Redacción Canal Abierto | El 27 del agitado enero pasado, el gobierno de Mauricio Macri modificó, por decreto, la Ley Nacional de Migraciones. El DNU 70/2017 permite las deportaciones de indocumentados que hayan cometido delitos. Con esta medida desató múltiples críticas, generó malestar en los gobiernos de Bolivia y Paraguay, y la aprobación de los sectores más reaccionarios del escenario político local. Al bando de los que cuestionan la medida se acaba de sumar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que manifestó públicamente su preocupación a través de la palabra de la comisionada Margarette Macaulay.

“La adopción del Decreto de Necesidad y Urgencia incorpora disposiciones regresivas de los derechos de los migrantes. La verdadera preocupación de la Comisión es que la Argentina fue un gran ejemplo sobre cómo tratar a los migrantes. Y ahora nos preocupa que haya retrocedido”, señaló Macaulay en conferencia de prensa.

Las funcionaria del organismo internacional realizó estas declaraciones luego de que la CIDH le pidiera explicaciones sobre el decreto al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y al director de Migraciones, Horacio García, este lunes en Washington. El ministro afirmó que el decreto no es persecutorio ni racista. Recordó que la Argentina es “un país de puertas abiertas” y que “el inmigrante que llega y respeta las normas, lejos de ser un problema, nos fortalece”, pero insistió en que “la nacionalidad de quien delinque no es parte del debate”. “Controlar el ingreso y residencia de los inmigrantes es también parte de los derechos humanos”, afirmó. García, por su parte, recordó que Macri había radicado a “un cuarto de millón de personas” y que “la Argentina no copia modelos, tiene un modelo propio, y la vamos hacer respetar entre todos”.

Sus explicaciones no conformaron. Por eso Enrique Gil Botero, comisionado a cargo de la relatoría sobre derechos de los migrantes de la CIDH, solicitó una segunda audiencia de oficio con los representantes del gobierno argentino sólo para ahondar sobre el decreto.

Macaulay afirmó también que al organismo internacional le “preocupan las declaraciones de altas autoridades que relacionan la migración con la criminalidad”. A su entender, el decreto no garantiza los derechos de los inmigrantes que se afincan en la Argentina y agrava la legislación previa, que ya estipulaba mecanismos de expulsión del territorio nacional.

La CIDH fue un actor importante en la elaboración de la Ley de Migraciones que el decreto presidencial modificó, y que colocó a la Argentina a la vanguardia de la política migratoria regional, alineada al respeto de los derechos humanos.

 

Cuestionados

La delegación oficial que viajó a Washington debió participar de tres audiencias, en las que se cuestionó al gobierno de Cambiemos por el decreto migratorio y también por las denuncias por represión de protestas y sindicalización en Jujuy. De ellas participaron también representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref) y el Instituto Argentino para la igualdad, Diversidad e Integración (Iarpidi).

Los organismos pidieron a la CIDH que abogara por la derogación del decreto. Diego Morales, del CELS, dijo que la iniciativa del Gobierno transformó la ley de migraciones “en una ley restrictiva de los derechos humanos” y que el DNU “establece un procedimiento sumarísimo de expulsión que vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia”. Por su parte, Gabriela Lisvori, de la Caref, sostuvo que la medida  “viola el derecho a la unidad familiar al eliminarlo como criterio para evitar expulsiones y detenciones”. Nesumbi Sukama, del Iarpidi, afirmó que, al vincular la inmigración con el crimen, “el DNU viene a reactivar el racismo institucional”.

Al comienzo de la audiencia, el titular de la CIDH, Francisco Eguiguren, había advertido sobre la relación entre migración, delito, xenofobia y estigmatización que la modificación promueve. Luego, puntualizó en que la preocupación central del organismo es cómo se implementará, justo en momentos en que crece la xenofobia en el mundo, y si se cumplirá el respeto al derecho al debido proceso. Los funcionarios locales evitaron responder con precisión.

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