Por Elisa Corzo | Después de rechazar el aumento a las jubilaciones, la ley de financiamiento a las universidades nacionales o la ley de Discapacidad bajo el argumento de que ponen en riesgo el superávit fiscal, ahora el Gobierno decidió beneficiar al sector agroexportador con una disminución de las retenciones a la soja y sus subproductos, al maíz, el sorgo, el trigo, la cebada, el girasol y la carne.
¿El argumento? Brindarle mayor competitividad a una actividad que ya de por si es altamente rentable y concentrada. Según calcula Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación, las ganancias del sector rondan los 11.500 millones de dólares, “solo en granos y ganadería”.
“Si se considera que el 10% de los propietarios controla el 50% de la superficie de explotación, estos grandes terratenientes embolsan unos 6.000 millones de dólares en concepto de renta de la tierra. Hablamos de 1.414 propietarios con más de 2.500 hectáreas cada uno”, afirmó el economista.
Además, denunció que las rebajas implican una transferencia de ingresos, desde el Estado hacia ese puñado de propietarios –a los que calificó de “oligarquía rentística y parasitaria”- equivalente a 1.250 millones de dólares anuales. “De un plumazo, les transfirió el equivalente a cinco meses de financiamiento universitario o a más de siete años de financiamiento del Hospital Garrahan”, cuestionó.
Por su parte, Alejandro Gaggero, coordinador del área de Justicia Fiscal de ACIJ e integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), señaló que una medida como la anunciada, y de la manera en que se tomó, sin dudas contribuye a que el sistema sea más injusto.
“Las retenciones le dan progresividad a la política fiscal, pero además tienen algunos problemas”, aclaró. “Por un lado, vinculados a la falta de una segmentación, para que no afecte de la misma manera al productor grande que al productor chico. Y por otro lado, a la cuestión del federalismo fiscal, porque se trata de un ingreso que queda concentrado en el Estado Nacional y no se coparticipa”, dijo en diálogo con Canal Abierto.
Por eso, “es muy problemático pensar en bajar las retenciones solamente, porque eso va a hacer a la política fiscal más regresiva, sin solucionar los problemas que mencionaba”.
En esa línea, una discusión que se da incluso en los ámbitos donde se brega por una mayor progresividad fiscal, plantea que de bajar las retenciones hay que pensar en recaudar más con los impuestos que se le cobran a los empresarios del agro, “que hoy tienen algunos beneficios que son difíciles de explicar”, apunta Gaggero. Por ejemplo, “las exenciones en bienes personales que tiene la producción rural”.
El agronegocio y el abuso fiscal
En paralelo, el también investigador del CONICET (IDAES-UNSAM) se refirió a una práctica muy extendida entre empresas del sector agroexportador: el llamado “abuso fiscal corporativo”.
“Se trata –explica- de un proceso por el cual las grandes empresas producen en un país determinado, en este caso Argentina, pero tienen firmas vinculadas (a las que llama “empresas cáscara”) en otros países con regímenes fiscales especiales que les permiten declarar menos ganancias en el país donde producen”. Así, “porque la ganancia se traslada a estas firmas en países con baja tributación”.
En un estudio publicado en 2023 junto al investigador rosarino Gustavo García Zanotti, en el que analizaron un conjunto de 20 firmas tipo cáscara pertenecientes al agronegocio radicadas en Uruguay (como Vicentin Sucursal Uruguay S.A, Cargill Commodities Trading SRL, o Bunge Montevideo S.A, entre otras) lo que vieron, justamente, es el rol del país oriental en los procesos de abuso fiscal en Argentina.
“El abuso fiscal no es necesariamente ilegal, en muchos casos hay un gris, pero básicamente consiste en usar estos mecanismos para, en este caso, declarar menos ganancias en Argentina, y que aparezcan ganancias en empresas de Uruguay donde básicamente no producen, prácticamente no tienen empleados y no tienen inversión en capital fijo”.
A partir de la investigación, realizada con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, una de las cuestiones que pudieron ver es que, bajo ese esquema especial, Uruguay les termina cobrando a las empresas cáscara un 1% de impuesto a la renta, cuando en Argentina el mismo impuesto llega al 35%. De este modo, calcularon que entre 2017 y 2021, esas firmas tuvieron ganancias agregadas por USD 3.950 millones. “Esas ganancias –subraya- son las que prácticamente no pagan el impuesto a la renta”.
En este marco, una discusión saludable que debería tener el país -si de cuidar al fisco y a la justicia fiscal se trata- tiene que ver con cómo retener esos flujos de divisas. Es un debate que, “afortunadamente”, ya se está dando en organismos multilaterales como la OCDE, la ONU o el G20, indica Gaggero.
El especialista agrega que, si bien es un problema global, también hay medidas que se pueden tomar a nivel local. Entre ellas, “mejorar la fiscalización que hay en el comercio internacional, y sobre todo a nivel intragrupo, para detectar la manipulación de los precios de transferencia”.
Otra medida podría ser presionar en términos diplomáticos. “Así como hoy el mundo ha tendido a presionar sobre las guaridas fiscales para que cambien algunas regulaciones que implican una pérdida fiscal para los países, Argentina podría tener una política de presión a los países que más la perjudican con estas prácticas”. “Un ejemplo que no es el único, pero que para nosotros tiene peso –apunta el especialista- es con Uruguay”.