Redacción Canal Abierto | Elegidos el domingo pasado con el respaldo de ocho millones de votos según datos oficiales, los 545 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) comenzaron a sesionar desde este viernes en Caracas, en uno de los salones del Palacio Federal Legislativo.

Delcy Rodríguez, la ex canciller de la República Bolivariana, fue ungida como presidenta del organismo que tendrá a su cargo fundar las nuevas bases de la democracia venezolana.

La nueva ANC, convocada con polémica en mayo pasado por el presidente Nicolás Maduro bajo los atributos que le otorga la Constitución, funcionará con estatutos de la Asamblea Constituyente de 1999 hasta que diseñe y apruebe su propio reglamento, que debe respetar los valores y principios de la República, el cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos suscritos, el carácter progresivo de los derechos de los ciudadanos y las garantías democráticas.

Esta convocatoria fue propiciada por el oficialismo como instancia superadora a las tensiones entre los bloques de poder que se manifiestan en el funcionamiento político, la crisis económica y las batallas callejeras que dejaron, al momento, más de 120 muertos.

Lo que busca el chavismo con esta estrategia, además, es ampliar la matriz monoproductiva, y constitucionalizar los programas sociales (misiones) y la democracia participativa a través de los consejos comunales, entre otros lineamientos.

El puntapié inicial a las sesiones de la ANC fue acompañado de una movilización de militantes oficialistas y otra de la oposición impulsada por la Mesa de Unidad Democrática, que ha visto menguado el volumen de sus protestas desde la semana pasada.

Varios son los países del mundo que se han pronunciado a favor y en contra de la decisión soberana de constituir una asamblea constituyente. Entre ellos los imperiales, lógicamente. Cabe reflexionar si Venezuela no será (o ya es) un territorio donde el bloque China-Rusia y Estados Unidos despliegan una guerra de baja intensidad, en el marco de su disputa global.

La cancillería rusa expresó: “Esperamos que los actores regionales y de la comunidad internacional, que están dispuestos a no reconocer los resultados de las elecciones venezolanas e intensificar la presión económica sobre Caracas, muestren contención y renuncien a sus planes destructivos capaces de profundizar la división en la sociedad. Es necesario crear condiciones normales, incluidas externas, para que la Asamblea Constituyente pueda sentar las bases para una solución pacífica de las divergencias en la sociedad venezolana, conseguir la concordancia nacional, ejecutar reformas para el desarrollo y la prosperidad del Estado y el bienestar de todos sus ciudadanos”.​

China en tanto no se pronunció, fiel a su política exterior respecto a los asuntos internos de otros países. No obstante, lejos parecería estar de sancionar económicamente a Caracas: en julio pasado, suscribió un acuerdo con el presidente Maduro para producir níquel y carbón por 580 millones de dólares.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, por su parte, reiteró que no reconocerá la ANC, al considerarla un “producto ilegítimo” de “la dictadura” de Nicolás Maduro. Ya amenazó con aplicarle sanciones económicas, lo que podría resultarle incluso contraproducente: Venezuela es el tercer proveedor de petróleo del país del norte.

Este jueves se conoció también un pronunciamiento del Vaticano, exhortando “a todos los actores políticos, y en particular al Gobierno, que se asegure el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como también de la vigente Constitución; se eviten o se suspendan las iniciativas en curso como la nueva Constituyente que, más que favorecer la reconciliación y la paz, fomentan un clima de tensión y enfrentamiento e hipotecan el futuro”.

Lo que suceda este sábado en San Pablo, donde se reunirán los cancilleres del Mercosur, no tendrá más que ribetes testimoniales alentados por el provecho electoral que pueda obtener el presidente Macri, su máximo impulsor.

Los cuatro integrantes del bloque regional aplicarán seguramente la “cláusula democrática” contemplada en el Protocolo de Ushuaia y en ultimátum al presidente Maduro durante la última cumbre realizada en Mendoza.

Entonces el gobierno de Tabaré Vázquez se había rehusado a expulsar a Venezuela del Mercosur. Pero la presión internacional y su aislamiento en Sudamérica condicionaron su posición. Aquí también hay razones de política interna: el Frente Amplio mantiene una leve desventaja en su intención de voto respecto a la derecha del Partido Nacional.

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