Redacción Canal Abierto | En una fallo históricamente reclamado por las asambleas ciudadanas del norte del país, la Cámara Federal de Tucumán suspendió las actividades en la mina de oro y cobre “Bajo la Alumbrera”, a raíz de una denuncia por contaminación.

También ordenó detener el yacimiento anexo “Bajo el Durazno”, ambos ubicados en la localidad de Andalgalá, en la provincia de Catamarca. La medida regirá hasta que la empresa acredite la contratación de un seguro para hacer frente a la reparación del daño ambiental ocasionado, y hasta que permita realizar una pericia en el “dique de cola” (presa para retener efluentes de las plantas de tratamiento) que determine si esos tanques de líquidos residuales son lo suficientemente seguros para evitar filtraciones.

Eduardo Medina es abogado penalista y militante ambiental de la agrupación “Pacto Verde”, y explica a Canal Abierto que la sensación por la sentencia es ambigua: “Un poco de tristeza, porque terminan dándonos la razón sobre un daño que ya ha ocurrido. La contaminación del acuífero y de la zona circundante al dique de cola ya es una realidad. La pericia que manda a hacer hoy la Cámara Federal ya está desfasada, porque hay muchas evidencias concretas en la zona de que el ambiente ha cambiado sustancialmente. Y alegría porque finalmente la actividad minera se va a tener que paralizar en tanto y en cuanto se logre efectivizar la pericia que se debe hacer in situ y que la minera Alumbrera acredite que pagó el seguro ambiental que exige la Ley General de Ambiente en su artículo 22”.

El fallo ordena que la minera no podrá volver a operar hasta que se “realicen los informes solicitados (…) y hasta que las demandadas acrediten fehacientemente haber cumplido con la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del posible daño”.

La decisión fue tomada por el tribunal integrado por la jueza Marina Cossio de Mercau y los jueces Daniel Bejas y Guillermo Molinari, quienes además ordenaron que la causa vuelva al Juzgado Federal catamarqueño.

Medina explica que el hecho de haber impedido sistemáticamente las pericias y de no haber acreditado la existencia del seguro es una demostración clara de las irregularidades existentes: “Nosotros sabemos por los años de militancia y la información que maneja la asamblea, que el lugar donde está emplazado el dique de cola es un suelo muy permeable, y por lo tanto el resultado de esa pericia es previsible. Es muy importante porque tenemos fe en que la pericia les va a resultar adversa, y a partir de eso hay que empezar a deslindar una serie de responsabilidades por causas penales en jugados federales de Tucumán, Rosario y Buenos Aires, donde se trata de determinar si la empresa ha evadido, si ha mentido en declaraciones juradas, si el material que declaraba es el que realmente se llevaba”.

Una de las causas por contaminación contra la minera fue iniciada en 2010 por Felipa Cruz, propietaria de terrenos linderos a los yacimientos, por líquidos con metales pesados vertidos en el suelo. Juana Rosalinda Flores, otra vecina, también se presentó como denunciante. Ambas abandonaron la zona porque con el inicio de la producción se empezaron a morir los animales y tuvieron que dejar de consumir el agua del lugar. Las dos han vertebrado acciones de amparo para tratar de parar al yacimiento. Las denunciantes y el fiscal apelaron la primera decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 23 de febrero de 2016 ordenó que el máximo tribunal federal local dicte una nueva sentencia.

Por último, el abogado Medina recuerda  a este medio que “muchas veces desde la fiscalía pedíamos información para verificar si tienen ese seguro, pero nunca pudimos comprobar si lo tenían pago, porque necesitan una empresa con una espalda financiera muy importante. La justicia es muy lenta: esta resolución de la Cámara se tomó un año y dos meses después de la decisión de la Corte Suprema”.

Los dueños de minera Bajo la Alumbrera

Glencore posee el 50% del yacimiento, la canadiense Goldcorp tiene un 37,5% y Yamana Gold el 12,5 % restante. La mina, que inició sus operaciones en 1997, está preparando su cierre, programado para 2018, y ahora deberá estar inactiva hasta tanto presenten la documentación que demuestre acciones de reparación ambiental.  El fallo también ordena frenar la actividad en el yacimiento de “Bajo el Durazno”, una ampliación de la mina Alumbrera para continuar luego del cierre anunciado para el año que viene.

El reciente fallo incide en la continuidad de la producción, a pesar del cierre programado del yacimiento original, ya que “Bajo el Durazno” utiliza la misma logística, el mismo dique de cola, los mismos mecanismos de extracción, y las asambleas aseguran que la multinacional intentará también utilizar el mismo viaducto de 235 kilómetros, que va desde el molino hasta la planta de secado en el noroeste de Tucumán, donde existe otra causa por contaminación iniciada en 1999 que tiene al responsable esa planta procesado. Se trata de un hecho de importancia, ya que no hay antecedentes en Argentina de que se haya enjuiciado a un responsable de una minera trasnacional.

Los derechos de exploración y explotación pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, una sociedad integrada por la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado nacional.

Nuestros temas