Por Elisa Corzo | Esta semana hubo novedades en la causa que investiga el atentado con una bomba molotov contra el local de La Cámpora, ocurrido en 2021 en Bahía Blanca. El 25 de mayo de ese año, en horas de la madrugada, una fuerte explosión dejó reducida a escombros la unidad básica “Ateneo Néstor Kirchner”, ubicada en la esquina de Donado y Berutti, en el centro de la ciudad bonaerense.
Primero, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de la Defensa y dejó firme el procesamiento con prisión preventiva de Pablo Antonio Ceferino Dahua, el trabajador civil del Ejército a quien el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, al pedir la elevación a juicio, había señalado como principal responsable del atentado, e integrante de “una asociación ilícita destinada a combatir ideologías por la fuerza o el temor”. Puntualmente, de la agrupación neonazi “Nueva Soberanía”.
Cabe recordar que si bien el ataque no provocó víctimas ni heridos, produjo daños estructurales en el local y destrozos en comercios aledaños, y puso en grave peligro a personas o animales que circularan por el lugar.
Los perpetradores además arrojaron panfletos con mensajes amenazantes dirigidos a “políticos cínicos y corruptos, sindicalistas millonarios y ladrones, periodistas cómplices y militantes, jueces puestos a dedo y sin justicia (…)”, a lo que acusaban de los malos índices socio-económicos, de que “matan niños con el aborto”, de impartir “ESI y pornografía” y “traicionar a la Patria”, entre otras. “Cuántas razones más para empezar LA PURGA. Ahora a cuidarse, traidores. Sabemos dónde viven”, advertían.
El hombre de 49 años, que era trabajador civil del Ejército, está detenido y procesado por el hecho desde hace un año, cuando en el marco de una investigación por homicidio -que también lo tiene como principal sospechoso- las fuerzas de seguridad encontraron distintos elementos que lo vinculaban al ataque de 2021. Entre ellos, un Fiat Siena gris, similar al que usaron los dos sujetos que cámaras y testigos captaron huyendo del lugar.
En lo de Dahua -a quien los medios locales bautizaron como “Bombita”- también encontraron armas de fuego, municiones, panfletos de ideología nazi y antisemita, así como cuatro artefactos explosivos caseros que se encontraban en condiciones de ser utilizados.
Otro dato llamativo sobre Dahua es que unos 10 años antes del ataque llegó a ser secretario de Prensa en la comisión directiva local de ATE, hasta que por un conflicto interno fue alejado de sus funciones y de la militancia sindical en general. En su juventud, además, había militado en partidos de izquierda.
En comunicación con Canal Abierto, Verónica Reisvig, actual secretaria de Finanzas de ATE, contó que tras alejarse de la militancia el trabajador civil fue “escalando administrativamente” en el Hospital Militar, hasta llegar a ser responsable de Recursos Humanos. Esto tensionó aún más la relación con su ex compañeros porque lo ubicó del otro lado del mostrador. Además, desde esa función, “hostigaba y perseguía a los compañeros”, recordó.
En el marco de la causa, el fiscal Martínez lo acusa por tres delitos: 1) explosión con peligro común para los bienes, agravado por haber peligro de muerte para alguna persona, 2) fabricación o tenencia de materiales explosivos reiterado en dos oportunidades y 3) tomar parte de una asociación ilícita destinada a combatir ideologías por la fuerza o el temor.
En paralelo a las medidas que recaen en Dahua, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca procesó a otro sujeto: Francisco Rosales, por considerarlo miembro de la misma asociación ilícita.
Para los jueces Roberto Daniel Amabile, Pablo Candisano Mera y Pablo Esteban Larriera, “la orientación ideológica del imputado –de reconocida raíz neonazi y antisistema– no se manifestó de forma abstracta ni meramente declarativa, sino que se tradujo en conductas concretas y en la posesión de elementos idóneos para llevar adelante acciones de adoctrinamiento, confrontación violenta y ocultamiento –como materiales propagandísticos, simbología nazi, evidencia digital con contenido extremista”, señala el fallo.
Seguidilla de ataques
El hecho ocurrido el 25 de mayo de 2021 no fue aislado. En esos meses ocurrieron al menos otros cuatro hechos de similares características, solo en Bahía Blanca.
En noviembre del mismo año, hubo tres al hilo: arrojaron una bomba molotov en la casa de Olga Curipán, titular de la casa cultural Ruka Kimun Mapuche de Bahía Blanca; luego, tiraron panfletos amenazantes en la sede de dicha Ruka; y atacaron con explosivos otro local partidario del Frente de Todos, también ubicado en pleno centro de la ciudad. A los dos meses, en enero de 2022, la víctima fue el entonces titular de la Región Sanitaria 1, Maximiliano Nuñez Fariña, quien también sufrió un ataque con explosivos en el portón de su casa.
El Registro de Ataques a la Derecha Radicalizada (RADAR) -una iniciativa del Equipo de Investigación Política (EdIPo) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)-, ubica estos ataques ocurridos durante la pandemia en el marco de una de las oleadas de “radicalización” de la derecha que precedieron el triunfo del Gobierno de Javier Milei.
“La llegada de Milei a la presidencia-recapitulan en un informe publicado días atrás– significó el inicio de una segunda etapa de las ultraderechas, pero fue precedida por al menos cuatro oleadas de radicalización de derecha, que fueron articulándose y reconociéndose como parte de un mismo movimiento histórico:
● Primero, en 2018, se agruparon grupos reaccionarios y antiderechos frente al avance del feminismo y la marea verde;
● Segundo, durante la pandemia, se propagaron los discursos antiglobalistas que cuestionaban el multilateralismo y las medidas sanitarias promovidas por los organismos internacionales;
● Tercero, en 2021, con el debut político de Milei y Villarruel, que capitalizaron el descontento social de la población argentina y llevaron su narrativa libertaria al Poder Legislativo;
● Y, finalmente, la cuarta etapa llegó en septiembre de 2022, con el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, haciendo explícita la violencia política de la ultraderecha y nuestra incapacidad institucional para responder a esa radicalización violenta”.
La novedad judicial en el caso de Bahía Blanca, en tanto, llega en un contexto de cierto desbande de las “milicias digitales” al mando de Santiago Caputo, que luego del triunfo del libertario encontraron “formas para disciplinar, amedrentar y hostigar a voces opositoras con una acción híbrida entre lo territorial y lo digital”.
“La reciente derrota de La Libertad Avanza y sus aliados del PRO en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires”, indicaban desde RADAR en un manifiesto reciente, “expuso lo que consideramos un primer límite a la eficacia de las estrategias digitales, más aún cuando las necesidades materiales acucian al electorado”. “La centralidad del dominio de la calle online quedó en entredicho frente a la territorialidad y la inventiva popular”.
Ante este escenario, “¿qué nueva situación abre esta derrota territorial? Específicamente, ¿qué hipótesis de radicalización violenta debilita y cuáles fortalece?”, planteaban.
Días atrás se produjo otro hecho que puede incidir en el fenómeno: el asesinato de Charlie Kirk y los discursos de odio de Donal Trump y Javier Milei en contra de las expresiones políticas de izquierda.