Redacción Canal Abierto | El Tribunal Oral Federal 2 ordenó el jueves la libertad de Martín Eduardo Sánchez Zinny, tres años después de la condena a prisión perpetua que el excarapintada recibió en 2022 por crímenes de lesa humanidad junto a otros dos integrantes de la patota del Regimiento de Infantería Mecanizada (RIM) Nº 6 de Mercedes.
Los represores habían sido sentenciados delitos contra cinco militantes del PRT–ERP que participaban de las publicaciones partidarias El Combatiente y Estrella Roja.
Sánchez Zinny fue beneficiado en 2024 por un fallo de los jueces de la Cámara de Casación Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky que le redujo la pena a 12 años. Como ya cumplió los dos tercios de la pena, el tribunal integrado por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Gimenez Uriburu y Jorge Gorini aceptó otorgar la condicional.
El beneficio establece la condición de “evitar cualquier tipo de contacto con Bárbara García y Camilo García”.
Sánchez Zinny, Emilio Pedro Morello y Horacio Linari habían recibido a prisión perpetua como coautores del homicidio agravado de Jorge Emilio Arancibia, herido cuando intentaba escapar y luego rematado en el piso, y el secuestro de Pedro Oscar Martucci, de Pablo Pavich, de una persona que no fue identificada y de Rocío Ángela Martínez Borbolla, madre de los periodistas Bárbara y Camilo García.
En sus redes, Bárbara denunció: “Estamos en una situación muy compleja judicialmente, respecto de la historia de nuestro país. Los abogados de Sánchez Zinny son los abogados de la vicepresidenta, María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, entre otros, ellos fueron los que juntos con la vicepresidenta organizaron el city tour a Ezeiza con los diputados libertario para visitar a los genocidas”
“Yo soy hija, he sido protagonista de los hechos, lo luché y hoy siento que perdí, que fracasé, que los jueces me cagaron, que se cagaron en la verdad, en la memoria y la justicia”, lamentó.
Bárbara y Camilo, que también son hijos de Martín Garcia, periodista y exdirector de la agencia Telam, reconocieron durante el juicio a Sánchez Zinny como uno de los secuestradores que entraron a su casa, se llevaron a su madre y los amenazaron de muerte a ellos mismos cuando tenían 6 y 4 años, esa noche de 1976.
Unos días antes se había realizado un operativo represivo en la imprenta del PRT que funcionaba en una casa de San Andrés, partido de San Martín, donde fueron secuestrados el dirigente Pablo Pavich junto a otro militante, y asesinado Jorge Emilio Arancibia.
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El juicio
Tras 22 audiencias finalizó el juicio que había comenzado en diciembre pasado. La causa está situada entre mayo y julio de 1976 en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Uno de los operativos fue contra la imprenta más grande del PRT-ERP, donde imprimían las revistas El Combatiente y Estrella Roja. También se juzgó el secuestro de Ángela Martínez Borbolla, la madre de los periodistas Bárbara y Camilo García, unos días después en su casa de Haedo, quienes fueron testigos del hecho cuando niños, y se convirtieron luego en querellantes y principales impulsores de la causa.
Sánchez Zinny, Morello y Brun fueron luego carapintadas del grupo de Aldo Rico, cuando durante la presidencia de Raúl Alfonsín se levantaron en armas cubriéndose el rostro con betún. Años después, la aventura continuó por las vías electorales. Morello fue secretario general y diputado del MODIN, el partido político liderado por el ex intendente de San Miguel, que fue testigo de la defensa en este juicio.
“Bárbara fue a la Conadep siendo adolescente a hacer la denuncia y ya desde aquellos años ella tenía claro que se había grabado en su cabeza las características físicas del genocida que entró a su casa para llevarse a su madre para siempre”, dijo el abogado Pablo Llonto.
“Sobrevivimos para vivir este momento”, agregó el conductor de radio y TV, Camilo García.
Las denuncias
Ya en 2022, previo a la sentencia, Bárbara García había denunciado que “No hay ningún tipo de control a los genocidas con domiciliaria”.
“Lo que más necesito es que, por lo menos, Sánchez Zinny y Morello vayan a cárcel común, si le dan perpetua pero con domiciliaria siento que el juicio se perdió, porque ya gozan de la prisión domiciliaria sin tobilleras eléctricas ni ningún tipo de control”, reclamaba ya antes de la sentencia la mujer.
En este punto, diferenció el tratamiento de la Justicia a los represores: “Andrade es el único que lo ves que es de recursos más humildes y es el que está en cana; es el de menor rango y es el único que no goza de domiciliaria porque no tiene poder, no tiene dinero, no tiene influencias. Todos los demás están en sus casas sin absolutamente nada de control”, denunció.
Los acusados
Emilio Pedro Morello estuvo a cargo de la Sección de Tiro de la Compañía de Infantería A; Luis Alberto Brun, tuvo a su cargo la Sección Apoyo de la Compañía de Infantería B; Martín Eduardo Sánchez Zinny, jefe de la Sección Tiro de la Compañía C; Horacio Linari, jefe de la Sección Tiro de la Compañía de Infantería A; Rubén Osmar Andrade, ex cabo 1ro, jefe de grupo de la a cargo de la Sección Tiro de la Compañía A. Alberto Ramón Schollaert, jefe de la guarnición militar, fue apartado del juicio por problemas de salud. Gustavo Delfor González Sass, exteniente primero a cargo de la Compañía Comando y Servicios, falleció durante la investigación. Brun y Andrade fueron absueltos en el juicio.