Redacción Canal Abierto | “Palabras más palabras menos, el periodista me dice: ‘¿Así que me estás negando que fuiste vos quien tomó ese testimonio? Estás faltando a la verdad y ocultando información’. Para más adelante decir: ‘si no me reconocés que vos fuiste el que le tomó declaración al testigo E, vas a tener consecuencias judiciales muy graves por la nota que en breve voy a subir al diario’”. De esta manera detalla Carlos González Quintana, abogado representante de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, la llamada de intimidación que recibió el lunes 23 a las 10:01 AM por parte del periodista de Clarín Claudio Andrade. A las 15:49 del mismo día, Andrade publicaría en la versión online del diario la nota donde ratificaría la operación de prensa más grosera hasta el momento para desvincular a Gendarmería de la causa e instalar la idea de que Santiago Maldonado se ahogó por su propia impericia.

“Mi actitud fue serena pero firme. Le manifesté que la conversación estaba en alta voz y que había testigos escuchándolo. Poco le importó al periodista, quien siguió amenazándome por teléfono sin reparar las consecuencias de su conducta delictiva. Le advertí que iba a denunciarlo penalmente y le corté. Horas más tarde, Andrade consumaba su amenaza en una publicación on line en el diario para el cual trabaja”, asegura el abogado en un comunicado que dio a conocer luego de presentar una denuncia penal contra el periodista por amenazas.

La declaración del juez Gustavo Lleral inmediatamente después del resultado preliminar de la autopsia de Santiago Maldonado –donde dio a conocer que el cuerpo no presentaba lesiones externas- abrió la puerta a una serie de operaciones mediáticas que se ocuparon de instalar la hipótesis del accidente y quitar el nombre de Gendarmería de la lista de responsables. La más esmerada fue la de Andrade, que construyó al ya famoso testigo “E”, un mapuche presuntamente arrepentido que culpó a Gendarmería, luego se desdijo y –según el cronista- fue quien denunció dónde estaba el cuerpo para luego pretender cobrar la recompensa ofrecida por el Estado.

Su versión ya fue desmentida por el propio juez, quien aseguró que no hubo datos certeros aportados por ningún testigo sobre el paradero de Santiago y que el supuesto testimonio jamás formó parte de la causa, por lo que no podría contradecirse. González Quintana, por su parte, sostuvo que la declaración a la que hace referencia Andrade fue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que “mal se puede cambiar una declaración cuando sólo ha declarado una vez y ante la CIDH, que por cierto no es una instancia judicial”.

También detalló: “el contenido de los informes que junto al Dr. Fernando Cabaleiro hemos enviado a lo largo de nueve meses de trabajo es de carácter confidencial y sólo reservado a la parte denunciada, o sea al Estado Argentino, a través de su Ministerio de Seguridad. De modo que es grave que un medio como Clarín acceda de manera filtrada a una información que no es pública”.

Fue Gendarmería

Hasta la fecha, no hay ninguna línea de investigación de la causa que exculpe a Gendarmería. La falta de lesiones en el cuerpo que dio a conocer el juez Lleral no implica muerte accidental ni es, por el momento, una hipótesis que se baraje.

Tampoco lo es para la comunidad mapuche, donde aseguran que jamás vieron a Andrade y que todos los testigos que declararon aseguran cómo vieron a Santiago por último vez siendo subido a una camioneta por los gendarmes. “Una cosa es lo que dice la prensa amarilla, nosotros no nos movemos de lo que dicen los chicos. A Santiago se lo llevó Gendarmería, lo subieron arriba del unimog”, sostuvo Sergio Nahuel Quir, werken de Cushamen.

La hipótesis que maneja Andrade, donde sostiene que el artesano murió por hipotermia o ahogado, deberá ser confirmada por el informe final de la autopsia que estará en dos semanas pero que está lejos de dejar fuera del escenario de culpabilidad a la fuerza de seguridad.

El antecedente que se impone es el de Ezequiel Demonty, el joven de 19 años que en la mañana del 21 de septiembre de 2002 apareció flotando en el Riachuelo. Ezequiel fue obligado por la Policía Federal a arrojarse al agua en medio la noche, a sabiendas de que no sabía nadar. Los tres policías que participaron del operativo fueron condenados a cadena perpetua y otros nueve recibieron condenas de entre nueve y tres años de prisión. En su caso, la carátula fue “tortura seguida de muerte”. Dependiendo de los datos que arroje la autopsia de Santiago, a la figura de desaparición forzada podrían agregarse la de encubrimiento, torturas, y hasta la de homicidio agravado por el cargo.

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