Redacción Canal Abierto | Luego de la expresión unitaria de todas las centrales sindicales en la masiva movilización que ayer recorrió las calles de Córdoba, los trabajadores de la UTA levantaron el paro tras lograr que las patronales dieran marcha atrás con los 80 despidos y el descuento por el ejercicio de huelga, además de abrir un canal de diálogo para negociar su salario. A ese acuerdo llegaron los trabajadores y la patronal en el Ministerio de Trabajo, pero el intendente Mestre no lo avaló.

Queda en evidencia que el conflicto no es una interna gremial como intenta disimular el jefe comunal, reproducen los medios comerciales y minimiza la conducción nacional de la UTA. Lo que está en juego en la pelea de choferes de todas las líneas de la ciudad de Córdoba es la defensa del convenio colectivo provincial, alcanzado por el combativo Atilio López en la década del ’70.

Desde el mediodía de ayer, miles de trabajadores se movilizaron por la capital hasta la sede la Unión Tranviarios Automotor, en disconformidad con el aumento paritario que el sindicato a nivel nacional selló con las cámaras patronales. Un 21% en tres cuotas que representará en diciembre un escuálido incremento del 8%, frente a un piso inflacionario del 25%.

El de hoy será el noveno día de paro en una lucha abrazada por todas las centrales sindicales, el movimiento estudiantil y de derechos humanos. La seccional UTA de Córdoba -la segunda más importante del país con 3800 choferes- se encuentra intervenida desde hace más de un año por una conducción nacional mansa con los patrones y violenta con los trabajadores opositores que reclaman, además, que el municipio haga cumplir los pliegos de licitación que establecen cantidad de unidades y frecuencias.

En respuesta, el intendente radical Ramón Mestre lanzó primero telegramas intimidatorios y el viernes pasado una batería de 80 despidos, recibió el apoyo del gobernador justicialista Juan Schiaretti y remedó el Plan CONINTES de Arturo Frondizi, al militarizar con gendarmes y policías federales 150 unidades de rompehuelgas que salieron desde la Escuela de Aviación. El ministerio de Trabajo provincial, cuya titularidad ejerce un histórico abogado del SMATA local, decretó en tanto la conciliación obligatoria y después la ilegalidad de la protesta con la intención de desinflar el conflicto.

Marcelo Marin, delegado de la UTA en la empresa cordobesa Aucor, expresó a Canal Abierto que el sindicato “no va a dejar a ningún trabajador en la calle”. El dirigente añadió que “el gobierno arroja más leña al fuego, al amenazar con echar a trabajadoras madres y embarazadas”.   

Como señaló en la agencia de noticas ACTA el secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma, Juan Carlos Giuliani, “Ramón Mestre mantiene estrechos e impúdicos vínculos con la firma dominante en el mercado del transporte cordobés, la Empresa Romero S.A. (ERSA) de Corrientes. Lazos que iniciara su padre, el ex gobernador de Córdoba y ministro del Interior de la Alianza”.

“La ley indica que las empresas deben garantizar el servicio de transporte y, de no ser así, ser multadas. Pero esto no ocurre. Mestre no exige ni castiga a las patronales para que hagan todo lo que tengan que hacer para que circulen las unidades”, explica a Canal Abierto Luis Bárcena, secretario adjunto de la CTA Autónoma de Córdoba.   

El polígono que encierra al poder político y empresario incluye también a la red de medios de comunicación encabezados por las terminales del grupo Clarín y la radio Cadena 3 –ligada al arzobispado local–, que demoniza a los trabajadores y victimiza a “la gente a pie” librando de culpa a los verdaderos responsables.

No podría entenderse el conflicto sin dos datos claves: uno tiene que ver con la estrategia del gobierno nacional y los gobernadores de flexibilizar las condiciones de empleo retrotrayendo los derechos ganados en los convenios colectivos de trabajo. Ya lo hicieron con petroleros, metalúrgicos, constructores y textiles.

Y el otro elemento a tener en cuenta es el convenio colectivo (CC) de avanzada que tiene la UTA en Córdoba respecto del piso que establece el CC nacional. El provincial mejora en el cálculo el salario básico del trabajador, a la vez que reduce en una hora su jornada laboral y lo beneficia con un 2% en el ítem de antigüedad, contra el 1,5% del CC vigente en el país.

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