Por Sergio Alvez | Según un informe de la ONG Transnational Institute, en los últimos años se han producido al menos 835 casos de desprivatizaciones de los servicios públicos en más de 1600 ciudades distribuidas en 45 países. “El constante deterioro de la calidad de los servicios y el incremento de los precios no es algo inevitable. Por ese motivo, cada vez son más las comunidades y las ciudades que están acabando con las privatizaciones y volviendo a poner en manos públicas servicios esenciales”, sostiene el informe citado, titulado “La recuperación de los servicios públicos”, y publicado en junio de este año.

Pese a esta tendencia, hay casos de privatizaciones de servicios básicos en grandes ciudades, que persisten inalterables y sin que si quiera medie un debate social de alcance considerable en torno a la posibilidad de la re-estatización.

Uno de esos casos paradigmáticos se da en la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, donde la administración y regenteo del servicio de agua potable y cloacas le pertenece desde 1999 a la empresa española Samsa. Posadas, a saber, posee más de 300 mil habitantes, siendo según el censo 2010 la ciudad argentina con mayor crecimiento poblacional de la década. La población actual representa actualmente al 25,2% del total provincial.

Samsa, además, tiene el manejo del servicio en la aledaña localidad de Garupá. Se trata de un caso en el cual una privatización nacida en el seno del neoliberalismo más salvaje, en beneficio de una empresa extranjera, se mantiene hasta el presente y con perspectivas de mantenerse por varios años más.

Origen del saqueo

La ley provincial Nº 3391, sancionada por la Legislatura de Misiones el 26 de diciembre de 1996, declaró sujeta a privatización mediante concesión la prestación de los servicios de agua potable que a la fecha de su promulgación venía desarrollando la Administración Provincial de Obras Sanitarias (APOS). El intendente de Posadas desde 1995 era el ingeniero Carlos Eduardo Rovira y el gobernador de la provincia era otro ingeniero, Federico Ramón Puerta. Además de compartir su formación profesional y de mantener una fluida amistad, Puerta y Rovira tenían otros rasgos en común: ambos se reconocían plenamente menemistas y estaban de acuerdo con el régimen de privatizaciones que sacudió al país durante la más feroz etapa del neoliberalismo, que los tuvo en Misiones como decididos protagonistas.

Posteriormente, la ley provincial Nº 3523 sancionada también en 2006 por la Cámara de Representantes de Misiones, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones para la concesión del servicio público de Agua Potable y Desagües Cloacales para las ciudades de Posadas y Garupá. La Provincia llamó a Licitación Pública Internacional, actuando como Autoridad de Aplicación en esa instancia el Ministerio de Economía y Obras Públicas de la Provincia. Finalmente y después de las etapas de precalificación, evaluación de las ofertas en aspectos técnicos y económicos, la misma fue adjudicada a la empresa de capitales españoles Servicios de Aguas de Misiones Sociedad Anónima, SAMSA. Todo el proceso fue alentado y aprobado sin reparo alguno por el entonces intendente de Posadas, Carlos Rovira.

30 años de entrega

El objeto del contrato de concesión firmado entre SAMSA y la Provincia de Misiones es la prestación de Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales, entendiéndose que tales servicios implican la captación, tratamiento, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de agua potable en las localidades de Posadas y Garupá. El plazo de concesión otorgado a la firma española fue de 30 años contados a partir del 1º de agosto de 1999, fecha de la toma de posesión por parte de la sociedad, más la prórroga que eventualmente el concedente disponga conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 3391 y sus modificatorias.

Actualmente sin embargo, se estima que alrededor de 80.000 personas de la zona de operación de Samsa no acceden al servicio de agua potable y muchas más no acceden aún a la red de cloacas.

Pantomimas de re–estatización

Tarifas obscenas, servicio paupérrimo, cortes, veranos secos, desinversión, indignación popular. La privatización del agua en Posadas resultó siendo lo que se esperaba: una mega estafa popular. El malestar de los usuarios se hizo sentir al poco tiempo del inicio de la gestión de la compañía española. Casi al unísono, se irguió la defensa corporativa del entonces gobernador Rovira a los intereses de la empresa. En 2001 por ejemplo, ante los evidentes incumplimientos de SAMSA en cuanto a la prestación del servicio, la Municipalidad de Posadas —agobiada por el reclamo ciudadano— pidió que se revea el servicio de concesión con la firma española. Rovira salió decidido a escudar a la compañía privatizadora. Defendió abiertamente el contrato y descalificó a quienes criticaban el deficiente servicio, batiendo un parche argumentativo que desde siempre fue uno de los comodines discursivos de la política neoliberal y privatizadora: Rovira rogó “garantizar la seguridad jurídica” a la empresa española. Previo a ello, Rovira ya había beneficiado a SAMSA con un decreto que la autorizó a pagar menos por la tasa de ocupación del subsuelo.

El 11 de noviembre de 2003, hartos de tanto vapuleo por parte de SAMSA, los ciudadanos aunados en la Asociación de Consumidores y Usuarios de Misiones, hicieron sonar voces de protesta contra la empresa española en las calles de Posadas. Sería apenas el principio de una incontable seguidilla de reclamos populares de usuarios de los servicios de agua potable de Posadas y Garupá que se extendieron durante toda la década y que continúan latentes, sin que se avizore solución alguna: el Estado benefactor priorizó siempre garantizar las ganancias empresariales por sobre las demandas sociales. Además de brindar un servicio paupérrimo, la empresa abusó de los usuarios con distintas argucias, denunciadas en su momento por la asociación de usuarios que se unieron para intentar defenderse de un monstruo de dos cabezas: empresa y Estado. Por ejemplo, la firma adquirió masivamente medidores que en aquel momento oscilaban, a precio de ferretería, entre los 20 y 30 pesos: la empresa cobró a los usuarios más de cuatro veces de aquel valor para instalarlos en los domicilios.

