Por Sergio Alvez | El 1 de enero de 2018, en la turística ciudad de Penha (Santa Catarina), fue asesinado a golpes el profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina  y líder indígena Marcondes Namblá, de 38 años, quien recibió el ataque de un desconocido que lo asesinó a palazos.

Ante este episodio, el Consejo Indigenista Misionario (CIMI) denunció que “en los últimos años ha crecido la ola de intolerancia contra los indígenas, en el litoral de Santa Catarina, especialmente manifestada por autoridades municipales que no aceptan que los indios frecuenten sus playas”.

El líder indígena Marcondes Namblá, asesinado

Para esta organización, el motivo del crimen es el racismo. “Las manifestaciones (racistas) se reproducen en redes, especialmente en la internet, en algunos diarios y algunos programas de radio y televisión, herramientas que lamentablemente terminan siendo usadas para estimular el odio a los indios, negros y extranjeros procedentes de países más pobres” aportan desde CIMI.

Costa de la Invasión

En el estado de Bahía, entre Belmonte y Caraíva, se encuentra la subregión turística denominada la Costa do Descubrimiento, cuyo epicentro es la ciudad de Porto Seguro. La versión eurocentrista de la historia sostiene que hace unos 518 años, este lugar paradisíaco fue “descubierto” por el navegante portugués Pedro Alvarez Cabral. Los indígenas llaman a estas tierras Costa de la Invasión. Desde hace algunos años, las Comunidades vienen siendo asediadas y violentadas fuertemente por empresas y consorcios turísticos interesados en profundizar la explotación turística. “Quieren robarnos las tierras que conservamos para seguir haciendo hoteles. Los empresarios de hoy son los conquistadores de ayer. Estamos en una gran disputa, porque ellos cuentan con la policía y el gobierno para expulsarnos. Pero estamos dispuestos a resistir porque estas son nuestras tierras ancestrales”, expresa el Cacique Piki, de la Comunidad Pataxó Nova Coroa.

Desalojos y despojos

En esta región, los Pataxó vienen ocupando territorios en el marco de lo que llaman un proceso de recuperación territorial – similar al que protagonizan Comunidades Mapuche en la Patagonia argentina-, que busca además el cumplimiento de la demarcación territorial que el Estado brasileño viene posponiendo con consecuencias dramáticas para los pueblos originarios.

“Ya son 32 los desalojos violentos por parte de la policía. Somos 28 aldeas resistiendo. En Ponta Grande, llevamos 11 años resistiendo y ahora una empresa nos quiere desalojar. Acá tenemos escuela, puesto de salud, cementerio, 500 familias viviendo. El turismo nos quiere afuera de nuestras propias tierras”, señala el cacique Fred.

Defender el territorio

En el estado de Maranhao, nordeste del Brasil, la población indígena de Alto Turiacu decidió romper con la sociedad no indígena, destruyendo los puentes de acceso a su territorio. Esta decisión llega tras varios años de resistir los embates de los leñadores que llegan a depredar los montes del lugar. El líder indígena ItahuKa`hapor relata: “los madereros invaden nuestro territorio para derribar nuestros árboles y llevarlos en camiones para comercializar madera. Tenemos una guardia todo el día cuidando nuestra selva, y cuando detectamos que están entrando nos reunimos para actuar. Antes esperábamos que el Estado haga algo, hoy nosotros nos defendemos solos”.

En la década del setenta, la población indígena sumaba aquí medio millar de personas. Hoy en día ya son casi dos mil. “Buscamos la autonomía. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir aquí en nuestra tierra, defendiendo nuestros recursos y nuestra cultura”, advierten.

En Sao Paulo, en septiembre de 2017, indígenas de la región ocuparon el  Parque de Jaraguá, en protesta contra la ordenanza 683 del Ministerio de Justicia, que anuló el proceso de demarcación que reconoce 532 hectáreas de Ocupación tradicional del pueblo guaraní mbya.

Genocidio en Mato Grosso

A 500 kilómetros de la frontera con Argentina, en el Estado Brasileño de Mato Grosso do Sul, los Pueblos Guaraní y Kaiowá –cerca de 40 comunidades en la zona- denuncian estar siendo víctimas de un genocidio. Es que entre 2000 y 2017 ocurrieron 432 homicidios contra líderes y pobladores indígenas Guaraní y Kaiowá en Mato Grosso Do Sul. Estos crímenes son ejecutados por fuerzas paramilitares y “fanzendeiros” (terratenientes) que intentan quedarse con los territorios de los indígenas.

En 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” por la situación en el Estado de Mato Grosso do Sul: “tiene el número más alto de asesinatos de líderes indígenas del país y que a pesar de los llamados de atención y las recomendaciones emitidas por la Relatora Especial de Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, el Estado brasileño sigue sin adoptar las medidas urgentes y necesarias para prevenir y sancionar la violencia en contra de las comunidades indígenas Guarani-Kaiowá. La mayor parte de la selva originaria de Mato Grosso do Sul fue aniquilada para la instauración de agro negocios que se expandieron notoriamente en las últimas dos décadas”.

Política anti-indígena

De punta a punta del país, la violencia contra los Pueblos Originarios de Brasil se acrecienta. Todo se da en un contexto político que deteriora sus derechos. El conjunto de medidas que el poder  ejecutivo, legislativo y judicial viene llevando adelante, se considera la mayor ofensiva a los derechos indígenas desde la dictadura a esta parte.

“No es novedad para nosotros ni para el mundo la creciente violación de derechos de nuestros pueblos indígenas, a partir de la acción de un gobierno que nos viene diezmando y masacrando. Buscamos, con ayuda de otros Pueblos del continente, unificar fuerzas para que las cosas cambien”, asegura Iap Oro Mon, líder indígena de GuajaráMirim.

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