Redacción Canal Abierto | El salto inflacionario que venía sintiéndose en los bolsillos acaba de ser ratificado por el IPC de marzo que acaba de publicar el INDEC (3,7%).
La suba es un golpazo para el gobierno de Javier Milei, que propagandizaba “la doma de la inflación” como su principal logro en tiempos de caída de reservas, presión cambiaria y declive de la confianza en el plan económico, evidenciada en todas las encuestas de opinión.
En este clima y empujado por Donald Trump, esta tarde se reúne el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), que podría aprobar el programa argentino.
Según el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el acuerdo técnico por un programa de facilidades extendidas sería de US$ 20.000 millones. Y, pese a que el Gobierno se cuida bien de no usar la palabra “devaluación”, incluiría una modificación en el régimen cambiario. Al menos así lo anticipó la directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, quien habló también de medidas fiscales y de reformas estructurales para sostener el crecimiento.
La pregunta que se impone en este escenario es la misma que le da título al último informe elaborado por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO): ¿Tercera fase, cambio de régimen o fin de ciclo?
¿Esta vez será distinto?
En él, el instituto liderado por el economista Andrés Asiain releva que la etapa final de la negociación con el FMI “generó más incertidumbre que certezas, modificó las expectativas del mercado y profundizó la pérdida de reservas”. Tanto, que el Banco Central debió vender US$ 1.780 millones en apenas once ruedas cambiarias para frenar la demanda de divisas.
Por eso, aunque el Gobierno insiste en que “esta vez será distinto” y que no habrá un salto devaluatorio, el CESO cuestiona los dos pilares en los que se apoya ese optimismo: el superávit fiscal y la supuesta ausencia de pesos para una corrida.
“El superávit fiscal no soluciona el déficit externo”, sostiene el informe y advierte que “la cantidad de pesos capaz de presionar sobre reservas es notablemente superior a las estimaciones que hace el gobierno sobre la Base Monetaria Amplia”.
En otras palabras: mientras el oficialismo parece confiar en estirar la situación actual sin sobresaltos hasta octubre, el CESO señala que “la posibilidad de lograrlo dependerá exclusivamente del FMI”. En específico, del monto inicial que el organismo decida desembolsar y de si exige o no una devaluación previa a las elecciones legislativas.
Los dos escenarios
En el informe, el centro de estudios especula con dos hipótesis. La primera, que el primer desembolso sea de US$ 8.000 millones sin exigencias. Si es así, arriesga que “la posibilidad de éxito parece acotada, atento que dicho esquema cambiario no parece anclar las expectativas”.
En ese escenario, el riesgo sería una mayor presión sobre la brecha cambiaria, con impacto en precios por stockeo de productos, caída de reservas y eventuales corridas bancarias. Es decir que, si el FMI no condiciona al programa económico y el Gobierno continúa igual hasta las elecciones, la sostenibilidad del plan es frágil.
La segunda hipótesis es que el desembolso esté atado a una devaluación correctiva del 20% al 30%, lo que a esta altura parece lo más seguro. Allí, el éxito dependería de que el traspaso a precios sea bajo.
“Si se permite mostrar la devaluación como un hecho puntual y controlado, anclando expectativas y evitando nuevas presiones cambiarias, el esquema podría ser funcional hasta las elecciones”, asegura el informe.
Otra posibilidad sería avanzar hacia un régimen más flexible o incluso una unificación cambiaria. Esta alternativa implicaría abandonar el actual ancla cambiaria, algo que según el CESO “exacerba los problemas relacionados a la restricción externa” y que “aumenta el incentivo a postergar exportaciones y adelantar importaciones”.
Más allá del camino elegido, la situación de las reservas es delicada, ya que para lo que resta de 2025 hay compromisos de pago por unos US$ 7.400 millones entre abril y julio y una cuenta corriente deficitaria “desde junio de 2024”.
A esto se suma que los depósitos en dólares caen en forma constante y que los precios ya emprendieron un camino ascendente. De esta manera, aún si el traspaso a precios de una devaluación fuera bajo, no le permitiría al Gobierno mostrar la baja inflacionaria como un éxito de su plan.
Así las cosas, el CESO plantea que, si se espiralizan la devaluación y la inflación, “el oficialismo tiene aún chances de intentar aplicar la postergada promesa de dolarización”, aunque el CESO advierte que esa salida podría “renovar el apoyo social o transformarse en un salvavidas de plomo”.
Por ahora, la estabilidad hasta octubre pende de un hilo.