Redacción Canal Abierto | A través de una carta abierta titulada «El costo democrático de la politización de la justicia», Cristina Fernández de Kirchner anunció una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) donde denuncia que el Estado argentino violó sus derechos en la causa Vialidad.
El texto fue publicado simultáneamente en su sitio web y adaptado como columna de opinión en medios internacionales como El País (España) y Libération (Francia), en una apuesta por internacionalizar la discusión sobre el denominado lawfare y las consecuencias institucionales de su condena.
La expresidenta sostiene que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituye, en los hechos, el objetivo central del proceso judicial en su contra. «La proscripción política perpetua es, en realidad, la pena principal», afirma en la carta, donde insiste en que las decisiones de los tribunales argentinos estuvieron atravesadas por arbitrariedades, parcialidad judicial y una utilización política del sistema de justicia.
Según explica, la presentación ante el Comité de Derechos Humanos no busca revisar cuestiones de derecho interno sino determinar si el Estado argentino incumplió obligaciones internacionales asumidas al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre los puntos cuestionados figuran la falta de imparcialidad judicial, la vulneración del derecho al debido proceso y la afectación de sus derechos políticos.
El lawfare como problema democrático
Uno de los ejes centrales del documento es que el caso trasciende la situación personal de la exmandataria. CFK plantea que la utilización del Poder Judicial para excluir dirigentes de la competencia electoral representa una amenaza para la democracia, al limitar el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes.
En esa línea, vincula su situación con un fenómeno que considera de alcance regional y global: la instrumentalización de procesos judiciales para disciplinar liderazgos políticos mediante mecanismos de apariencia institucional. La exvicepresidenta sostiene que el deterioro del Estado de derecho no comienza con la supresión de elecciones, sino cuando se vacían de contenido las garantías judiciales y los derechos políticos.
También afirma que el proceso judicial estuvo atravesado por violencia política y discriminación de género, y recuerda el intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022 como parte del clima de hostilidad política construido durante los últimos años.
La decisión de publicar el texto en diarios europeos busca ampliar la visibilidad internacional del caso mientras avanza el reclamo ante el organismo de Naciones Unidas. En sus columnas, Fernández de Kirchner reivindica su inocencia y sostiene que la defensa de las garantías judiciales no constituye una cuestión individual sino un requisito indispensable para preservar la calidad democrática de cualquier país.
En el tramo final de la carta, la exmandataria asegura que todos los magistrados que intervinieron en su condena deberán responder «ante el escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos» y convoca a sus seguidores a mantener el compromiso político. «Nunca podrán quebrar mis convicciones ni mi compromiso con la Argentina», escribe, antes de cerrar con una promesa de continuidad: «Muy pronto volveremos a encontrarnos, volveremos a caminar juntos».
