Redacción Canal Abierto | El consejo directivo de la CGT recibirá este jueves a las 14 a Jorge Triaca. La reunión es impulsada por la conducción de la central obrera, tras el encuentro exploratorio que el lunes pasado mantuvo con el ministro de Trabajo. Lo que buscan los triunviros Juan Schmid, Carlos Acuña y Héctor Daer es legitimar hacia el seno de la organización un acuerdo sobre cuatro puntos.

Distanciados ya del tono beligerante con el que amagaron convocar a un nuevo paro general, el consejo directivo de la CGT se reunió el martes pasado tras el encuentro con Triaca, sin la presencia de voz díscola de Pablo Moyano. Allí se ratificó la invitación de este jueves al ministro.

Durante los últimos días, Triaca y los dirigentes sindicales dieron a entender que no existe ni existirá luego de las elecciones una reforma laboral. Ni como la de Brasil ni una sui generis. No obstante, algunos de los puntos acordados a modo de toma y daca podrían verse expresados a futuro como medidas de flexibilización en las relaciones de trabajo.

Blanqueo patronal

Uno de esos ítems, impulsados por el Gobierno, prevé por ley eximir de multas a los empresarios que regularicen la relación laboral de los trabajadores con los cuales mantienen contratos mediante la figura del monotributo o sobre quienes ni siquiera realizan aporte social alguno.

Según trascendió de fuentes sindicales, el Estado reconocería a cuenta los aportes al sistema previsional por una cantidad limitada de años durante los que los trabajadores hayan estado en la informalidad. Es decir, sin costo alguno para el sector patronal.

Lo paradójico es que los empresarios no tienen deudas sólo con la AFIP –a partir de las inspecciones del ministerio de Trabajo–, sino también con los trabajadores que les iniciaron juicios laborales. ¿Habrá algún tipo de exhortación a los empleadores sobre este aspecto? Se calcula que entre el 30 y el 35% de la población ocupada se encuentra en la informalidad absoluta.

Menos juicios a obras sociales

Un punto beneficioso para las partes es la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud, una entidad que Mauricio Macri estuvo a punto de promulgar por decreto semanas atrás y que ahora tendría fuerza de ley.

Si se mantiene el ante proyecto redactado por el Ejecutivo el año pasado, la agencia tendrá como objetivo resolver la inclusión o exclusión de prácticas de salud y remedios entre las coberturas que brindan las prestadoras médicas.

Estaría integrada por representantes de sociedades científicas, la Superintendencia de Servicios de Salud que depende del Ministerio de Trabajo y representantes de los ministerios provinciales, con el objetivo de anteponer un tamiz a los juicios impulsados por los usuarios.

A la CGT, administradora de una voluminosa caja proveniente de las obras sociales de sus afiliados, la agencia le viene como anillo al dedo.

Normalización de sindicatos

Una de las concesiones del ministro Triaca es la creación de una comisión bipartita que normalice la intervención de sindicatos. La CGT busca resolver por sobre todo la cuestión de fondo sobre el gremio canillita, que conduce Omar Plaini. No obstante, también continúan intervenidos –aunque con medidas cautelares provisorias– el sindicato judicial de Mendoza y la Federación de Empleados de la Industria Azucarera de Tucumán. El SOMU, antes liderado por el procesado “Caballo” Suárez, elegiría una nueva conducción en diciembre próximo.

La formación como eufemismo

Un pedido que los empresarios vienen susurrando a oídos del ministro de Trabajo es la figura de la pasantía como contrato laboral para jóvenes profesionales. Según Triaca, “el Gobierno le dio la certeza a los gremios que no serán contratos basura. Queremos que capaciten personal según la demanda. Si la UOM necesita soldadores, entonces hay capacitar para cubrir esas vacantes”.

Pero la desconfianza de los gremialistas es grande, por lo que le solicitaron al ministro que nada se institucionalice por fuera de los convenios colectivos.

Ambas parte denominan al proyecto como de “formación” y tendría el visto bueno de la central obrera, gracias a los 700 millones de pesos de fondos públicos destinados a los sindicatos como recursos para las capacitaciones.

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