Redacción Canal Abierto | «Estamos frente a grupos violentos que han escalado esta situación. Grupos que no respetan la ley y no reconocen a la Argentina, el Estado, la Constitución, los símbolos y se consideran como un poder fáctico, que pueden resolver con una ley distinta a la de todos los argentinos», aseguró esta mañana Patricia Bullrich en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Justicia, Germán Garavano.
La construcción de un enemigo interno radicalizado como forma de “chivo expiatorio” fue la estrategia que optó el Gobierno ante la desaparición de Santiago Maldonado y a lo largo de los 77 días de búsqueda que siguieron hasta la aparición del cuerpo. Y si bien aún no fueron determinadas ni las causales ni el contexto en que murió el joven artesano, de lo que no caben dudas es del carácter violento en el accionar de Gendarmería aquel 1 de agosto.
Ante este nuevo hecho, la actitud de la funcionaria -respaldada en innumerables ocasiones por Mauricio Macri- vuelve a ser la misma: el grupo Albatros de Prefectura sólo se habría defendido ante el ataque de un grupo violento, ajeno, extraño y opuesto a los valores democráticos y nacionales. Una de las diferencias respecto del caso Maldonado es que ahora la víctima fatal está a la vista, con una herida por una bala que ingresó por un glúteo y atravesó órganos vitales.
Aunque, según informan testigos, las municiones de plomo serían 9 mm (un calibre correspondiente a las armas reglamentarias de las fuerzas de seguridad), todavía no hay resultados de la autopsia ni peritajes concretos que desmientan ni confirmen hipótesis alguna. Hasta ahora sólo hay especulaciones, mas sólo una certeza: Rafael Nahuel fue asesinado en un contexto de represión por parte de Prefectura. Este es un hecho que debiera llamar a la prudencia, sobre todo a la propia Patricia Bullrich, quien ya dejó en claro que no piensa aguardar los peritajes, ni prestar atención a los testimonios, para sacar conclusiones y sindicar culpas.
«Llevamos adelante una acción legal y legítima», defendió la ministra, que de esta manera busca soslayar el hecho de que en cualquier desalojo o acción represiva por parte del Estado, siempre debiera primar el respeto por la integridad y la vida de todo individuo. Cabe recordar que el accionar de Prefectura dejó un saldo de un muerto y otros dos mapuches baleados, sin que ninguno de los efectivos haya sufrido heridas.
Según un informe de las fuerzas de seguridad, aseguró la ministra, los mapuches tenían «armas de grueso calibre». «Las armas están ahí o ya las sacaron. ¿Por qué? Porque no se pudo entrar más, la patrulla bajó y fue desarmada. Todas las armas que se utilizaron en contra de la Prefectura están ahí o se las llevaron, seguramente ya se las llevaron», consideró la funcionaria con total liviandad y falta de precisión.
«Ningún miembro de la fuerza federales va a hacer lo que no manda la ley o va a actuar en contra de la ley, este es el principio de legalidad que hace a un Estado de Derecho», aseveró Bullrich. No hace falta demasiada argumentación para desmontar esta afirmación voluntariosa que esconde un fuerte grado de ingenuidad, cuando no de cinismo. A la hora de soltar estas declaraciones, seguramente la ministra de Seguridad no pensó en los múltiples atropellos policiales y de fuerzas federales de seguridad, no únicamente en dictaduras militantes sino ya en democracia, y durante cada uno de los gobiernos.
«Se ha planteado un dialogo, estamos totalmente abiertos al diálogo con todo grupo pacífico. Todos puedan tener una protesta o reivindicación y quieran resolver los problemas dentro del marco de la ley, no habrá un diálogo con grupos violentos». «Se acabó el mundo al revés», concluyó.