Por Carlos Saglul | La Justicia ha resuelto elevar a juicio oral la causa abierta en 2013 contra los delegados de prensa de Editorial Perfil, bajo la acusación de violar la libertad de prensa tras haber realizado un extenso paro de actividades contra despidos de trabajadores en la empresa. El proceso a cargo del juez subrogante Walter Candela dará inicio entre el 29 de octubre y 1º de noviembre.

Los acusados son Rubén Schofrin, integrante de la conducción de Sipreba (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), Marcelo Iglesias, Raúl Mileo, Carlos Rodríguez, Héctor Velázquez y José Cuartana. En diálogo con Canal Abierto, Schofrin señaló que se está ante un nuevo ataque del derecho de huelga.

 

-Sería bueno recordar el desarrollo del conflicto que da origen al procesamiento

-Somos periodistas acusados de violar la libertad de prensa por un paro contra despidos, ocurrido en 2013. El 30 de octubre de ese año, Perfil echó a 13 trabajadores el mismo día de la elección de comisión interna. Dentro de los despedidos se encontraban incluso compañeros designados como junta electoral, con lo que contaban con inmunidad gremial. Como no podía ser de otra manera, consideramos el accionar patronal como un golpe de Estado violatorio de los derechos sindicales de organización consagrados en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales a los cuales la República Argentina ha adherido.

La agresión patronal fue respondida con un contundente paro de actividades, con masivas asambleas diarias, dos conciliaciones obligatorias dictadas por el Ministerio de Trabajo e infinidad de movilizaciones y actos repudiando la conducta empresaria

-¿En qué medida evalúan que se trata de un nuevo ataque al derecho a huelga del conjunto de los trabajadores?

-Lo evaluamos como un ataque directo, frontal, no sólo al derecho de huelga sino al núcleo de las organizaciones gremiales de base y a sindicatos constituidos por voluntad de los trabajadores, como es el caso de nuestro SiPreBA

-Este juicio se inició durante el anterior gobierno, continúa en el actual. La cantidad de procesados en la gestión PRO, la quita de los fueros a la conducción del gremio docente de Tierra del Fuego y las intervenciones, ¿hablan de un recrudecimiento de la ofensiva contra los derechos laborales?

-Cualquiera haya sido la intencionalidad de la Justicia, resulta evidente que este juicio es funcional a la ofensiva del gobierno para imponer una reforma laboral que intenta hacer retroceder a los trabajadores al siglo XIX en sus derechos y condiciones laborales. La precarización, un síntoma del gobierno anterior, intenta ser consagrada por ley bajo el macrismo. Este despojo a los trabajadores sólo será posible con la penalización de las luchas obreras que quiebren la libertad sindical en Argentina

En Primera Instancia, en septiembre de 2014, el juez Carlos Bruniard, titular del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 1, declaró la falta de mérito. No obstante la causa dio un giro imprevisto, casi un año después, cuando el mismo juez Bruniard resolvió darle lugar al dictamen del fiscal Anselmo Palmiro, a cargo de la Fiscalía Nº 8 en lo Correccional.

El juez resolvió en aquella oportunidad el procesamiento y libertad provisional de quienes formamos parte de la comisión interna de delegados, y un embargo sobre nuestros bienes por un total de $175.000 ($35.000 porcada periodista). Mientras que nuestro compañero José Luis Quartana (miembro de la junta electoral) fue sobreseído. Tiempo más tarde, en la Sala VII de la Cámara de Apelaciones en lo Correccional y Criminal, los jueces Juan Esteban Cicciaro y Mariano Scoto votaron por la confirmación del procesamiento dictado en primera instancia a la comisión interna y, en un acto que implica la nulidad del acto procesal al excederse en sus potestades, decidieron incluir a Quartana que había sido sobreseído.

En aquella oportunidad, en minoría, el juez Mauro Divito votó el sobreseimiento con un dictamen decisivo al sostener que toda acción desarrollada por los trabajadores en el marco de un paro de actividades debe ser comprendida dentro del derecho de huelga. La resolución en mayoría desconoció la existencia de un conflicto sindical que llevaba más de dos meses por el despido de un grupo de trabajadores de prensa, el mismo día de la elección de delegados. Hecho que, de por si indicaba la existencia de un plan patronal para criminalizar las luchas por la libertad sindical y los derechos de los trabajadores de prensa. El plan de Editorial Perfil estaba claro: imponer la voluntad patronal, sin lugar a discusiones o reclamos

-¿Entienden que este proceso tiene las debidas garantías?

-De ninguna manera. Por lo anteriormente expuesto y porque el 20 de diciembre de 2013 tres fuerzas de seguridad (Policía Metropolitana, Policía Federal y Prefectura Nacional Argentina) fueron convocadas por la empresa y no abrieron ningún tipo de acta por considerar que no existía delito, ni siquiera contravención. Para las fuerzas de seguridad se trató, claramente, de una cuestión del ámbito laboral. La audiencia con nuestros alegatos de apelación se realizó el 8 de septiembre de 2015.

Tuvimos que esperar tres meses para que los jueces resolvieran, cuando el tiempo promedio es de 15 días. Oh casualidad, luego del balotaje presidencial de 2015. En estos cuatro años, Perfil se movió en las sombras. Hizo la denuncia inicial, pero se cuidó de ser querellante. Lo que parecería una actitud prescindente, no es tal ya que en todo este tiempo la empresa manejó profusamente sus relaciones con el Poder Judicial, con visitas periódicas del presidente de la Corte Suprema de Justicia a la editorial (incluso, en un hecho inaudito, el doctor Lorenzetti viralizó un video sobre el desarrollo de la nueva redacción de la editorial). Consideramos que esta sintonía “fina” ha sido decisiva a la hora de preguntarse cómo una causa así fue elevada finalmente a juicio oral

-¿Cuántos han sido los despidos en Perfil desde que se inició el proceso? 

-Desde fines de 2013, los despedidos y desvinculados son, aproximadamente, unos 200 trabajadores. Muchos de ellos son casos de carácter antisindical y persecutorio

-¿Cómo ven el cuadro general del gremio de prensa? ¿Cómo se enmarca en la reestructuración general que la actual gestión intenta, en condiciones de sobrevivencia de grandes sectores de la clase trabajadora?

El cuadro general del gremio de prensa es de lucha frente a una ofensiva de las patronales mediáticas que buscan mantener la tasa de beneficio excepcional que han tenido en el pasado. Las empresas, con la complicidad del Estado, se empecinan claramente en criminalizar la actividad gremial en defensa de los derechos laborales y puestos de trabajo. La concentración de los medios en pulpos de la comunicación intenta ser llevada sobre la base de despidos masivos (2500 entre periodistas de todo el país), flexibilización, precarización laboral y la multitarea, y para eso es menester borrar todo vestigio de organización gremial.

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