Redacción Canal Abierto | Luego de más de diez años de periplo judicial —y a 51 años del Operativo Independencia— el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán fijó fecha para el inicio del debate oral en la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en el Ingenio La Fronterita, en el departamenteo de Famaillá.
El juicio comenzará el miércoles 11 de marzo de 2026, a las 9.30 hs, en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, en San Miguel de Tucumán.
La resolución que dispone el inicio del debate fue dictada el 2 de febrero de 2026 en la causa “Figueroa Minetti, Jorge y otros s/ averiguación de delito” (Expte. 7282/2016), donde se investigan graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de Estado.
En este debate oral serán juzgados Jorge Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Butori, quienes llegan a esta instancia como los únicos dos imputados de los seis empresarios acusados inicialmente en la causa. Tres de los imputados fallecieron en el transcurso del proceso judicial y uno fue apartado por razones de salud. La acusación sostiene su presunta responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos contra 68 víctimas en el marco del funcionamiento de la base militar instalada en el predio del Ingenio La Fronterita.
La responsabilidad empresarial
“No se trata solo de reconstruir lo ocurrido, sino de afirmar un principio básico del Estado de Derecho: los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y deben ser juzgados. La llamada “impunidad biológica” —que el paso del tiempo termine cerrando causas sin sentencia— no puede convertirse en una respuesta judicial”, expresó la asociación Abogadas y Abogados del NOA por los Derechos Humanos (ANDHES)
Se trata del primer juicio en Tucumán que aborda la complicidad empresarial en delitos de lesa humanidad, un paso clave para ampliar la mirada sobre cómo operó el aparato represivo y qué actores lo hicieron posible.
La directora ejecutiva de ANDHES Florencia Vallino señaló:
- “Que esta causa llegue a debate oral marca un hito para Tucumán. No sólo se juzgan crímenes gravísimos, sino también el rol que sectores empresariales tuvieron en el engranaje represivo. Sin esa dimensión, la verdad queda incompleta. Este juicio es una oportunidad histórica para que la justicia avance sobre todas las responsabilidades, no sólo las militares”.
Un avance colectivo
La apertura de este debate es resultado del trabajo sostenido de los organismos de derechos humanos, del compromiso de las víctimas y familiares y de la perseverancia de quienes, durante años, sostuvieron el reclamo de justicia.
“Después de más de diez años de trámite judicial, este debate reafirma que el tiempo no puede ser un aliado de la impunidad. La sociedad tucumana merece respuestas y las víctimas merecen justicia”, agregó Vallino.
Organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales y políticas convocan a la comunidad a acompañar la audiencia inaugural en la puerta de los tribunales.
La historia, el ingenio y el juicio
La causa es una de las más importantes en el contexto de la provincia, del NOA y todo el país. Así como el Ingenio Ledesma de Blaquier en Jujuy o La Veloz del Norte de Levin en Salta, en Tucumán se juzga a los empresarios dueños del Ingenio La Fronterita dónde para el año 1975 se instalo una base que funcionó como centro clandestino de detención y tortura. Por allí pasaron en su mayoría trabajadores y pobladores de las colonias del propio ingenio y alrededores.
El Ingenio La Fronterita fue fundado en la década de 1920 por la familia Minetti.
Durante la investigación se logró determinar que a partir del Operativo Independencia (que tuvo lugar en Tucumán, desde principio de febrero de 1975 hasta el 24 de marzo de 1976), el empresariado a cargo del ingenio cedió sus instalaciones para que funcione un centro clandestino de detención, aportó la logística para que allí se instale una base militar que continuó activa en la gran parte de la última dictadura cívico militar. Además puso a su disposición vehículos y dio información a los militares para que llevaran adelante secuestros, homicidios y desapariciones.
El 5 de febrero de 1975, el Poder Ejecutivo Nacional, a cargo de Estela Martínez de Perón, emitió el Decreto secreto N° 261/75, que ordenó al Ejército Argentino ejecutar las acciones necesarias para “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” en la provincia de Tucumán.
El OI implicó la ocupación del territorio provincial por parte de las fuerzas del Ejército, que tuvieron bajo su control y dirección a la Policía de Tucumán, a la Policía Federal, a la Gendarmería Nacional y a los servicios penitenciarios. Su conducción estuvo a cargo de la V Brigada de Infantería, con asiento en Tucumán, de la cual dependían regimientos de Tucumán, Salta y Jujuy. Estas unidades del Ejército se desplegaron en el territorio provincial, recibiendo apoyo – y presencia efectiva – de regimientos y unidades de Santiago del Estero, La Rioja, Mendoza, y Córdoba, entre otros.
Los imputados Jorge Figueroa Minetti y Eduardo Butori son acusados de ser participes necesarios de violación de domicilio; privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones; torturas; agresiones sexuales agravadas; homicidio triplemente agravado; asociación ilícita en perjuicio de 68 personas, de las cuales 11 continúan desaparecidas. En su mayoría las víctimas fueron trabajadores del ingenio, referentes sindicales y residentes de las colonias cercanas al ingenio.
Con la eliminación de la militancia sindical y la desarticulación de la organización de los trabajadores en el ámbito del Ingenio, se redujeron los costos laborales y la empresa obtuvo significativos beneficios económicos.
En la causa se imputaron a seis (6) personas: Jorge Alberto Figueroa Minetti, administrador y miembro del directorio de la firma José Minetti y Cia. Ltda. S.A.C.C.I., y los miembros del directorio de la firma para la época Eduardo Buroti, Alfredo José Martínez Minetti, Fernando Cornú de Olmos, José Camilo Bergero y Carlos Alfredo Allende Pinto.
Sin embargo, solo dos de los seis empresarios se encuentran procesados. Debido al paso del tiempo, tres de los acusados fallecieron y uno tuvo que ser apartado de la causa por cuestiones de salud.
La causa empezó a investigarse en el año 2016, luego de que en la Megacausa “Operativo Independencia” se escucharan testimonios claves que fueron aportados por muchas de las víctimas. En el año 2019 el entonces juez federal de la provincia de Tucumán Daniel Bejas dictó la falta de mérito respecto de los imputados. Posteriormente esa resolución fue apelada por la fiscalía y querella en distintas instancias hasta que en 2021 se logró revertir esa primera resolución y conseguir el procesamiento y la elevación a juicio.
Jorge Figueroa Minetti fue reconocido por el municipio de Famaillá como “ciudadano ilustre”, de manera llamativa casi al mismo tiempo que la causa judicial tomaba impulso. Actualmente el Ingenio Fronterita (hoy conocido como ingenio Famaillá) pasó a ser propiedad de una las mayores multinacionales del mundo como lo es la Coca Cola. En la actualidad se encuentra en manos de sus subsidiarias, Arca continental y Salta Refrescos a quienes los Minetti vendieron la fábrica en el año 2016. Recientemente un embargo preventivo sobre los terrenos que aún hoy conserva la empresa Minetti, impidió su venta hacia la Coca Cola de la totalidad de las hectáreas lindantes a la fábrica.
