Por Sergio Alvez | Nuevas plantas de celulosa, derogación de la Ley de Insalubridad para la Industria pastera, desembarco de “grandes capitales”, venta irrestricta de tierras a “inversionistas extranjeros”, subsidios para las empresas. Todo esto es lo que los representantes del sector forestal y sus actores de poder aliados –básicamente, los gobiernos provincial y nacional- proyectan para seguir ensanchando en Misiones un modelo productivo que en la provincia supo sembrar y cosechar (especialmente desde los noventa a esta parte) extranjerización de la tierra, exclusión del pequeño campesinado, degradación y contaminación a gran escala, depredación del monte nativo, pobreza y avasallamiento a los derechos de comunidades indígenas y familias productoras de alimentos.

Con la designación del empresario forestal Nicolás Laharrague -cuyos negocios se encuentran principalmente en Misiones- al frente de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal de la Nación, el gobierno de Mauricio Macri avanza en la idea de propiciar el arribo a la tierra roja -y la región- de un vendaval de empresas que buscan radicar plantas de una de las industrias más voraces y contaminantes: la celulósica.

“Los árboles están, lo que falta son industrias (…) Cualquier inversor forestal, como sucede en Uruguay donde la empresa celulósica UPM (ex Botnia) plantea una inversión de unos 4 mil millones de dólares necesita tener una mínima garantía de acceso a la tierra para tener su abastecimiento asegurado en un importante porcentaje”, aseguró Laharrague en una reciente entrevista.

“Hay espacio para 2, 3 y hasta 4 nuevas pasteras”, afirmó con entusiasmo Pablo Mainardi, CEO de Arauco, multinacional que en Misiones ostenta la obscena posesión declarada del 7,8% del total de la superficie de la provincia, alcanzando en algunos municipios del norte, la concentración del 80% del total de tierras. Arauco pertenece al holding chileno Angelini, propietario de la petrolera Copec, de 65 barcos pesqueros, fábricas de celulosa y papel, compañías aseguradoras y administradoras de fondos de pensión.

Vienen por todo

El 30 de junio pasado, el presidente Macri modificó por decreto la Ley 26.737 de tierras rurales, que establecía el límite del 15% a la compra de tierras por parte de capitales de  extranjeros. Ya entonces, el gobierno de Cambiemos comenzaba a ceder a las presiones de las grandes empresas del rubro forestal, que al igual que Arauco en Misiones buscan mayor concentración de tierras para seguir expandiendo sus negocios en un escenario especialmente abonado con el dólar alto.

Con un 13,9%, Misiones es la provincia argentina con más tierras en manos de extranjeros.

Un interesante y reciente artículo del sitio digital Economis, plantea: “Existen leyes que restringen la tenencia de tierras por parte de extranjeros (Constitución de Corrientes, Ley Nacional de Tierras, etc.). ¿Qué dicen las inversiones pasteras?: Piden modificaciones, porque si no es “cómo invertir en un departamento que estás alquilando, tenemos que poder ser dueños de las tierras”. Misiones qué dice: hay leyes que protegen la inversión, no es necesario modificar normas. ¿Nación qué dice?: Modifiquemos las leyes que haya que modificar para que vengan las inversiones, incluido un artículo de la Constitución de la provincia de Corrientes, y la ley entrerriana que prohíbe el transporte de rollizos”.

El mismo informe señala, en relación con la Ley 25.080 de “promoción de bosques cultivados” (que vence a fines de 2018), que la misma “está en discusión”. La promoción de la ley, según la industria pastera, “debe discutirse” para que “los nuevos incentivos no sean subsidios -tal cual quiere el Gobierno Nacional, cuya política es desmantelar subsidios a cualquier actividad en aras de achicar el costo fiscal-. En cambio, pueden dar créditos fiscales para descontar luego a la hora de pagar impuestos”.

Aglomerados en la llamada Mesa de Competitividad Forestal y envalentonados con la llegada del neoliberalismo al poder, los representantes empresariales reclaman también la derogación de la Ley de Insalubridad de Laboral en la Industria de Celulosa y Papel. “Esta ley sólo trae mayores costos laborales; la solución definitiva a esta restricción es la derogación”, sostienen desde la Mesa.

