Redacción Canal Abierto | El 8 de diciembre de 2017 el policía local de Avellaneda Luis Chocobar salía de su casa del barrio de La Boca cuando, después de una situación de robo, persiguió y mató a uno de los delincuentes.

Tras el incidente, Chocobar fue procesado por exceso en la legítima defensa y embargado en 400.000. El juez Enrique Velázquez entendió que el agente no actuó con profesionalidad. Según declaró el policía, dio la voz de alto y como el joven delincuente no la acató, primero le disparó en una pierna y luego en la espalda, cuando el ladrón estaba parado y giró el tronco.

Luego, gracias a las cámaras de seguridad, vimos cómo Chocobar ejecutó, por la espalda, al sospechoso.

 

Defensa de la criminalidad

“Quiero reconocer tu valentía y ofrecerte mi apoyo”, le manifestó Mauricio Macri al efectivo de la Policía Local de Avellaneda durante el encuentro que también protagonizó Patricia Bullrich.

Lo que se conoció mas tarde, fue que el agente disparó por la espalda a Pablo Kukoc, de 17 años, quien en su huida ya no significaba un riesgo para Chocobar ni para terceros.

En un principio se creyó que el Presidente y la ministra de Seguridad habían recibido al policía desconociendo las imágenes. Sin embargo, desde el Gobierno negaron esto y se encargaron de continuar con la defensa a ultranza.

“Estamos cambiando la doctrina”, defendió enfática Bullrich en declaraciones a Radio Con Vos. Según la funcionaria las nuevas líneas de acción consideran que el accionar de un policía en un enfrentamiento “no es legítima defensa, es cumplimiento del deber de funcionario público”. “Estamos cambiando la doctrina de la culpa hacia la policía, el hecho de considerar que siempre el policía es el culpable, y estamos construyendo la doctrina de que el Estado es quien realiza las acciones para impedir el delito”.

“Hay jueces que no lo entienden. Vamos a cambiar el Código Penal para eliminar la figura de legítima defensa para las fuerzas policiales”, remarcó Bullrich, que insistió que en otros casos, como el de Santiago Maldonado, “se demostró que la razón estaba de nuestro lado”, intentando nuevamente de eximir de responsabilidades y culpa a los efectivos de la Gendarmería.

 

Denuncia a Macri y Bullrich

“Esperaba que algún fiscal de los del Ministerio Público hiciera la denuncia o uno de los “fiscales de la República” o la Asociación de Magistrados…Pero no hubo caso. Macri y Bullrich denunciados por apología del crimen; instigación pública a cometer delitos y coacción agravada”, publicó en su cuenta de Twitter el abogado Marcelo Parrilli.

El escrito presentado este martes 6 de febrero argumenta: “estamos asistiendo, en particular en los últimos tiempos, a un avasallamiento de derechos y a un creciente punitivismo en materia penal”.

“El Estado de Derecho que logramos luego de años de desaparecidos, muertos, torturados, presos y exiliados no es perfecto, desde ya, pero no debemos resignamos, no me resigno, a dejar que sea desplazado por esta tendencia creciente a liquidar derechos elementales con la pretensión de imponemos criterios salidos del fondo de la historia más propios de la Inquisición que de una sociedad democrática”.

 

Críticas por doquier

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)  salieron rápidamente a cruzar el envalentonamiento de la mano dura.

“En el marco de una persecución o al intentar evitar una fuga, la fuerza letal sólo se puede utilizar como un último recurso cuando es necesario proteger la vida de alguna de las personas involucradas en el hecho, incluido el personal policial. No se trata de este caso. El robo ocurrió a más de tres cuadras del lugar en el que Chocobar disparó siete veces. Si un funcionario estatal utiliza un arma letal de manera injustificada y ocasiona la muerte de una persona que no era una amenaza a la vida del policía o de una tercera persona, se trata de un hecho al que los sistemas internacionales de protección de derechos denominan ejecución sumaria o extrajudicial y constituye una violación de los derechos a la vida y a la integridad física”, afirma un comunicado del CELS.

