Por Rosario Hasperué | La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, junto a su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, presentaron la aplicación “Provincia Seguridad” con el objetivo de que los vecinos puedan denunciar delitos “a través de sus celulares o computadoras sin necesidad de trasladarse a una comisaría”, anunciaron.

En declaraciones a la prensa, señalaron que de esta forma se colaboraría en la conformación de un “mapa real del delito” para implementar medidas que ayuden a “hacer una provincia más segura”.  Así dicho, suena al mapa del delito de De Narváez, pero también a una app que lanzó en junio Sergio Massa llamada “Alerta Buenos Aires”.

En un año electoral, las medidas de “seguridad” son anuncios obligados en la agenda política hegemónica.  Ya desde el 1ro de enero cuando el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, anunció la intención de llevar adelante una ley de Responsabilidad Penal Juvenil con una baja de la edad de punibilidad para delitos graves a 14 años, que pese a un rechazo generalizado por los expertos en la temática, volvió a reflotar a poco de los comicios de agosto.

Pero más allá de anuncios respecto a un tema tan sensible para la ciudadanía, existe un avance de medidas que van en línea con un determinismo tecnológico que gana adeptos en el gobierno actual, al tiempo que también se avanza en medidas de flexibilización laboral y un ajuste que se siente fuerte con inflación, despidos y recortes presupuestarios en áreas críticas del Estado como viene denunciando sindicatos como ATE en Salud, Educación o Niñez, por ejemplo.

El avance tecnológico, pregonado en cumbres internacionales y por el propio presidente Mauricio Macri,  llega como garantía de transparencia y desarrollo,  como otras promesas en distintas etapas de la historia reciente que fracasaron en llevar a nuestros países al tan mentado desarrollo, y que por el contrario profundizaron muchas veces una dependencia económica, aumento de desigualdad social y un núcleo estructural  de millones de personas condenadas a la pobreza por varias generaciones.

Desde hace varios años, investigadores del campo de la comunicación vienen advirtiendo que el  mapa de consumo, producción y expansión de las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) es fundamental en la elaboración de los diagnósticos que nos permitan pensar hacia dónde va todo proceso de transformación y qué actores se mueven detrás de sus intereses.

El uso de redes sociales y la ampliación de herramientas tecnológicas se convirtieron en características del actual gobierno que se sostienen en una tesis del principal asesor de Macri, Jaime Durán Barba, cuya última publicación da todo el poder al celular y a las tendencias de consumo de las audiencias en un análisis particular de la política en el siglo XXI. En efecto, ese juego que nos da la posibilidad de producir tendencias a través de las redes, al mismo tiempo nos conduce a una sociedad donde esas tendencias puedan ser predecibles y manipulables para grandes corporaciones que ya consideran que los datos generados por los usuarios de la WEB son el petróleo del Siglo XXI.

Sin embargo, la exacerbación de las bondades de las TIC no son un invento macrista, sino un nuevo paradigma que de la mano de grandes corporaciones se viene instalando desde las cumbres de la sociedad de la información realizadas en Ginebra y Túnez en los años 2003-2005. El programa Conectar Igualdad que se aplicó en la Argentina tuvo su correlato en Uruguay, Chile y otros países de Latinoamérica que sin lograr resolver el acceso universal a derechos esenciales, se preocuparon en abordar el problema de la “brecha digital”.

Las medidas no pueden descontextualizarse, y es en este marco de ajuste y represión ante la resistencia popular en la imposición de este modelo, en que avanzan políticas de monitoreos a través de cámaras de seguridad, de mayor equipamiento a las policías y los convenios con gigantes de la informatización y comunicación, como el acuerdo que recientemente  suscribió nuestro gobierno nacional con Amazon, donde cambiamos datos por “capacitación y financiación”.

La App de Vidal puede que ayude a construir un -siempre parcial- mapa del delito, y sin dudas es fruto de una estrategia gubernamental que apunta a la participación de la ciudadanía a través de las redes. Sin embargo, resulta difícil creer que con esta creciente informatización del Estado y carrera tecnológica se pueda contribuir a resolver los problemas sociales o de seguridad. En tal caso deberíamos preocuparnos por el hecho de que tal vez la ciencia ficción le gane a la realidad, y el mundo continúe avanzando hacia una sociedad en que las corporaciones a través del Estado se conviertan en ese Gran Hermano de Orwel, que todo lo controle, que todo lo vea, y al que sea muy difícil de escapar para construir sociedades realmente más independientes, libres y seguras.