciudadanos para investigar y dar a conocer las violaciones de los derechos de la Naturaleza y los de sus defensoras y defensores. Los veredictos éticos del Tribunal pretenden proporcionar una herramienta necesaria en la lucha por la justicia ambiental.
El Tribunal llevó adelante casos en Ecuador, Perú, Francia, España, Inglaterra, Alemania, los Balcanes, Guyana Francesa, Brasil, Canadá, fracking en Estados Unidos, Argentina, Chile, Bolivia, Australia y México; y contra empresas petroleras como Total, Chevron Texaco, Shell, British Petroleum y empresas mineras como Newmont Mining Corporation, ECSA, Vale, entre otras. El Tribunal para el Caso Vaca Muerta está integrado por Patricia Gualinga y Alberto Acosta, de Ecuador; Yuvelis Morales, de Colombia; y las escritoras Claudia Aboaf y Gabriela Cabezón Cámara junto a los abogados ambientalistas Rafael Colombo y Enrique Viale (de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas de Argentina), de Argentina. Natalia Greene, también ecuatoriana, es la secretaria de este tribunal.
Foto principal: Alejo Di Risio