Un exdetenido pidió la expropiación del centro clandestino que funcionó en la Ford

Carlos Propato se presentó en la comisión de Tierras de la Cámara de Diputados bonaerense para reclamar que “El quincho” de la automotriz de General Pacheco sea convertido en un sitio de memoria. El proyecto ya fue presentado por el legislador Christian Castillo.
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Publicado 28/09/2026

Redacción Canal Abierto | El exdetenido de la última dictadura Carlos Propato participó días atrás de la reunión de la comisión de Tierras de la Cámara de Diputados bonaerense para defender el proyecto que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble “El Quincho”, ubicado dentro de la planta automotriz Ford de General Pacheco, que funcionó como un centro clandestino de detención. El proyecto podría comenzar a ser tratado en sesiones mañana mismo.

Propato detalló cómo fue su secuestro en 1976 cuando trabajaba como obrero en la planta de Ford y manifestó la necesidad de que el predio quede como un sitio de memoria para las próximas generaciones. El proyecto presentado por el diputado del Frente de Izquierda, Christian Castillo, fue aprobado por unanimidad en la comisión.

Según establece el proyecto de expropiación, “El Quincho” pasará a ser patrimonio de la provincia, otorgándole su uso a las víctimas de la última dictadura militar que fueron secuestrados allí y al conjunto de organizaciones de derechos humanos.

Al inicio de la reunión de la comisión de Tierras y Organización Territorial, cuerpo presidido por Noelia Saavedra (Fuerza Patria), Propato relató que el 13 de abril de 1976 fue detenido dentro de la planta de Ford de General Pacheco, del partido de Tigre. “Cerca de las 11 de la mañana se me vino una comisión de ocho soldados con un oficial a cargo, me pidió mi nombre, me entregó el capataz a cargo y me llevaron”, indicó.

“Me estaba esperando una camioneta blanca de Ford. Después la empresa negó que era de ellos, pero todo lo que había dentro de ella estaba provisto por Ford. En El Quincho, un lugar de recreación que los trabajadores mismos impulsamos, nos tuvieron detenidos por 12 horas, donde nos patearon y torturaron”, precisó Propato.

En 2018, la Justicia corroboró la participación de altos funcionarios de la empresa “Ford Motor Argentina” en las violaciones a los derechos humanos cometidas contra 24 personas, nueve de ellos trabajadores de la planta. El fallo contra Omar Riveros (General del Ejército, 15 años de prisión); Pedro Müller (a cargo de reemplazo del directorio de Ford, 10 años); y Héctor Sibilla (jefe de Seguridad en la fábrica, 12 años) constituyó un hito histórico, siendo la primera sentencia condenatoria de funcionarios de una firma multinacional en delitos de lesa humanidad. En 2021 las sentencias fueron ratificadas.

Luego de su detención en “El Quincho”, Propato detalló que fue trasladado a otros centros de detención: primero a la Comisaría Primera de Tigre, luego a Campo de Mayo y, ya como detenido legal, a la cárcel de Devoto. “Nos dejaban 10 días sin comer y nos daban golpizas día por medio. Ahí tuve la pérdida del 40% de la vista del ojo derecho y me fracturaron la columna”, contó.

“Sería muy importante que el inmueble “El Quincho” quede como un centro cultural, una biblioteca, algo que le quede a las próximas generaciones. Nosotros estamos al final del camino, pero dejar esto para los que vienen es muy importante. Ese es mi deseo, no sé si será mucho o será poco”, concluyó el exdetenido.

Propatto

En diálogo con el portal Diputados Bonaerenses, Castillo remarcó que el proyecto fue impulsado en primer término en 2015 y que, pese a conseguir media sanción, no tuvo tratamiento por el Senado. Con el antecedente de las condenas judiciales, el legislador del Frente de Izquierda manifestó la intención de que la iniciativa pueda tratarse sobre tablas en la próxima sesión de la Cámara baja.

“Es una deuda que tiene la provincia con los trabajadores detenidos de la Ford”, enfatizó Castillo, sobre el texto que podría ingresar en el temario de la próxima sesión de la Cámara de Diputados, pautada para el próximo martes 29 de septiembre.

El proyecto de Castillo para expropiar el inmueble “El Quincho”

Civiles y empresarios

El juicio a Emilio Parodi, gerente de Molinos Río de la Plata, que comenzó el 10 de septiembre, es el primero de tres que hay programados para lo que queda del año con civiles acusados: El 22 de octubre comenzará el debate contra Juan Tasselkraut, exgerente de Mercedes-Benz; el 11 de noviembre será juzgado el exjuez federal Néstor Montezanti por su presunta participación en 24 homicidios cometidos entre 1974 y 1975 como integrante de la Triple A.

Son pocos los casos de empresarios enjuiciados.

Marcos Levin, dueño de La Veloz del Norte de Salta fallecido en 2024, fue condenado en 2016 y en 2023.  

Carlos Blaquier, de Ingenio Ledesma, murió acusado. Sólo queda imputado el ex administrador Alberto Lemos, gerente del gigante azucarero de Jujuy.

Se espera que este año comience el juicio contra Juan Ronaldo Tasselkraut, exgerente de producción de Mercedes Benz.

Adolfo Navajas Artaza, dueño de Las Marías, murió en 2022.

En el caso del Ingenio La Fronterita, donde funcionó un centro clandestino de detención, el proceso sigue demorado por evaluaciones de salud de los imputados. Se suspendió horas antes de comenzar. Los imputados son dos directivos de la firma, Jorge Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Buttori.

En 2018 fue la sentencia histórica en la causa Ford en la que fueron condenados dos gerentes de la multinacional, Pedro Müller y Héctor Sibilla, a 10 y 12 años de prisión por crímenes contra 24 trabajadores de la planta de Pacheco.

Vicente Massot, exdirector del diario La Nueva Provincia, fue imputado como presunto coautor del secuestro y asesinato en 1976 de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, además de integrar una asociación ilícita con las fuerzas represivas durante la dictadura. En 2023, el Juzgado Federal de Bahía Blanca dictó su sobreseimiento al considerar que no había pruebas suficientes para sostener su responsabilidad penal en esos hechos. La decisión fue apelada por la fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos.

Con información de Diputados Bs As