Redacción Canal Abierto | La ley, conocida como “de ejecución penal”, tomó impulso luego del caso de femicidio de Micaela García en manos de un violador que había sido liberado tiempo antes.  Se trata de un proyecto del diputado mendocino de la UCR Luis Petri, que elimina las salidas anticipadas para los condenados por homicidios agravados, delitos contra la integridad sexual, trata de personas, narcotráfico, financiamiento del terrorismo, contrabando agravado, secuestro extorsivo seguido de muerte, tortura seguida de muerte y para los reincidentes.

Durante la votación, hubo sólo siete abstenciones y ocho votos en contra. Entre esos ocho se encuentra Alcira Argumedo, diputada por Proyecto Sur y candidata a renovar su banca por Convocatoria Abierta por Buenos Aires, quien basó su negativa en las objeciones al proyecto que presentaron el Comité contra la tortura de Naciones Unidas, el Movimiento Ni una menos, la Comisión Provincial por la Memoria (CMP) y el CELS, entre otros organismos de derechos humanos.

“Lo que sucede con estas leyes del macrismo es que te dan el caramelo y después le ponen veneno”, explicó Argumedo en diálogo con Canal Abierto.

“Dentro de esta ley, con la que puedo estar de acuerdo en un 80%, hay un 20% que era una trampa infernal. En ella se insertan dos cosas: la Ley Antiterrorista, que se presta a la posibilidad de reprimir la protesta social y de pronto dejar a militantes sociales sin excarcelación por mucho tiempo. Y en los delitos por drogas queda casi en el mismo nivel la tenencia que el tráfico. Entonces, quien tiene cuatro plantas de marihuana en su casa, incluso alguna madre que planta para producir aceite de cannabis medicinal para un hijo, corren el mismo riesgo de no ser excarcelados que Pablo Escobar”, agregó la legisladora.

Para Claudia Cesaroni, abogada del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), la situación es todavía más grave, ya que se trata de “demagogia punitiva” que viene a continuar con las leyes impulsadas en 2004 por Juan Carlos Blumberg.

“Se trata otra vez de lo mismo. Endurecimiento de penas en base a un hecho trágico y horrible como es el asesinato de un joven. Y es importante tener en cuenta que cuando nosotros decimos estas cosas no estamos diciendo que estos delitos no son graves, estamos diciendo que este tipo de medidas no los resuelven ni los evitan. Sólo actúan desde los sentimientos más bajos del ser humano, las reacciones primarias. Este proyecto es de Petri, que ya logró que se aprobara en su provincia, y no resolvió ningún problema de violencia interpersonal. Que, además, se agravan y aumentan en momentos de mayor inequidad social”.

Por otra parte, Cesaroni destaca que dentro de los delitos a los que no se les permitirán salidas transitorias quedaron algunos contra la propiedad privada, como “robos que se produjeron sin lastimar a nadie. Estos delitos que tienen cierta gravedad, las personas que los cometan, no importa lo que hagan, ni cuánto modifiquen su conducta, cuánto decidan hacer una nueva vida, tendrán que cumplir su condena en su totalidad. Y esto no sólo viola principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico sino también de la Constitución Nacional que está formada por los tratados internacionales de derechos humanos y cuyo principio básico es que toda persona tiene derecho a reinsertarse en la sociedad”.

Esta ley, además, agravaría la situación en los penales que están abarrotados. Según números de la CPM, la población carcelaria en estos últimos años llegó a su pico máximo de 75 mil personas privadas de su libertad sin contar a quienes se encuentran detenidos en las comisarias, en situaciones de hacinamiento y precariedad. De ellos, el 60% no tiene condena.

Animarse a estar en contra

Si bien las organizaciones de derechos humanos se pronunciaron casi en su totalidad en rechazo al proyecto, éste fue aprobado con 170 votos a favor. Argumedo destaca que la diputada Araceli Ferreyra, representante del Movimiento Evita y compañera de Micaela García, se opuso al proyecto al igual que los padres de la chica asesinada. “El llamado de atención sobre esta ley fue de Adolfo Pérez Esquivel, que no puede ser acusado de ser una persona pro-delito. Pareciera que si uno no está a favor de esta ley, es un desgraciado porque avala la excarcelación de los violadores, pero son leyes tramposas. Son las trampas que sistemáticamente pone el macrismo en sus leyes”.

La explicación que esgrime Cesaroni en relación a esta aprobación masiva por parte del Congreso radica en la imposibilidad de enfrentar a la opinión pública: “Creo que son temas en los que a nuestra clase política le cuesta mucho defender posiciones que se opongan al uso demagógico, punitivo, perverso que hacen determinados sectores. Aún a sabiendas de que este proyecto no sirve. Plantarse frente a esa demanda de un sector de la sociedad, discutirla, desarmarla, deconstruir determinados argumentos, es muy difícil”.

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