Redacción Canal Abierto | El presidente Macri anunció en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno un nuevo acuerdo federal de inversiones mineras que consolida el de 1993 en sus aspectos generales y lo empeorara en otros. Este pacto fue suscripto por 20 provincias bajo la atenta mirada del ministro Juan Aranguren, aunque para que se implemente deberá ser aprobado o rechazado sin debate en el Congreso y luego, de prosperar, en cada una de las legislaturas provinciales.

De acuerdo a la información que deslizaron funcionarios del Gobierno, el texto establece que las provincias no podrán cobrar regalías por encima del 3% de los ingresos brutos devengados por cada emprendimiento y derivados de la comercialización de sustancias minerales. En este sentido hay un avance: el viejo acuerdo sólo establecía un tope del 3% del valor boca mina, sin costos operativos extras, equivalente al 2,5% del valor de venta.

En este esquema Juan Urtubey operó como ninguno otro gobernador a favor de las empresas mineras. El salteño logró desterrar del primer borrador el establecimiento de un porcentaje fijo del 3% de regalías, consiguió la eliminación de un apartado que gravaba el valor de venta de las empresas en un 1% para el desarrollo de comunidades locales y detonó la exigencia de que todos los proyectos mineros vigentes se rijan bajo el nuevo acuerdo. La explicación puede encontrarse en Taca Taca, el proyecto de cobre que tiene una inversión de US$ 4000 millones en el norte argentino.

Lo que sí establece el nuevo acuerdo es un impuesto del 1,5% sobre el valor de venta para la constitución de un fondo fiduciario público de infraestructura. “Una coima institucionalizada”, la define a Canal Abierto Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. “Un efecto derrame para convencer principalmente a las poblaciones de las siete provincias donde la actividad está prohibida”.

Otro aspecto que pone en tela de juicio el especialista es el ítem que preserva el medioambiente en el desarrollo de la actividad minera. “¿Qué quiere decir esto”, se pregunta Viale. “Para nosotros es un eufemismo para avanzar en la explotación de glaciares, prohibida por la ley que los resguarda, del modo en que ellos denominan sustentable”.

El nuevo acuerdo es denominado en la jerga corporativa como modelo de San Juan, que el ex gobernador Luis Gioja y el actual, Sergio Uñac, implementaron con las empresas Veladero, Gualcamayo y Casposo. La cuyana es además la única provincia con potencial minero que limita la creación de empresas públicas. Este fue un pedido de las transnacionales, y el poder político les dio el gusto.

Varias son las organizaciones ambientales que se pronunciaron en contra del acuerdo y el modelo de producción extractiva, como fase superior del neoliberalismo. En algunas provincias la presión es tal, que sus gobernadores desistieron suscribir el acuerdo. Es el caso de Chubut, donde Esquel fue una de las primeras localidades que se puso de pie. O La Rioja, cuya asamblea de Famatina ha librado una ejemplar pelea contra el modelo de extracción.