Ante aquellos reclamos primigenios, el gobernador Rovira ensayó una maniobra que entusiasmó a la ciudadanía local, pero que terminó siendo, apenas, un acto más de demagogia. “El gobernador Carlos Rovira confirmó que estudia renegociar el contrato con el grupo español dueño de la empresa Samsa que tiene la concesión del servicio de agua potable en Posadas y Garupá. Incluso, fuentes oficiales señalan que se puede llegar a rescindir el contrato si es que no presta un buen servicio durante el verano o hay quejas de los usuarios” informaron los medios oficiales al día siguiente de la protesta. Pese al anuncio, nunca se avanzó en la renegociación del contrato con SAMSA. Un año después, los reclamos por el mal servicio se extendían a todos los barrios de Posadas, motivando en marzo de 2004, la presentación de un pedido de informe de un grupo de legisladores misioneros acerca del cumplimiento del contrato de concesión.

“El servicio de agua potable brindado por la empresa concesionaria no cumple con los objetivos y expectativas de la comunidad, de donde se alzan innumerables reclamos de todos los barrios de Posadas; teniendo en cuenta además las altas temperaturas en este caluroso verano, y teniendo en cuenta la poca precipitación pluvial de estos meses, este problema que es de larga data, debe ser resuelto con urgencia”, rezaba aquel pedido.

En febrero de 2005, ante un nuevo pedido de aumento de la tarifa por parte de SAMSA, la Asociación Interbarrial de Defensa del Consumidor pidió al gobernador Rovira la rescisión del contrato con la empresa. El servicio empeoraba cada vez más y a contramano, las tarifas aumentaban. En octubre de 2006, ya en plena campaña electoral y acorralado por las críticas a SAMSA, Rovira insistió con la pantomima de la re-estatización. En un acto en Garupá, el 17 de octubre de ese año, sostuvo: “Pido al pueblo misionero que me acompañe en el mandato para resolver esta cuestión y si es necesario voy a reestatizar Samsa y devolverle a manos de los misioneros”. El caudillo renovador, jamás volvió a referirse a la posibilidad de reestatizar el servicio entregado a SAMSA.

Desde entonces y a la fecha, se multiplican cada año las quejas y denuncias de usuarios contra la prestataria española, tanto en Posadas como en Garupá. En tanto, la relación entre el gobierno provincial y la compañía se ha suavizado hasta alcanzar un punto de plena armonía, en un contexto que invisibilizó totalmente el discurso político gobernante, esa palabra tan mencionada antes por Rovira, la re estatización. En esta coyuntura armoniosa, desentonaron los dichos del entonces subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Bacigalupi, el 11 de octubre de 2012, cuando en la comisión de Presupuesto de la Legislatura misionera reconoció que el Estado misionero financia obras que deberían ser realizadas por SAMSA: “El Estado provee y soluciona en ausencia de la capacidad de solución que tiene el prestador en el gran Posadas que se ha dado de manera reiterada. La prestación del servicio en el verano en los barrios periféricos ha sido siempre muy deficitaria. Y hubo una gran campaña mediática para sostener en los medios de comunicación servicios no prestados. Es una cuestión política de larga data y discusión”.

Fuera de agenda

La empresa sostiene que “esta concesión tiene como objetivo primordial una gestión eficiente, mediante inversiones en optimización y ampliación de los servicios en conjunto con la Provincia y la Nación, la incorporación de máquinas, equipos e instalaciones de primer nivel y el desarrollo de tecnología de avanzada para modernizar todo el sistema de gestión”.

Lamentablemente, la desprivatización del servicio de agua potable en Posadas no forma parte de la discusión política actual ni tampoco aparece –salvo honrosos casos esporádicos- en los programas de campaña electoral.

Agua marrón

A principios de este año, alrededor de 800 familias que viven en el barrio Itaembé Guazú de Posadas denunciaron graves problemas sanitarios. La crisis comenzó con la carencia de agua corriente, lo que motivó una protesta con corte de ruta. “Si bien el servicio fue restituido, el agua que sale de las canillas tiene un color marrón que pone en duda la potabilidad del líquido”, denunció entonces Anahí Giménez –una de las vecinas afectadas-, quien aseguró además que “resulta imposible beber o usar el agua marrón para cocinar, ya que plantea riesgos para la salud. Tampoco podemos usarla para bañarnos, porque ya provocó conjuntivitis y otitis en el vecindario. Debemos comprar agua mineral, cuando pagamos un costo caro por este servicio que no podemos utilizar”.

Ante el pésimo servicio, los vecinos intimidaron a la empresa vía carta documento.

Ya en agosto de 2017, la empresa española dueña del agua de los posadeños, fue noticia nuevamente debido a que los trabajadores se declararon en Estado de Alerta y Movilización y ya comenzaron con un quite de colaboración ante el fracaso de las negociaciones salariales entre la patronal y el Sindicato de Obras Sanitarias de Misiones.

“Vinieron de España, facturan millonadas en pala con agua que es de todos, con un servicio que debería ser del Estado. No invirtieron lo que debían y miles de familias siguen sin acceso al agua y cloacas. Y encima no nos quieren pagar lo que corresponde. Nuestros gobernantes, bien gracias”, se quejó uno de los obreros, sintetizando el cuadro general.

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