Redacción Canal Abierto | Luego de casi 42 años de lucha y 15 días después de iniciado el juicio, Carlos Propato declarará este lunes por las torturas que sufrió junto a un grupo de 24 compañeros delegados de Ford Motors Argentina, que fueron secuestrados dentro de la planta que la multinacional tiene en General Pacheco, por una patota del ejército en complicidad con la compañía.
Se trata de una causa emblemática, que lleva casi 15 años en la justicia, que desenmascara claramente la participación fundamental de las empresas y sus directivos en las atrocidades cometidas por la dictadura en pos de imponer un modelo económico y social a su servicio.
Carlos es uno de los 13 obreros de la automotriz que sobrevivieron hasta ahora para contarle su historia al Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín. El proceso, luego de 10 años de investigaciones y varias postergaciones, comenzó hace 15 días.
En esta nota le anticipa a Canal Abierto parte de lo que expondrá frente a los jueces Diego Barroetaveña, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano: “vengo golpeando puertas hace 41 años, y para mí es muy importante poder contarle mi historia al tribunal y a toda la sociedad, para que se enteren quien es la multinacional Ford Motors. Todo lo que se pudo hacer durante este tiempo se hizo, se llevó (el caso) a la ONU, a la OEA, mucha bola no nos dieron, pero seguimos insistiendo” relata.
Popato fue secuestrado el 13 de abril de 1976, junto a otros cinco compañeros. Recuerda: “nos sacaron muy mal, cerca de las 11 de la mañana, nos subieron a la camioneta que dio la vuelta y nos dejó en “El Quincho”, y nos torturaron hasta después de las 10 de la noche, estábamos tabicados, pero calculamos la hora por el silencio y la luz”.
El tristemente célebre “Quincho de la Ford” fue un espacio cerrado, dentro del campo de deportes de la gigantesca fábrica automotriz del norte bonaerense, que durante el terrorismo de Estado fue usurpada por el ejército para utilizarla como centro clandestino de paradas intermedias en el camino hacia los destinos definitivos de las victimas que pasaron por allí. Carlos Propato, que en ese momento era Delegado de la Comisión Interna, explica que “ese quincho lo hicimos nosotros, para disfrutarlo como lugar de esparcimiento, después que el ejército se hizo cargo lo cierran y se transforma en un lugar donde inclusive torturaron a secuestrados de afuera. Era un campo de concentración, los interrogaban, los torturaban y los llevaban a otros puntos”.
En el juicio que, a tono con la época, solo tendrá una audiencia cada dos semanas, están imputados el ex jefe de Institutos Militares, el genocida multi-condenado Santiago Omar Riveros, y los ex directivos de la empresa Pedro Müller (vicepresidente) y Héctor Sibilla (Jefe de Seguridad de la planta).
El gerente de Relaciones Laborales, Guillermo Galarraga, era otro de los imputados, pero falleció en 2016. El presidente de la multinacional, Nicolás Courart, también estaba acusado pero lo alcanzó la muerte en 1989.
Luego del 24 de marzo de 1976 la sede central de Ford en nuestro país fue tomada por el ejército, con militares custodiando todos los sectores, móviles y tanques apostados en la entrada, y efectivos tomando lista.
“A mí me hicieron muchísimo daño, perdí el 50% de la visión de un ojo, me quebraron una vértebra” dice, y estremece al recordar el querellante, que luego del calvario vivido adentro de la fabrica fue llevado a la Comisaría de Tigre donde estuvo desaparecido casi 50 días, para ser trasladado al penal de Devoto, donde estuvieron hasta el 5 de septiembre del 76, cuando lo llevaron a la cárcel de sierra Chica, en Olavarria. Al resto de los compañeros los llevaron a la Unidad 9 de La Plata, todos a disposición del Poder Ejecutivo.
La sede local de la mega compañía de capitales globales, en aquel momento contaba con 7 mil obreros y otros 3 mil empleados administrativos.
En el marco del proceso de Memoria, Verdad y Justicia encabezado por los organismos de derechos humanos, familiares y víctimas sobrevivientes del terrorismo de Estado, los procesos contra empresarios cómplices y participes necesarios han sido los más complicados de desarrollar. Se cayeron causas emblemáticas como las que señalaban a autoridades de Papel Prensa, al Ingenio Ledesma de Carlos Pedro Blaquier, el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Mercedes Benz, entre otras. El año pasado una Cámara anuló la condena que había recibido Marcos Levin, dueño de la compañía de transporte La Veloz del Norte, primer empresario sentenciado por delitos de lesa humanidad en nuestro país. Por eso, a pesar de las dificultades evidentes y el contexto político adverso, la causa Ford podría marcar un punto de inflexión en los juicios que revelan la necesaria participación civil en la dictadura. Sobre esto reflexiona Propato: “El terrorismo de Estado arrancó financiado por las grandes compañías, ahora estamos juzgando a dos empresarios porque las empresas no se pueden juzgar, por una ley nacional. Ellos dicen que no colaboraron, pero ¿Cómo sabían que nosotros, los 24, éramos los peores del barrio?, si éramos 10 mil adentro de la fábrica…”.
Carlos fue liberado en 1977. Hasta su secuestro era delegado del área de Pintura de la sección Montaje.
“Es una época jodida-lamenta, pero analiza que-este es el gobierno más propicio para encausar un juicio contra el terrorismo de estado económico, donde por segunda vez se va a intentar condenar a civiles, la otra pata de la mesa, además de la iglesia y las fuerzas armadas, pero es muy difícil porque este gobierno se ha hecho cargo de todos los derechos de las personas, y los jueces pertenecen al Estado, entonces es muy jodido, pero lo intentaremos con todo el alma”.
La causa se elevó a juicio hace 3 años, pero el inicio se postergo dos veces. Se estima que el proceso se extenderá al menos un año. Los abogados que representan a los querellantes son Tomás Ojea Quintana, Marcos Aldazábal y Elizabeth Gómez Alcorta. El tribunal está ubicado en Pueyrredón 3728, en la localidad bonaerense de San Martín. Las audiencias se pueden presenciar siendo mayor de edad y presentando DNI.