Redacción Canal Abierto | La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará las violaciones a los derechos laborales en la Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri. Será en una audiencia pública que se realizará este martes 24 de octubre en el Palacio Legislativo de Montevideo, Uruguay, a partir de una presentación impulsada por la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL) y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), junto a la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma y de los Trabajadores, entre otras organizaciones sindicales y de derechos humanos.

La convocatoria del organismo internacional constituye un hecho histórico, ya que es la primera vez que la CIDH habilita una audiencia pública para tratar violaciones de derechos laborales. Allí estarán presentes los representantes sindicales afectados. Entre ellos el secretario general de ATE nacional, Hugo Godoy, y Hugo Blasco, titular de la Federación Judicial Argentina, ambos en representación de la CTA Autónoma.

En la audiencia se expondrán las denuncias contra el Estado argentino por el ataque a los abogados laboralistas, a la Justicia del Trabajo y a los sindicatos. Al solicitar la intermediación de la CIDH, el presidente de la AAL, Matías Cremonte, denunció que los ataques de diversos funcionarios del gobierno nacional, entre ellos el Presidente y el ministro Jorge Triaca, estaban destinados a “estigmatizar, desacreditar y criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos y a quebrantar la independencia del Poder Judicial, en especial la Justicia Nacional del Trabajo” y enfatizó que se trataba de maniobras que “encubren el objetivo de alterar en forma sustancial los derechos de los trabajadores”.

Las denuncias abarcan, por ejemplo, los pedidos de juicio político o recusaciones de cinco magistrados laborales por el contenido de sus sentencias: la jueza de primera instancia de La Plata Dora Temis (que obligó al ministerio de Educación a abrir la paritaria nacional docente), los jueces de la Cámara Nacional del Trabajo Enrique Arias Gibert y Graciela Marino (que declararon ilegal la intervención del ministerio de Trabajo de la Nación cuando se rehusó a homologar el acuerdo salarial entre La Bancaria y las patronales financieras) y los camaristas Ana Cañal y Luis Rafaghelli (por reinstalar a nueve trabajadores despedidos en el ENACOM).

En Montevideo también se expondrá la estigmatización a los abogados laboralistas, a quienes Macri se refirió como “mafia” que impulsa “la industria del juicio”, mientras se reformaba la ley de Contrato del Trabajo.

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Asimismo se abordará la criminalización de la acción colectiva y las intervenciones a los sindicatos, que superaron en cantidad a los que hubo durante la última dictadura militar. En la actualidad continúan intervenidos –aunque con medidas cautelares provisorias– Canillitas, Vigiladores, el sindicato judicial de Mendoza y la Federación de Empleados de la Industria Azucarera de Tucumán. El SOMU, antes liderado por el procesado “Caballo” Suárez, elegiría una nueva conducción en diciembre próximo.

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