Por su parte, Laharrague subraya: “Estoy convencido que tenemos todo para crecer más aún cuando el presidente Macri tiene el tema de la forestoindustria en su agenda como prioridad. Así como Uruguay hace 20 años no tenía industrias forestales y Brasil en industria celulósica hace 30 o 40 años generaba menos volúmenes que la Argentina y hoy son potencias, es evidente que se trata de una decisión política y veo que Macri está decidido a apoyar a la forestoindustria para que tengan mayor competitividad”.

Monocultivo, veneno y extranjerización

La forestoindustria es el sector de mayor gravitación en las exportaciones de Misiones, aunque en los últimos años ha disminuido su participación en el valor bruto de la producción provincial”, informa el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos.

Junto a Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Misiones, Santa Fe y La Pampa, Misiones es una de las provincias que presentan mayores extensiones forestales.

De acuerdo a datos oficiales, la provincia de Misiones cuenta con una superficie forestada de 365.142 hectáreas. De ese total, corresponden a especies coníferas (pino) 302.383 hectáreas, equivalentes al 83 por ciento. La mayor área en la cual se despliega el monocultivo (llamado “desierto verde”) en la zona Norte, en los departamentos en los que opera con mayor fuerza la corporación Arauco: Iguazú (77.411 hectáreas), Eldorado (49.694 hectáreas), y Montecarlo (41.355 hectáreas).

El patrimonio forestal de Arauco en Misiones totaliza una superficie de 232.460 hectáreas distribuidas en ocho departamentos: Iguazú (99.900 hectáreas), Montecarlo (29.650 hectáreas), General Manuel Belgrano (26.930 hectáreas), Eldorado (24.820 hectáreas), San Pedro (24.620 hectáreas), Libertador General San Martín (17.930 hectáreas); San Ignacio (7.250 hectáreas); y Candelaria (1.350 hectáreas).

El caso Libertad: paradigma del modelo

Según el último censo nacional, en la Argentina existen 2171 municipios. Uno de ellos, en el norte de la provincia de Misiones, ostenta un penoso récord nacional: es la comuna con mayor grado de extranjerización de su territorio. Hablamos de Puerto Libertad, donde el 80% del total de su superficie le pertenece a la multinacional de capitales chilenos Arauco. De las 80 mil hectáreas que conforman la totalidad del municipio, 65 mil pertenecen oficialmente a Arauco, y se estima que contabilizando testaferros, la posesión real de la tierra por parte de la multinacional alcanzaría el 90% del pueblo.

Acorralada por los pinos, Puerto Libertad no puede expandir otro desarrollo que no sea el forestal, un modelo que trajo riqueza descomunal a la multinacional, pero en el pueblo solo dejó pobreza y exclusión.

La presencia y accionar de Arauco también se trasluce en abusos contra las Comunidades Indígenas (Mbya Guaraní) asentadas en Puerto Libertad. Uno de los episodios más brutales ocurrió el 28 de enero de 2015, cuando un grupo de 30 familias mbya que formaron una comunidad a la que dieron a llamar Guazurarí, recibieron la visita de los funcionarios Gabriel Rodríguez y Hernán Petzer, de la empresa Alto Paraná, quienes arribaron al predio acompañados por efectivos policiales uniformados.

Relató el cacique Ramón Baez: “Aprovechando que nosotros los hombres no estábamos, amenazaron a las mujeres y los niños con prenderles fuego las casas si no salían inmediatamente del lugar. Y dispararon al aire para asustar”.

Aquel episodio remite a otro que también afectó a Pueblos Originarios en el vecino municipio de San Pedro. En febrero de 2009, la revista Superficie publicó una investigación referida a una situación suscitada en Colonia Paraíso (municipio de San Pedro), corazón del territorio denominado Corredor Verde, donde Alto Paraná SA aniquiló más de 600 hectáreas de monte para instalar pinares que hoy acorralan a la comunidad mbya GuaviráPoty.

En aquel artículo, el cacique de GuaviráPoty contaba: “El primer año comenzaron a entrar al monte virgen para sacar los árboles más preciados. Al siguiente desmontaron todo y se pasaron el año fumigando con Round Up (marca comercial del glifosato producido por Monsanto). Incendiaron las cien hectáreas para que no quede nada y el año pasado plantaron los plantines de pino y tiraron veneno a menos de 20 metros del arroyo. Aquí había lapachos, cedros, canela, timbó, todo tipo de especies nativas, frutales, y una infinidad de animales, muchos de ellos en peligro de extinción. El día que prendieron fuego parecía un infierno; hacía como 60 grados, nuestros niños lloraban aterrorizados, todos llorábamos y poco pudimos hacer para defender nuestra selva. Cuando el fuego terminó nos quedamos sentados en los troncos muertos, creyendo que todo había sido una pesadilla”.

