Redacción Canal Abierto | 259 son los habitantes del pueblo cordobés que busca poner un coto a la fumigación con agroquímicos, regulando la actividad incluso de manera mas estricta que la dispuesta en la actual legislación cordobesa.

Hace tiempo los vecinos se vienen organizando para denunciar los riesgos que implican la aplicación de agroquímicos, sobre todo cada vez que se vuelven palpables y cotidianos sus efectos inmediatos. “Hubo varias ocasiones en que el cambio de viento hizo que terminaran fumigando todo el pueblo, generando un olor insoportable en casas, la escuela y hasta en el edificio comunal”, recuerda Nilo Pérez, jefe comunal de Dique Chico.

Este domingo la pequeña localidad ubicada en las cercanías de Alta Gracia fue noticia por la insólita protesta de un grupo de productores que enfrentan el intento de regulación oficial sobre la fumigación con agro tóxicos. “Hay ciertos jefes comunales que se creen con el derecho de avasallar la propiedad privada”, dicen los empresarios rurales que se encadenaron a las puertas del edificio donde funciona la sede gubernamental. Sin embargo, el proyecto no pretende prohibir o limitar la producción agrícola, ni mucho menos poner en discusión la propiedad de los campos.

En realidad el objetivo de limitar la aplicación aérea de agroquímicos a un radio de 2000 metros del ejido urbano es sólo un primer paso. Con el apoyo del Jefe comunal, los vecinos de Dique Chico buscan impulsar una “reconversión agroecológica” de las hectáreas, orientando la producción con un sentido sustentable y salubre. “Nos estuvimos informando, consultando especialistas, y sacamos la conclusión de que se puede realizar a gran escala, con un rinde igual al glifosato y con la mitad de los costos”, explica Pérez.

Cabe destacar a tan sólo 1600 metros del ejido urbano está la escuela donde cada día asisten niños de este y otros pueblos cercanos.

“Acusan que es una resolución arbitraria, pero el objetivo del proyecto sólo persigue la protección de toda la población”, asegura el Jefe comunal, y sentencia: “Por encima de todo está la Salud de la gente”.

Antecedentes mas recientes

El 3 de octubre pasado un tribunal de Concepción del Uruguay estableció una pena de un año y seis meses de prisión -en suspenso- a los tres imputados por fumigar en las inmediaciones de la escuela N° 44 de Colonia Santa Anita, Entre Ríos.

Fue la primera condena en la Argentina respecto a la protección de docentes y alumnos con riesgo potencial de envenenamiento a raíz de estas prácticas, lo que podría sentar un precedente para futuras acciones legales.

Este fallo histórico se sumó a la ratificación de las condenas que un mes atrás dictaminara la Corte Suprema de Justicia en el juicio por las fumigaciones en barrio Ituzaingó. En ese caso, y con el voto de la mayoría absoluta, el máximo tribunal declaró inadmisible un recurso interpuesto por la defensa del productor Francisco Parra y el piloto Edgardo Pancello, ambos condenados a 3 años de prisión en suspenso por “contaminación ambiental dolosa”.

Legislación provincial actual

Este proyecto supera ampliamente la actual legislación provincial. Desde 2004, Córdoba cuenta con la Ley 9.164 que pone un límite de 1.500 metros a las aplicaciones aéreas y 500 metros para las terrestres respecto de las zonas urbanas sobre los productos considerados más tóxicos (clase I y II). La norma hace una excepción a los productos clase toxicológica III y IV, menos tóxicos según el Senasa. En esos casos las aplicaciones aéreas pueden realizarse a 500 metros del radio urbano y de forma terrestre incluso dentro de esa zona.

 

Imágen: twitter del periodista @gustavomathieu

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