Redacción Canal Abierto | Los trabajadores del Estado contratados bajo el artículo 9 de la ley de Empleo Público, que se articula con la resolución 48, son unos 60.000. Este artículo se creó pensando en que un porcentaje minoritario del personal del Estado –digamos un 15%- desarrolla tareas temporarias, de adecuación o modernización de funciones. Pero lo que ocurrió en la práctica es que las plantas del personal estable se fueron reduciendo por jubilaciones y retiros y se empezó a utilizar la modalidad de contratación por el artículo 9 como una forma habitual para incorporar personal. Esa forma, en algún momento, se transformó en la única forma de contratación pública.
El mentado “ajuste de la política” que el presidente Mauricio Macri anunció recientemente -donde habló de “austeridad” para reducir el déficit fiscal recortando el gasto público- cortará el hilo por lo más delgado: los trabajadores contratados bajo el régimen del artículo 9, que son aproximadamente 60 mil.
“Lo que sucede como novedad es que a los compañeros contratados se les está aplicando un concepto que se incluyó en la última paritaria y que ATE rechazó que es el de presentismo. Así es como (el ministro de Modernización, Andrés) Ibarra planteó que los compañeros que cumplan no van a tener problemas, están utilizando un mecanismo de disciplinamiento, despidiéndolos con el eufemismo de lo que hacen es no renovarles el contrato”, explicó Flavio Vergara, dirigente paritario de ATE Nacional.
Esta forma irregular de ingreso al Estado significa un perjuicio para los trabajadores que –en muchos casos durante varias décadas- han padecido la inestabilidad laboral que significa tener contratos que vencen cada fin de año. Por otro lado, también significa un ingreso al cargo sin concurso. Y aunque en muchos organismos los gremios y las áreas de recursos humanos acuerdan mecanismos para revisar que los ingresantes cumplan con los requisitos para tomar los cargos, la situación funciona como excusa para que desde el Gobierno planeen llevar adelante evaluaciones de desempeño que determinarán quién se queda y quién se va.
Pero esa modalidad de despido no será, de acuerdo al plan, la única. Con el anuncio que Ibarra y su par en Producción, Francisco Cabrera, de “simplificar” el Estado, se preanuncia un recorte que abarcará la reconversión de organismos descentralizados, como PAMI, Anses, Senasa, INTA, e INTI entre otros. “En esto de simplificar vienen por un modelo que achica estructuras, bajando cargos jerárquicos y contratados. Y esa gente va a pasar al Fondo de Reconversión Laboral. Esto es: los van a sacar de su lugar de trabajo, los van a mandar a recalificar y en realidad van a estar en una suerte de estación terminal que va a tener como destino el purgatorio o el infierno del desempleo. Porque no va a haber un lugar donde se reasignen porque lo que quieren es ajustar”, ratificó Vergara.
La vieja idea del achique
Desde hace un tiempo, la potestad de resolver la modificación de estructuras del Estado pasó a estar bajo la órbita de Jefatura de Gabinete, a cargo de Marcos Peña. Será él quien, por orden del Presidente, coordine la reestructuración junto a Ibarra y los vicejefes Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, para presentarla en las primeras semanas de 2018.
El combate del déficit fiscal con recorte del gasto público no es nuevo. La idea quedó sintetizada en 1976 por el emblemático ministro de Economía de la última dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, con la histórica frase: “Achicar el Estado es agrandar la Nación”. Sin embargo, en la Era Cambiemos, el achique se llama simplificación o modernización, se hace en nombre de la eficiencia, y se ampara en las necesidades de los ciudadanos, devenidos en usuarios.
Con una reducción de cerca de 11 mil trabajadores del plantel nacional, Macri arrancó su mandato hablando de “ñoquis” y “aguantaderos”. Por su parte, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, planea otra poda en los tres poderes del Estado provincial que comenzó con el reciente despido de 250 trabajadores del programa Incluir Salud cuyo objetivo es brindar atención en salud a beneficiarios de pensiones no contributivas.
“Esta batalla que se cuenta en trabajadores con o sin trabajo en realidad es una batalla por el modelo de Estado que defendemos. Que tiene que estar al servicio de las personas y no de las empresas, que tiene que tener gente con capacidades y funciones para desarrollar las tareas necesarias -recordó Vergara-. El punto de corte se va a dar donde haya una necesidad que no sea rentable, entonces esto no va a ser derecho. Esa es la madre de las batallas».