Redacción Canal Abierto | El incendio de ayer en Pergamino es, hasta la fecha, la mayor tragedia en la historia de las comisarías bonaerenses. Los siete jóvenes muertos fueron el saldo de una situación confusa que la versión policial explica como una gresca entre detenidos por el ingreso de dos acusados de abuso sexual, y los mensajes de los reclusos a sus familiares relatan como el final anunciado de la golpiza policial que estaban recibiendo.

Para la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), se trata de una tragedia anunciada. “El sobrencarcelamiento y hacinamiento” de los presos en la Provincia de Buenos Aires es la principal causa de las muertes; y el responsable excluyente, el gobierno encabezado por María Eugenia Vidal.

“Las únicas causas de este lamentable hecho son el sobrencarcelamiento y el hacinamiento en el que se encuentran los lugares de encierro en la Provincia, producto de una política criminal largamente denunciada desde la CPM”, sostiene el comunicado. Y afirma que “el colapso del sistema penal que vulnera sistemáticamente los derechos de las personas es evidente”, y alerta sobre que “no es posible hablar de motín intentando de este modo responsabilizar a quienes clara y evidentemente son víctimas”.

Asimismo, “exige a la autoridades provinciales asumir su responsabilidad, ordenar una investigación profunda de los hechos y clausurar, de forma inmediata, todos los calabozos de las comisarías de la Provincia. Estas muertes son muertes anunciadas. No son las primeras y se repetirán si no se adoptan medidas urgentes”.

Los precedentes de este incendio avalan la postura de la CPM. En enero de 2000, tres detenidos murieron en una comisaría platense. Al año siguiente, otros tres fallecieron en una seccional de Hudson, Berazategui; en 2004, la tragedia se cobró la vida de cuatro adolescentes en una comisaría de Quilmes; y cinco años después otros cuatro murieron en los calabozos de una comisaría de Lomas del Mirador. En todos los casos, las muertes sucedieron a causa de incendios y los reclusos superaban la capacidad del lugar.

En el caso de Pergamino, había 19 presos en calabozos que, según afirman los abogados de las víctimas, estaban superpoblados.

A principios de 2015, el organismo presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “por el estado de hacinamiento y superpoblación y la práctica sistemática de la tortura en las comisarías bonaerenses” que, meses más tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia avaló en un informe.

Según las cifras presentadas en el X Informe Anual de la CPM, El sistema de la crueldad, durante 2015 la superpoblación en comisarías alcanzó, en algunos casos, un 500%. En toda la provincia, hay 1.060 camastros para más de 3 mil detenidos.

Las medidas a tomar que la Comisión reclama como urgentes consisten en  democratizar las fuerzas de seguridad, implementar la policía judicial para evitar arbitrariedades, propiciar una verdadera autonomía de la defensa pública para que pueda intervenir en igualdad de condiciones con las fiscalías y crear un mecanismo provincial de prevención de la tortura, a fin de controlar externamente a las fuerzas de seguridad. También afirma “que deben modificarse las leyes penales regresivas que constituyen herramientas para esta inflación del sistema penal. También los jueces, con el uso indiscriminado de la prisión preventiva, contribuyen a este cuadro grave de violencia institucional”.

A pocos días de asumir, el gobierno de Vidal declaró la emergencia penitenciaria. Algo similar había hecho el gobierno de Daniel Scioli un año antes y también los gobiernos que lo precedieron. Hasta la fecha, nada cambió.