Redacción Canal Abierto | El esperado veredicto de la causa conocida como El Villazo cayó este martes como un golpe inesperado para víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos. El Tribunal Oral Federal N.º 1 de Rosario absolvió por mayoría a los 17 acusados, entre ellos dos ex directivos civiles de la empresa Acindar, señalada como pieza clave en la articulación entre el poder económico y la represión estatal previa al golpe de 1976.
El fallo llega tras casi dos años de debate oral, más de un centenar de testimonios y décadas de lucha por justicia. La decisión judicial, según expresaron las querellas, ignora la magnitud de la prueba presentada y pone en duda el compromiso del Poder Judicial con la memoria y la verdad.
La semana pasada hubo 27 absoluciones en el juicio “La Huerta” de Tandil, donde solo ocho represores fueron condenados.
El fallo
Los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Osvaldo Paulucci resolvieron por mayoría absolver a todos los imputados: 15 ex policías federales, un ex policía provincial y dos ex jefes de Acindar —Roberto Pellegrini, ex jefe de personal, y Ricardo Oscar Torralvo, ex empleado jerárquico—.
El tribunal rechazó los pedidos de las partes acusadoras para declarar el predio conocido como Albergue de Solteros dentro de la planta de Acindar como centro clandestino de detención, así como los planteos para reconocer la responsabilidad empresarial en los hechos. También dispuso la inmediata libertad de los acusados, a la espera de la lectura de fundamentos prevista para el 6 de febrero de 2026.
La Fiscalía y la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos habían solicitado prisión perpetua para los directivos civiles y condenas de entre 10 y 25 años para los ex policías. Pese a ello, el tribunal consideró que no se habían probado los delitos de privación ilegal de la libertad, torturas y homicidios atribuidos a los acusados.
El juez Germán Sutter Schneider votó en disidencia, al reconocer que las 30 detenciones y 10 asesinatos investigados constituían delitos de lesa humanidad. Consideró acreditado que las víctimas fueron perseguidas por su participación en la Lista Marrón de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), liderada por Alberto Piccinini, y propuso penas de entre seis y ocho años de prisión para algunos de los acusados. Su postura, sin embargo, quedó en minoría.
Organización obrera y represión
El caso remite a los acontecimientos ocurridos en 1974 y 1975 en Villa Constitución, cuando los trabajadores metalúrgicos impulsaron un proceso de democratización sindical que culminó en el triunfo de la Lista Marrón en las elecciones internas de la UOM. Aquella victoria desafió tanto a la burocracia sindical como al poder político y empresarial de la época.
En marzo de 1975, la respuesta fue la brutal operación militar y policial conocida como Serpiente Roja del Paraná, que implicó la ocupación de la ciudad por más de 4.000 efectivos. Cientos de trabajadores fueron detenidos, torturados y desaparecidos. En ese operativo, Acindar cedió instalaciones a las fuerzas represivas, entre ellas el Albergue de Solteros, señalado por testigos como el primer centro clandestino de detención del cordón industrial.
La represión al Villazo fue luego considerada un laboratorio de los métodos que la dictadura cívico-militar desplegaría a partir del 24 de marzo de 1976.
Desilusión y denuncia
La sentencia fue recibida con indignación por las querellas y organismos de derechos humanos. “El fallo no está a la altura de la prueba ni de la historia del proceso”, dijo la abogada Julia Venturini en declaraciones el diario local Conclusión. Para las víctimas, la decisión judicial desconoce décadas de trabajo en búsqueda de verdad y marca un retroceso en el juzgamiento de los crímenes de Estado.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Fiscalía Federal, encabezada por Adolfo Villatte, se anticipó que se apelará la sentencia una vez conocidos los fundamentos. Los representantes coincidieron en que el tribunal desoyó el peso de los testimonios y las pruebas documentales que demostraban la participación civil y empresarial en la represión.
Vale recordar que este circuito represivo tuvo como objetivo derrotar la lucha sindical de lxs trabajadorxs metalúrgicxs. El operativo ‘Serpiente roja del Paraná’ fue una prueba piloto del terrorismo de estado en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que luego se aplicaría durante la dictadura de forma sistemática. Además, los civiles juzgados pertenecían a la empresa Acindar, cuyo presidente del directorio era José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego del golpe de Estado pasó a ser ministro de Economía de la dictadura.
“Sabemos que estas definiciones judiciales tan obscenas se atan a los tiempos políticos gubernamentales. Está claro que todo lo logrado en materia de memoria, verdad y justicia fue en las calles y ahí vamos a seguir. Por supuesto que es una aberración y nos da mucha bronca por las víctimas y por las y los testigos que tantos años después siguen poniéndole su voz a las denuncias. Pero no vamos a ceder, no vamos a dejar que queden impunes, seguiremos acompañando la pelea”, dijo la Secretaria General de ATE y CTA Autónoma de Rosario, Lorena Almirón, quien reconoció la tarea “incansable” de las abogadas y abogados de los denunciantes.
Las pruebas
Durante el juicio se presentaron más de cien testimonios, documentos y registros oficiales que vincularon a la conducción de Acindar con las fuerzas de seguridad y con la represión interna contra los trabajadores. Se probó que los legajos laborales fueron utilizados para identificar a los obreros luego secuestrados y que la empresa facilitó recursos logísticos y financieros para las operaciones.
Aun así, el tribunal consideró insuficiente la evidencia y optó por la absolución general. Para los organismos de derechos humanos, esta decisión reabre una herida en el proceso de justicia transicional argentino y deja un mensaje de impunidad a medio siglo de los hechos.
La Rrtaguardia transmisitió en vivo
Un retroceso que desafía la memoria
La absolución de todos los imputados en la causa El Villazo no solo genera frustración entre las víctimas directas, sino que pone en cuestión la coherencia de un sistema judicial que en otras causas reconoció la responsabilidad civil y empresarial en los crímenes de la dictadura.
Mientras los fundamentos se conocerán en febrero de 2026, las organizaciones sociales y sindicales ya anunciaron movilizaciones y presentaciones ante instancias superiores. En Villa Constitución, el eco del fallo resuena como un recordatorio de que las luchas obreras y la búsqueda de justicia siguen siendo inseparables.