En términos numéricos, desde el comienzo de la era democrática hasta fines de 2015 hubo 4737 asesinados por fuerzas de seguridad; es decir, un promedio de aproximadamente 152 víctimas anuales. Del total, 2653 murieron en casos de “gatillo fácil” y 2084, en situaciones de cautiverio, mientras que otros 73 fueron matados durante movilizaciones y protestas.

Pero bajo el gobierno macrista el conteo creció de modo exponencial: 725 víctimas entre comienzos de 2016 y fines de 2017. O sea, 362 víctimas por año, lo cual establece una muerte cada 23 horas, según cifras coincidentes de la CORREPI y el CELS.

Si bien ya es costumbre la defensa irrestricta del Gobierno por parte de medios masivos de comunicación, el video del homicidio obligó a expertos y periodistas a salir a marcar posición al respecto.

Uno de ellos, el periodista especializado en policiales, Ricardo Canaletti opinó: “El video que se conoció sobre Chocobar es bien claro. Ejecutó una pena de muerte extralegal. No había peligro para nadie. Disparó por la espalda. El juez fue demasiado benévolo con exceso en la legítima defensa. No hubo defensa. Hubo “ataque fácil”. Cambiemos, vida por muerte”.

Por su parte, el especialista en seguridad y ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Marcelo Saín expresó en redes sociales: “reclamo coherencia. Si se cree que Chocobar estuvo bien fusilando al ladrón, hay que bancársela y decirlo. No podes reivindicar eso y mantener las normas vigentes que lo prohíben”.

Esteban Arriada integra el Movimiento Policial Democrático y la Federación Argentina de Trabajadores Agremiados de la Seguridad Pública. Como agente de la policía bonaerense fue sumariado en 2012 por la gestión Casal, durante el gobierno de Scioli, y exonerado en mayo de 2016, por haber denunciado junto a otros compañeros hechos de corrupción en el distrito de Tigre entre la policía local y el municipio. Hoy se encuentra en juicio pidiendo la anulación del proceso judicial en su contra. “Si Chocobar se excedió es una discusión de la Justicia, y las pericias científicas tienen que dar la verdad de los hechos y los jueces deben dictar sentencia”, aseguró.

En torno a la cuestión de la seguridad y la actuación del personal policial, Arriada señala: “Hay una discusión que como sociedad nos debemos dar, nosotros reclamamos el derecho a la voz, a podernos sindicalizar, a poder reclamar legal y organizadamente por nuestros derechos laborales. También tenemos que profundizar la discusión de que la policía no puede actuar bajo ningún punto de vista con el arma de fuego, sino estamos desconociendo que hay una sociedad en riesgo porque hay un gran nivel de delincuencia y de violencia por parte de esa delincuencia. Ahora, si por el otro lado, entendemos de que existe una libertad absoluta en el ejercicio de esa fuerza pública también estamos errados. El peor ejemplo que tuvimos fue el de la década del ‘70 en que los gobiernos tanto el de María Estela Martínez de Perón que empezó a usar la fuerza pública para amedrentar a los grupos políticos y luego eso lo potenció el gobierno de facto y nos llevó a un estado de desamparo y atropello absoluto a los derechos humanos y civiles. Como sociedad que peleó por la democracia y que pelea todos los días por el sostenimiento de la democracia, no podemos permitir esta ambivalencia, de que todo pueda pasar, tanto del lado de quien delinque como de quien desde la fuerza pública tiene que ejercer el control”.

“El gobierno, al acompañar esto, en realidad le dice a la policía que trabajen tranquilos pero es una línea muy fina entre ‘trabajen tranquilos’ y ‘hagan lo que quieran’, porque en realidad no depende de la formación depende de la interpretación y ahí es donde está el conflicto. Si queremos un cambio profundo tenemos que empezar a discutir la formación: qué se les enseña, cuánto tiempo, cómo se reentrenan. Qué pasa cada día que van a trabajar, si se discute o solamente se bajan directivas sin discusión”, opinó.

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