Por Leo Vázquez | Desde la recuperación democrática de 1983, las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia se consolidaron como una construcción colectiva y transversal, sostenida por distintos gobiernos, los tres poderes del Estado y una activa participación de los organismos de derechos humanos y la sociedad civil. Ese proceso, reconocido a nivel internacional, permitió investigar y juzgar los crímenes del terrorismo de Estado, restituir identidades, reparar a las víctimas y preservar archivos y sitios emblemáticos.
El informe Bajo asedio. Las políticas de memoria, verdad y justicia ante la ofensiva revisionista, elaboradopor Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S Capital, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta con el apoyo de las fundaciones Heinrich Boll, Friedrich Ebert y Rosa Luxemburgo,advierte que ese consenso histórico atraviesa hoy su momento más crítico. Desde la asunción de Javier Milei y Victoria Villarruel, en diciembre de 2023, el retroceso no aparece como una suma de decisiones aisladas, sino como un proceso integral de degradación institucional, acompañado por un discurso oficial que impugna la legitimidad misma de estas políticas.
Según el diagnóstico, el actual gobierno no se limita a reducir presupuestos o estructuras: desactiva capacidades estatales, suprime programas, despide personal especializado y cuestiona públicamente a quienes impulsaron y sostienen el proceso de Memoria, Verdad y Justicia durante décadas. El resultado es un escenario que compromete obligaciones asumidas por el Estado argentino en el plano nacional e internacional.
“El programa político que subyace no apunta a ‘completar’ la memoria existente sino a cancelarla, para imponer una memoria antagónica”
Juicios de lesa humanidad: el retiro del Estado como querellante
Uno de los ejes más sensibles del informe es el impacto directo sobre el proceso judicial por crímenes de lesa humanidad. El documento señala que el Poder Ejecutivo “redujo de manera drástica su rol en el impulso de las investigaciones penales, abandonando funciones que habían sido centrales para garantizar el acceso a la Justicia de las víctimas”.
El despido de abogados y abogadas de la Secretaría —hoy Subsecretaría— de Derechos Humanos implicó, en los hechos, el abandono de la querella estatal en la mayoría de las causas en trámite en todo el país. A esta decisión se sumó el decreto 605/2025, que eliminó formalmente las funciones que habilitaban al organismo a intervenir como querellante institucional y a brindar protección a testigos y víctimas.
El informe advierte que esta política no solo debilita la posición de las víctimas más vulnerables, sino que “contraviene la obligación del Estado de promover activamente el juzgamiento de crímenes imprescriptibles”. Incluso se registraron pedidos oficiales para suspender juicios en curso, argumentando la falta de representación letrada generada por los propios despidos dispuestos por el Ejecutivo.
A este corrimiento se suma el vaciamiento de dispositivos de acompañamiento, como el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, cuya reducción de personal limita el apoyo psicológico y social durante los procesos judiciales.
El informe fue presentado la semana pasada en la ex ESMA
Archivos cerrados, sitios vaciados y memoria en disputa
El informe advierte que uno de los retrocesos más graves impulsados por el gobierno de Javier Milei es la obstaculización del acceso a los archivos estatales vinculados a graves violaciones de derechos humanos. Según el documento, actualmente “ya no existe ninguna oficina de la administración pública nacional con facultades legales para acceder a la documentación de las Fuerzas Armadas”, una decisión que impacta de forma directa en las investigaciones judiciales, la búsqueda de personas desaparecidas y los procesos de restitución de identidad
Esta política implicó la desarticulación de equipos civiles especializados que, durante años, facilitaron el acceso a información clave, como el Equipo de Relevamiento y Análisis Documental del Ministerio de Defensa, y la discontinuidad de mesas interinstitucionales de archivos. El estudio de los organismos señala que el involucramiento de estas áreas “había facilitado el avance de los procesos de justicia, la investigación administrativa y judicial sobre niñas y niños apropiados, la investigación histórica y los esfuerzos de memoria”, capacidades que hoy se encuentran bloqueadas por decisión del Poder Ejecutivo
En paralelo, la situación de los Sitios de Memoria bajo órbita nacional es descripta como crítica. El documento afirma que fueron afectados “principalmente mediante el ahogo presupuestario y los despidos”, a lo que se suman decisiones que “amenazan su sentido”, como la degradación institucional de las áreas responsables, el intento de revisar las narrativas históricas y el control ideológico sobre las actividades públicas que allí se desarrollan
En algunos casos, incluso se habilitó la enajenación de predios donde funcionaron centros clandestinos de detención, en abierta contradicción con la legislación vigente sobre preservación de sitios de memoria.
