Redacción Canal Abierto | El juez federal Marcelo Martínez di Giorgi procesó a 22 de las 31 personas detenidas durante la desconcentración del acto en Plaza de Mayo del 1 de septiembre pasado, cuando se cumplió un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. A todos los embargó por cifras que alcanzan los 3 millones de pesos.

Lo hizo sin prisión preventiva y acusados de intimidación pública y resistencia a la autoridad en una resolución que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) calificó de “imprecisa y genérica, como taimada y tendenciosa”.

El fallo se basa en que ciertos manifestantes están filmados tirando piedras y considera como agravantes la agitación de banderas negras, cánticos, insultos y el forcejeo con la policía para evitar ser arrestados.

Martínez Di Giorgi se apoya “únicamente en los testimonios de la policía de la Ciudad y Federal (…) Además intenta poner un cierre a cualquier posibilidad de investigar los actos ilegales que los efectivos cometieron y que fueron denunciados por los detenidos”, se pronunció en un comunicado la Correpi.

De hecho, horas después de los acontecimientos en los alrededores de la plaza, el fiscal federal Ramiro González requirió la declaración de los integrantes de la Policía de la Ciudad y Federal que participaron del operativo, y solicitó las imágenes obtenidas por reporteros gráficos y cámaras de televisión.

Hasta el propio jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta abrió el paraguas ante las evidencias dadas a conocer durante aquellas horas contra el quehacer policial y ordenó “un sumario interno para evaluar su actuación”.

Represión en Plaza de Mayo: ahora la lupa está puesta en la Policía

“El juez no se detiene ni un instante en el accionar policial, evita cruzar modulaciones de la policía, ni describe el accionar del grupo de apoyo motorizado que incursionó sobre veredas y bares provocando destrozos y zozobras; tampoco analiza la incongruencia de las actas de detención que colocan a varios de los procesados en horarios y sitios diferentes a los reales, ni repara en que hay imágenes que lo desmienten y colocan en el absurdo y la arbitrariedad”, agregó la Correpi.

Según los abogados defensores, al menos en tres casos no coinciden las circunstancias y lugares de detención reales con los de oficio. En el acta indagatoria de José Morales, por ejemplo, la Policía asegura haberlo arrestado a las 20 mientras pateaba un vallado en frete a casa de gobierno. No obstante, testigos y un ticket afirman lo contrario: A las 22.13, la víctima había entrado a cenar con sus amigos en una pizzería sobre la 9 de Julio.

En otro caso, un video muestra a Juan Mourenza y Ezequiel Medone siendo detenidos en la esquina de San José y Avenida de Mayo pasadas las 22 horas. Sin embargo, la policía consignó su arresto a las 20.18 pateando un vallado y tirando bombas molotov en media de la plaza.

De acuerdo a la Correpi, en el expediente consta el modo “al voleo” de las detenciones –con excepción de los trabajadores de prensa, deliberadamente seleccionados- y la violencia desplegada por los efectivos, denuncias de intimidación, amenazas y tratos inhumanos que vulneraron la dignidad de los detenidos.

El juez aseveró que los hechos comenzaron cuando “un grupo de manifestantes derribó el vallado que se encontraba en el sector más cercano a Casa Rosada, mientras lanzaban elementos contundentes, tales como botellas y piedras y además quemaban contenedores del Gobierno de la Ciudad. Estas personas también llevaban palos en sus manos y tenían sus rostros tapados con pañuelos y remeras”.

Pero en declaraciones a Canal Abierto, la abogada titular de Correpi, María del Carmen Verdú, asegura estar sorprendida “que tanto policía en la calle no haya apresado a un solo encapuchado”.

Los abogados anticiparon que presentarán las apelaciones en los próximos días.

Fotos: Luciano Dico

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