Redacción Canal Abierto | La fuga de presos de comisarías de la ciudad y el reclamo de sus autoridades al gobierno nacional por los presos federales que se alojan en dependencias policiales porteña escala al tiempo que se acerca el calendario electoral.
La renuncia de Waldo Wolff tras los hostigamientos al respecto por parte de la ministra del área en el ámbito nacional, Patricia Bullrich, no dio por terminado el asunto ya que el su apertura de sesiones el Jefe de Gobierno Jorge Macri se refirió al asunto y planteó que «como dice Patricia Bullrich, todas las provincias tienen sus cárceles. Pero esas provincias también tienen su propia Justicia. Y la ministro conoce que desde que esta Ciudad se creó nunca tuvimos ni la Justicia plena, ni el Servicio Penitenciario. Entonces no puede haber magia en la solución. Esto no se resuelve de golpe. Y mientras los delitos sean nacionales, los presos son del Servicio Penitenciario Federal»
Por su parte, el presidente de PRO Mauricio Macri señaló en una publicación en su cuenta de X que «los casi 27.000 policías que tiene la Ciudad tienen que estar al servicio de cuidar las calles y a los porteños, no a los presos. El Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal tienen que cumplir con su responsabilidad. La Ciudad está para ayudar, pero las comisarías no son cárceles».
Bullrich respondió con la dureza que la caracteriza también a través de X: «Todas las provincias se hacen cargo de sus presos y cárceles, es momento de que dejen de financiar festivales, firmen la transferencia y hagan lo mismo. Se quedaron con la policía, se quedaron con la cárcel de Devoto, pero pretenden que el resto del país les banque los presos. La cárcel que se comprometieron a terminar en Marcos Paz debía estar lista en 2020, pero cinco años de desidia y 2000 presos hacinados después, vienen a pedirme que me los lleve. Gestionar la seguridad no es diseñar uniformes», apuntó.
¿Cuál de los dos Gobiernos tiene razón?¿Alguno la tiene? Canal Abierto consultó a Macarena Fernández Hofmann, coordinadora del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del CELS, quien sostuvo que “es un problema que se haya dado una disputa en términos de bandos. Que se estén pasando la culpa unos a otros lo que genera es que cada haya más detenidos en condiciones inhumanas en las comisarías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nadie esté pensando en abordar a una solución”.
Fernández Hofmann recomendó analizar el problema a lo largo del tiempo. “Tenemos dos escenarios que confluyen para que la situación termine desbordando con 2400 presos en comisarías y en alcaidías de la CABA como tenemos hoy. Por un lado, un crecimiento permanente de la población de detenidos el servicio penitenciario general. Hay una queja que viene desde la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, producto de reformas normativas progresivas en términos de encarcelamiento, es decir, de generar más gente detenida”, señaló.
Paradojas del populismo punitivo: tanto machacar con la necesidad del endurecimiento de penas y encarcelamientos, devinieron en una situación que desborda las estructuras de la ciudad.
El segundo aspecto que genera esta tormenta perfecta es la negativa de la Ciudad a tener sus propias cárceles ni su propia institucionalidad de encierro penal. “La ciudad generaba más detenidos, pero no quedaban a cargo de la Ciudad, sino que los derivaban al Servicio Penitenciario Federal. En un momento se empieza a agotar el servicio penitenciario y empiezan a quedar acá. Y ahí empieza esta disputa. En 2020 en la que Nación le dice a la ciudad que tiene que tener tus cárceles y CABA le dice que tiene que sacarle de los presos. Y así estamos hace 4 años”, explicó la especialista.
Respecto de las posibles soluciones al problema, Fernández Hofmann planteó que “por un lado es necesario que haya más plazas disponibles, porque tenés más personas que lugares. Es muy simple la ecuación. Pero también vale la pena decir que esas nuevas plazas no pueden ser de cualquier manera. Tienen que ser lugares que estén pensados para que las personas puedan cumplir su condena o esperar su juicio en condiciones dignas, con todo lo que se implica en términos de paz, en términos de acceso a derechos”.
“Pero, sin embargo, si no hay cierta racionalidad en quiénes quedan presos, en cómo funciona la Justicia, en el dictado de las prisiones preventivas y, sobre todo, en cómo funciona la policía en las detenciones, siempre vas a tener un flujo que va a ser imposible que se absorba. Así que el problema no lo vas a poder solucionar sólo con hacer nuevos lugares de detención”, concluyó.