Redacción Canal Abierto | Esta semana el Gobierno dio un nuevo paso en su escalada antimigrante, al publicar la resolución 1066/2026, firmada por el ministro Mario Lugones, que reglamenta el cobro de la atención sanitaria a personas extranjeras, sin residencia permanente, en los establecimientos administrados por el Estado nacional. Así, aquellos con residencia temporaria, para la atención habitual o programada, deberán acreditar un seguro de salud o abonar el servicio de manera previa.
En un comunicado de prensa, la Comisión Argentina para personas Refugiadas y Migrantes (CAREF), explica que la medida no es aislada sino que en práctica la facultad que había sido otorgada mediante la modificación de la Ley de Migraciones, aprobada el año pasado mediante un decreto de necesidad y urgencia, el 366/2025.
Además, aclararon que con la aplicación de la norma: “Quienes cuentan con residencia permanente —acreditable mediante DNI— continúan accediendo al sistema público de salud en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos. Quienes no la tienen —residentes temporarios— deberán, para la atención habitual o programada, acreditar un seguro de salud o abonar el servicio de manera previa”.
Para la asociación civil que trabaja en la temática desde 1973 esto tiene al menos varias implicancias severas:
- Afecta principalmente a las personas migrantes de bajos recursos.
¿Por qué? Por el efecto inmediato que provocó la reforma de Migraciones al exigir “medios económicos suficientes” y demostrables -equivalentes a una Canasta Básica Total- como condición para otorgar la residencia permanente.
Desde mayo de 2025, mes de publicación del DNU 366, la aprobación de ese trámite se desplomó “de forma abrupta e irreversible”. Pasó de 6.767 residencias otorgadas, a 1.271 en noviembre del mismo año. Es decir, una caída del 81,2% en solo seis meses.
La nueva restricción –subraya CAREF- “termina excluyendo de la atención de la salud a quienes más necesitan del hospital público, a las personas más vulnerables que viven, trabajan y están establecidas en el país, mucho más allá de la figura del turista a la que la norma pareciera apuntar en una primera mirada”.
2. Agrega una carga extra en hospitales y trabajadores precarizados.
“Los propios hospitales -explica la organización- deberán diseñar e implementar los mecanismos de cobro”. Esto, “traslada a cada institución una carga operativa y una responsabilidad que hasta ahora no tenían, en medio de un proceso de desfinanciamiento y precarización laboral”.
3. Un golpe a la prevención de las emergencias
La resolución además establece que “queda exceptuada del cobro toda prestación destinada a la evaluación, diagnóstico, estabilización y tratamiento inmediato de una condición clínica que implique riesgo cierto e inminente para la vida, para un órgano o una función, o que requiera intervención urgente para evitar un daño grave o irreversible”. En esos casos, no podrá negarse ni restringirse la atención a ninguna persona extranjera, cualquiera sea su situación migratoria, y ante la duda deberá priorizarse inicialmente la asistencia, precisan desde CAREF.
Y advierten: “Pero esta salvedad no compensa el daño que provoca a mediano y largo plazo. Primero, porque la definición de emergencia es estricta y deja afuera controles preventivos, seguimientos de enfermedades crónicas, controles de embarazo o vacunación de rutina: el tipo de atención que evita que una situación se convierta en una emergencia. Segundo, porque la decisión de qué es o no una urgencia queda en manos del profesional de la salud en el momento de la atención, trasladando al personal médico una carga administrativa y ética que le es ajena, y que tensiona los principios básicos de su profesión”.
“Sin controles de embarazo, una mujer puede llegar a una emergencia obstétrica que pudo evitarse. Sin controles pediátricos, un cuadro respiratorio leve puede derivar en una guardia. Sin acceso a la vacunación, se pone en riesgo no solo a quien no accede a ella, sino a toda la comunidad. Sin tratamiento continuo, una enfermedad crónica como la insuficiencia cardíaca se agrava. En todos los casos, el sistema termina interviniendo tarde, en peores condiciones y a mayor costo —humano y económico— del que hubiera implicado garantizar la atención desde el principio”, advierten.
4. Milei detrás del ICE
En tercer lugar, CAREF advierte que la medida es un nuevo paso en la escalada del discurso antimigrante fogoneado desde el Gobierno nacional. Recordemos: el arancelamiento al acceso a la salud se suma, entre otras medidas, a los sobreactuados e irregulares megaoperativos de control migratorio de la Policía Federal y la Dirección de Migraciones en barrios populares y ferias, como los casos emblemáticos de Villa Celina o Flores.
5. Mientras tanto, motosierra
Además –sostiene la organización- mientras profundiza la persecución a migrantes la medida es ineficaz para mejorar la atención de salud en el marco de un desfinanciamiento profundo del sistema.
De acuerdo con el Centro de Economía Política, los últimos datos oficiales disponibles sobre la ejecución presupuestaria de julio de 2026, muestran que en comparación con el mismo mes de 2023, los recortes en hospitales nacionales que van desde el 27 al 53%. También, y hablando solo del ítem Salud, se registran ajustes en el Instituto Malbrán (-31%), en ANMAT (-37%) y en programas críticos de atención sanitaria y prevención de enfermedades, donde se presentan caídas de hasta 100%.
“Un sistema de salud público se cuida con financiamiento, con inversión en ciencia y tecnología, mejorando los salarios de quienes lo sostienen día a día (médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, trabajadoras sociales, personal administrativo, entre otras y otros) y garantizando insumos y equipamiento. No se cuida –concluye CAREF al exigir la derogación de la reforma migratoria y de la resolución que arancela la atención a migrantes – excluyendo personas ni trasladando a cada hospital la tarea de cobrarle a los que menos tienen”.
*Publicada el 13 de agosto de 2026
