Publicado 16/09/2026
Redacción Canal Abierto | Tras un nuevo fracaso en la negociación salarial con el Ejecutivo, los gremios docentes y nodocentes ratificaron un plan de lucha. Denuncian el ahogo presupuestario, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y anunciaron una masiva movilización frente a Tribunales para el 15 de octubre.
El conflicto en las universidades nacionales profundiza su tensión. Tras una nueva reunión paritaria que volvió a terminar sin acuerdo, las conducciones sindicales y la comunidad académica endurecieron su postura frente al ajuste oficial. Ante la negativa del Gobierno de recomponer los salarios —limitándose a ratificar un incremento unilateral del 3% y desconociendo el retroceso adquisitivo acumulado—, se decretó un paro escalonado de 23 días en las universidades y se convocó formalmente a la Quinta Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre.
La medida de fuerza, impulsada por gremios y federaciones universitarias, se llevará a cabo mediante un esquema de cese de actividades rotativo por facultad y dependencia que se extenderá desde el lunes 21 de septiembre hasta el 22 de octubre.
«En democracia la ley se cumple»
Desde las organizaciones gremiales apuntaron con dureza contra la administración central por vulnerar los marcos institucionales y cercenar los ingresos del sector docente y científico.
«Ya no es un presupuesto de ajuste, sino de ahogamiento», denunció la titular de la CONADU Histórica, Francisca Staiti.
Por su parte, el Secretario General de ADUBA, Emiliano Cagnacci, remarcó que el reclamo no solo se sostiene en el ámbito paritario, sino también en el plano institucional: «En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta».
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un duro comunicado en el que advierte sobre la gravedad del escenario actual: «Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública y el sistema científico nacional».
Una brecha salarial que se profundiza
El eje central del conflicto radica en la intransigencia oficial en la mesa de negociación. Mientras el Ejecutivo sostiene que cumple con los incrementos pautados previamente y aplica una suba marginal, los sindicatos sostienen que la pérdida salarial acumulada frente a la inflación desde diciembre de 2023 trepa al menos al 35% (con un piso de atraso que los gremios calculan en torno al 23% actual para empatar el poder adquisitivo).
En paralelo al desfinanciamiento salarial, los rectores y la comunidad educativa advierten que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso asigna recursos exiguos para el funcionamiento de las casas de altos estudios, profundizando un panorama de ahogo operativo que pone en riesgo directo la continuidad de la educación superior pública, gratuita y de calidad.
Como parte de la antesala al plan de lucha nacional, los sectores gremiales resolvieron medidas de fuerza sectorizadas para los próximos días, consolidando el terreno de cara a la masiva movilización del 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales, donde la comunidad universitaria volverá a copar las calles en defensa de sus derechos laborales y del futuro de la ciencia y la educación en la Argentina.