Niñas y niños apropiados: obstáculos a la búsqueda de la identidad
El texto dedica un apartado específico a la situación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), pilares fundamentales en la búsqueda de niñas y niños apropiados durante la dictadura, hoy personas adultas que continúan privadas de su identidad.
Entre las medidas más graves, se destaca el cierre por decreto de la Unidad Especial de Investigación de la CoNaDI, que durante dos décadas tuvo facultades para acceder a archivos de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad. A esto se suman restricciones documentales impuestas por los ministerios de Defensa y Seguridad, y una reducción del 40% de la planta de trabajadores y trabajadoras.
El documento advierte que estas decisiones retrasan investigaciones en curso y ponen en riesgo el derecho a la identidad, una obligación permanente del Estado argentino, reconocida por tratados internacionales de derechos humanos.
Recortes, estigmatización y ofensiva discursiva
El diagnóstico señala que el ajuste material se ve reforzado por una ofensiva discursiva que busca deslegitimar las políticas de derechos humanos y a quienes las sostienen. Funcionarios del gobierno nacional promovieron públicamente la idea de que estas políticas constituyen “negocios”, “curros” o dispositivos de adoctrinamiento, al tiempo que atacaron a organismos históricos como Abuelas de Plaza de Mayo.
Esta narrativa se articula con la promoción de la llamada “memoria completa”, un enfoque que equipara el plan sistemático de exterminio implementado por la dictadura con la violencia política de los años setenta. Las organizaciones advierten que esta equiparación carece de sustento histórico y jurídico, y apunta a relativizar o justificar los crímenes de lesa humanidad.
Entre las consecuencias más graves, se señala la banalización del concepto de terrorismo, su uso para estigmatizar la protesta social y la relativización del número de personas desaparecidas, elementos que tensionan los consensos básicos construidos tras el fin del terrorismo de Estado.
Principales retrocesos señalados por el informe
*Abandono de la querella estatal en juicios de lesa humanidad.
*Desmantelamiento de equipos de investigación y acceso a archivos.
*Vaciamiento presupuestario y degradación de sitios de memoria.
*Obstaculización de la búsqueda de niñas y niños apropiados.
*Reducción y estigmatización de las políticas reparatorias.
*Impulso de narrativas revisionistas desde el discurso oficial.
Una advertencia desde los derechos humanos
Bajo asedio concluye que las medidas adoptadas desde 2023 vulneran obligaciones básicas del Estado argentino: investigar, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos, garantizar el derecho a la verdad, preservar los archivos y los sitios de memoria, y asegurar la no repetición.
A 50 años del golpe de Estado de 1976, el desmantelamiento de estas políticas no solo afecta a las víctimas directas del terrorismo de Estado, sino que interpela al conjunto de la sociedad. Lo que está en juego, advierten los organismos, no es una disputa sobre el pasado, sino la vigencia de un piso democrático construido para que esos crímenes no vuelvan a repetirse.
“Las decisiones tomadas desde 2023 por el actual gobierno apuntaron en todos los casos a la degradación, desjerarquización, desmantelamiento o destrucción de la institucionalidad construida. No sólo recortó recursos humanos y financieros de manera drástica, también desactivó capacidades institucionales indispensables para la implementación de las políticas: desarmó equipos, suprimió funciones, abolió estructuras y programas, e invalidó articulaciones entre organismos.”