Redacción Canal Abierto | El gremio estatal Unión Personal Civil de la Nación, encabezado por el siempre oficialista Andrés Rodríguez, acordó con los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Modernización, Andrés Ibarra, un aumento para 2017 del 20% en tres tramos. El incremento se percibirá en un 5% a partir de junio; otro 5% en julio y el 10% restante en agosto.
Rodríguez además entregó dos reivindicaciones fundamentales por las que el conjunto de los trabajadores viene resistiendo desde el año pasado, y que el macrismo se esfuerza en imponer en todas las ramas del sector público y privado: los premios por presentismo y productividad.
El primer “estímulo”, como lo denomina el Ejecutivo, sólo será percibido por quienes tengan asistencia perfecta y no contempla faltas por enfermedad, cuidado de familiares y ausencias por participar en medidas gremiales, derecho garantizado en la Constitución Nacional.
La “productividad” dependerá de objetivos alcanzados por los trabajadores, fijados en todos los casos por el empleador y sin necesidad de acuerdo previo. Los sindicatos combativos reclaman que muchas de esas metas logradas sean motivo de ascensos o aumentos salariales reales, y no adicionales por fuera del sueldo básico.
El acuerdo incluye la “cláusula gatillo”, que permitiría volver a discutir un incremento si la inflación que fija el INDEC supera ese 20% acordado.
El anuncio oficial se realizará el jueves a las 17 horas en la sede del ministerio de Modernización.
El ministro de Trabajo festejó el arreglo y explicó que «ya se acordó casi el 40% (de las paritarias) con un promedio del 20% de aumento, con la cláusula de revisión”, y las que faltan cerrar «seguirán en ese promedio de aumentos”.
ATE en disconformidad
La Asociación Trabajadores del Estado, que no fue convocada a la reunión paritaria, continúa reclamando un piso de incremento salarial de 38%, que permita recuperar el 13% perdido el año pasado y evitar la caída de ingresos ante el 25% de inflación estimado para este año.
Su secretario general, Hugo “Cachorro” Godoy, cuestionó además los adicionales: “Todo lo que sea presentismo y productividad son mecanismos de arbitrariedad del patrón para aumentar la explotación laboral y reducir la capacidad de derechos que tiene el trabajador. Por ello hay que encontrar otros mecanismo de incentivo y promoción laboral y que se deberán discutir en el marco de la paritaria».
ATE convocó a una jornada nacional de lucha para el próximo miércoles 24 de mayo.
Otros casos
La paritaria firmada por UPCN se ubica entre las más bajas acordadas hasta el momento. En diciembre pasado, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal cerró con varios sindicatos amigos un 18% de aumento, a pagar en tres tramos durante 15 meses.
Allí también la flexibilización salarial fue garantizada por UPCN, acompañada por los gremios Salud Pública, Soeme (Obreros y Empleados de Minoridad y Educación) y Pilotos; y rechazada por Aemopba (Obras Públicas), Alera (Trabajadores de Juego de Azar), CICOP (profesionales de la salud) y ATE, el gremio mayoritario de trabajadores de la administración pública en la provincia de Buenos Aires.
A mediados de abril de este año, la Uocra, de Gerardo Martínez, y Obras y Servicios Sanitarios, con José Luis Lingeri a la cabeza, sellaron aumentos cercanos al 21% en tres tramos, con cláusula gatillo.
Por su parte, Ricardo Pignanelli de SMATA acordó a principios de mayo con los empresarios del sector automotor un aumento del 25,6 % hasta 2018, en cuatro cuotas. Si bien el incremento para los mecánicos y trabajadores de fábricas automotrices se eleva algunos puntos sobre el promedio general, la “mejora salarial” se da en un contexto signado por suspensiones, adelanto de vacaciones, recorte de horas extras y retiros voluntarios en plantas de producción como Fiat, Volkswagen, Renault e Iveco.
El caso de los bancarios es representativo del objetivo gubernamental. El gremio que conduce Sergio Palazzo había acordado con los banqueros un 24% de aumento para el primer semestre, que con otros adicionales llegaría en la mayoría de los casos a 35% de aumento total. El gobierno, disconforme con el acuerdo alcanzado entre trabajadores y empresarios, se negó a homologar el arreglo, y La Asociación Bancaria tuvo que recurrir a la Justicia. Finalmente la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar al recurso cautelar, obligó a los bancos a reconocer el aumento e intimó al gobierno a no interferir. El acuerdo se puso en práctica, pero el ministro Triaca impulsó el juicio político a los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino que avalaron la paritaria .
Lo que falta
Según se fue conociendo en las últimas semanas, los gremios tradicionales de la CGT que aún no sellaron acuerdos para 2017 reclamarán aumentos por encima de la pauta inflacionaria prevista, más allá de las predicciones oficiales.
-La UOM de Antonio Caló ya definió un plan de protestas a partir del 23 de este mes. Piden un 25% de aumento
-Pablo Moyano, de Camioneros, anticipó que reclamarán entre el 30 y el 34 por ciento
-Héctor Morcillo, de Alimentación, exige un 30% y ya comenzó con paros en distintas fábricas
-Roberto Fernández, secretario general de UTA, y los Metrodelegados del subte también buscan aumentos del 30%