Redacción Canal Abierto | La reforma jubilatoria obtuvo esta tarde dictamen de mayoría en un plenario de comisiones en la Cámara de Senadores. De esta manera, el Gobierno y el PJ se aprestan a modificar el índice de movilidad jubilatoria y la AUH. Será de manera trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre), tomando en un 70% la variación de la inflación durante el trimestre iniciado seis meses antes y el 30% restante según la variación salarial que establece el ministerio de Trabajo en el índice RIPTE.

De esta manera, en marzo próximo los jubilados cobrarán un aumento del 5,7% (tomando las variaciones del tercer trimestre de 2016), en vez del 12% que podrían haber recibido según el cálculo en vigencia.

No obstante, desde el gobierno y los medios oficialistas intentan destacar que el dictamen mejora el proyecto original del gobierno, que no contemplaba el índice de variación salarial e incluía una mejora semestral según el crecimiento del PBI. Y es verdad. Los jubilados cobrarán en marzo $36 más.

De este modo, el Ejecutivo se ahorra una masa de $100.000 millones claves en la negociación con los gobernadores por el pacto fiscal y la reducción en las contribuciones patronales que plantea la reforma laboral en detrimento de las arcas del ANSES.

En un proyecto de presupuesto 2018 cuyo 56% del gasto corriente corresponde a prestaciones de la seguridad social, las metas de reducción del déficit primario (anterior al pago de interese de la deuda) perjudican por sobre todo a jubilados y niños asignatarios de la AUH.

Por otro lado, la reforma garantiza a jubilados el 82% del salario mínimo vital y móvil, aunque excluye a quienes alcanzaron la jubilación por la moratoria previsional. También deja afuera a los encasillados en regímenes especiales.

El proyecto deja en claro la facultad del empleador de intimar a cualquier trabajador que hubiera cumplido la edad requerida actualmente para jubilarse (65 años para los hombres y 60 para las mujeres con 30 años de servicios) a trabajar hasta los 70. Si hoy la tasa de sustitución de las jubilaciones no supera el 50% del salario que se percibe en actividad, la decisión de continuar la vida laboral no sería voluntaria sino casi de supervivencia.

Entre otros puntos, el proyecto exceptúa a los patrones de realizar sus contribuciones si aquellos trabajadores en condiciones de jubilarse deciden extender su vida laboral. De esta manera, el Gobierno alienta el abaratamiento de la mano de obra.

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