Redacción Canal Abierto | El Juzgado Contencioso Administrativo 4 de La Plata, a cargo de María Ventura Martínez, intimó al gobierno de la provincia de Buenos Aires a reintegrar los descuentos salariales efectuados a docentes por el ejercicio del derecho a huelga durante agosto pasado.

La resolución, que fue adoptada la semana pasada y difundida ayer, pone en apriete a la gobernadora Vidal entre la sujeción a la legalidad y el empleo de la prepotencia para extorsionar a los trabajadores docentes.

Ya en noviembre pasado, la jueza Ventura Martínez había ordenado al Ejecutivo bonaerense devolver el dinero confiscado a los docentes que realizaron paro el 1 y 2 de agosto. Ahora, además, le ordena hacerlo en el término de cinco días y dispone de una multa de mil pesos cada 24 horas de demora.

Ayer también, el juez en lo contencioso administrativo de La Plata Luis Arias dictó una medida cautelar que exige a la gobernación abstenerse de dictar la conciliación obligatoria en la negociación docente y que no ejerza ningún acto que afecte el derecho a huelga.

La medida adoptada por el ministerio de Trabajo bonaerense el viernes pasado fue criticada por los sindicatos docentes, ya que la convocatoria al paro de 48 horas que culmina hoy, había sido convocado por las organizaciones gremiales nacionales.

Arias agregó además que de no haber acuerdo entre las partes, deberá ser un órgano imparcial quien lo resuelva, tal como estipula el artículo 39 de la Constitución provincial.

“El derecho a huelga, constitucionalmente reconocido, constituye una de las herramientas centrales de protección de los intereses económicos y profesionales del trabajador, según los artículos 14º bis de la Constitución Nacional y el 39º inciso 2 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires”, explicitó el magistrado.

No es la primera vez que la Justicia dicta jurisprudencia en este sentido. En noviembre pasado, un juez porteño dio lugar a la cautelar presentada por la Unión de Trabajadores de la Educación, para que el gobierno no descuente el presentimo –incorporado al salario como derecho adquirido- por el ejercicio de medidas de fuerza.

En agosto de 2016, el Fiscal General de la provincia de Buenos Aires, Hernán Gómez, ratificó la vigencia de dos medidas cautelares presentadas por la Asociación Trabajadores del Estado ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata.

“La Justicia está planteando la ilegalidad de descontar los días de paro del año pasado y como su opinión es vinculante deberán actuar bajo los marcos de la ley”, se expidió.