Redacción Canal Abierto | El miércoles pasado, la Asociación Trabajadores del Estado y la CTA Autónoma de Río Negro se manifestaron frente a la legislatura provincial, para repudiar la aprobación de un plan de endeudamiento por 580 millones de dólares.

Al día siguiente, el gobernador Alberto Weretilneck instruyó al fiscal Juan Pedro Puntel a imputar por coacción agravada a cuatro dirigentes sindicales, entre ellos el secretario general y adjunto de ATE, Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti.

Matías Cremonte, quien además es titular del Departamento Jurídico de ATE, denuncia que esa figura penal, instaurada en tiempos de Onganía, tiene por objetivo encauzar y condenar la lucha social en la Argentina.

Asimismo, el abogado advierte que la escalada represiva se manifiesta en otras provincias, como en Mendoza, Salta, Jujuy y Santa Cruz, avalada por discursos que braman desde el Poder Ejecutivo legitimando este tipo de procedimientos.

Por ello, ATE denunciará el accionar judicial y político en la OIT y otros ámbitos internacionales. El pedido de libertad para Aguiar y Capretti cuenta ya con numerosas adhesiones de organizaciones y partidos políticos de la Argentina y Latinoamérica.

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