Redacción Canal Abierto | El escándalo de $LIBRA abrió una discusión que excede con mucho el desplome de un activo digital y las responsabilidades que puedan determinarse en una investigación judicial.
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) interviene desde hace tiempo en la causa. En julio de 2026 presentó nueva evidencia ante la Justicia y volvió a reclamar que se avance en la investigación sobre la actuación del presidente Javier Milei. Entre los elementos señalados por la organización aparecen comunicaciones, registros de reuniones y documentación vinculada con la operación.
Pero el fenómeno que analiza Pedro Biscay, su director, no se agota en el expediente judicial: el caso permite observar un entramado más amplio en el que se cruzan poder político, intereses privados, circulación de capitales y nuevas formas de construcción de poder.
En ese mapa también podríamos incluir a Fernando Cerimedo, consultor político y uno de los operadores que atravesaron distintos espacios de la nueva derecha latinoamericana, hoy en boca de todos por su detención en Bolivia acusado de haber intentado asesinar a quien fuera su pareja.
Su trayectoria vinculada a las campañas de Javier Milei y Jair Bolsonaro permite observar la dimensión regional de estas redes políticas y comunicacionales.
De $LIBRA a las “ciudades privadas”
Uno de los ejes de la conversación es el concepto de “ciudades privadas”, una idea que permite ampliar la discusión sobre el poder económico y político más allá de los Estados nacionales.
El proyecto de crear espacios con regímenes regulatorios diferenciados, asociados a capitales privados y nuevas formas de organización territorial, plantea interrogantes sobre quién define las reglas, quién controla los recursos y qué lugar queda reservado para las instituciones democráticas.
En la entrevista, Biscay relaciona estas experiencias con una transformación más amplia de las formas en que determinados sectores de la ultraderecha imaginan la relación entre Estado, mercado y sociedad.
Seguir el dinero
Desde la perspectiva de la criminalidad económica, una de las claves para comprender estos fenómenos es el recorrido del dinero. El propio CIPCE define su trabajo alrededor de la prevención y persecución de los delitos económicos, con especial atención a los mecanismos de recuperación de activos.
La organización sostiene que la corrupción y la delincuencia económica no pueden analizarse únicamente desde la responsabilidad individual, sino también desde las estructuras que permiten que esas operaciones sean posibles y que sus beneficios permanezcan ocultos o circulen entre distintas jurisdicciones.
Esa mirada resulta especialmente relevante frente a fenómenos financieros que combinan plataformas digitales, criptomonedas, empresas, operadores políticos y circuitos internacionales.
¿Qué intereses se encuentran detrás de esas redes? ¿Cómo circula el dinero? ¿Qué relación existe entre los operadores políticos y los negocios privados? ¿Y qué ocurre cuando las fronteras entre actividad empresarial, influencia política y poder institucional comienzan a desdibujarse?
Son algunas de las preguntas que atraviesan esta conversación con Pedro Biscay, en un momento en que la causa $LIBRA continúa sumando elementos a su investigación y el CIPCE reclama que la Justicia avance sobre las responsabilidades que correspondan.
El Banco Central, en el centro de la disputa
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto para reformar la Carta Orgánica del BCRA, una iniciativa que forma parte del programa de transformación del sistema monetario y financiero impulsado por el Ejecutivo. El proyecto fue anunciado por el Presidente el 30 de julio y comenzó a ser analizado por las comisiones de la Cámara de Diputados.
Frente a la propuesta oficial, Biscay plantea una alternativa que no parte de retirar al Estado de la regulación financiera, sino de fortalecer sus capacidades de supervisión y control. La discusión, desde esa perspectiva, no debería limitarse a la estabilidad monetaria: también debería contemplar la prevención de delitos económicos, el control de los flujos financieros y la protección del interés público.