Piray

Tras 14 años de lucha, la organización Productores Independientes de Piray (PIP), Misiones, logró expropiarle 600 hectáreas a la multinacional Alto Paraná SA. Durante 40 años en estas tierras sólo hubo un desierto verde de pino y un mar de agrotóxicos. Hoy, las familias campesinas del PIP siembran alimentos a partir de la agroecología, elevando las banderas de la soberanía alimentaria.

“Hoy estamos cosechando alimentos saludables donde antes había sólo pino y agrotóxicos. Estamos transformando poco a poco las heridas de un modelo forestal letal” advierten desde la organización de productores.

En tanto, el periodista Sebastián Korol relata que “de las 36 mil hectáreas que conforman el municipio de Puerto Piray, el 63 por ciento (22.500) están en poder de la transnacional APSA, completamente cubierto de pinos. Se estima que cada hectárea forestada insume tres litros de agrotóxicos por año. Eso significa que, sólo en este pueblo, se rocían cerca de 70 mil litros de agrotóxicos cada año. La mezcla de herbicidas utilizada en los pinares es conocida con el nombre de Arsenal, una explosiva combinación de glifosato con otros tóxicos, que elimina todo, excepto el pino. Hace unos años, se viene advirtiendo preocupación por los efectos sobre la salud de las fumigaciones en gran escala que la transnacional realiza a pocos metros de las viviendas de las familias campesinas”.

Otro modelo es posible y necesario

Raúl Gorriti, delegado de ATE en la Secretaría de Agricultura Familiar y miembro del PIP, sostiene que “el modelo forestal expulsa definitivamente de la zona a las familias, por la imposibilidad de producir en las chacras, y de conseguir un trabajo en el pueblo. Desde hace algunos años, Arauco utiliza para la cosecha del pino una moderna máquina conocida como “procesadora”. Cada una de éstas reemplazó el trabajo de ochenta motosierristas, más los ayudantes que acarreaban la producción. Efectivamente, ésta es una empresa privada ‘eficiente’ en la producción de pasta de papel y madera para aserrío, y es lo que dicen constantemente los técnicos, y que generan puestos de trabajo. Pero lo que me parece que sería bueno poner en discusión es cuáles son las concepciones de desarrollo de las cuales estamos hablando. Según la empresa, y el sistema que los apoya, la concepción de desarrollo es la generación de riquezas. Sin preguntar: riquezas para quién ni riqueza a costa de qué. Los vecinos denuncian constantemente que esa generación de riqueza queda en pocas manos, de empresas transnacionales, y a costa del desastre ambiental. Ellos dicen ‘damos trabajo’, pero en definitiva lo que estamos observando es que emplea cada vez menos mano de obra”.

Diego Chifarelli, ingeniero agrónomo, investigador y también delegado de ATE en el INTI, aporta: “Desde los años setenta con la promoción de leyes forestales se comenzó un proceso de expansión forestal con especies coníferas en la provincia de Misiones. Esta política deforestación, con altibajos, se continuó hasta nuestros tiempos, ahora encarnada en la Ley Nacional 25.080. Así se logró aumentar considerablemente la superficie forestada principalmente en la zona del Alto Paraná. Algunos de los resultados de este modelo son: por un lado, un aumento significativo del Producto Bruto Geográfico y de la acumulación de capital en la zona; por el otro, el reemplazo de miles de hectáreas de bosque nativo y la sobreexplotación de los remanentes; la expulsión de los pequeños productores de sus chacras y concentración de la tierra; la contaminación de agua y suelos; la pérdida de puestos de trabajo y la dependencia hacia el modelo forestal”.

César Fariña, secretario general de ATE Misiones, remarca que “Misiones no necesita que se amplíe el modelo forestal sino que se le ponga un límite y que haya una transformación profunda, una reforma agraria que ponga en primer lugar como protagonista al pequeño productor de alimentos, una economía que beneficie a las familias, a los colonos y no a las grandes empresas que expulsan a nuestros hermanos de las chacras, que los enferman con mares de agrotóxicos. La apuesta debe ser por la agricultura familiar y no por el monocultivo”.

 

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