Redacción Canal Abierto | Esta mañana becarios e investigadores del CONICET realizaron una protesta frente al Polo Científico y Tecnológico para rechazar el recorte en las becas doctorales y despidos en el sector.

“CONICET no fue la excepción al ajuste que vivió el Estado a partir de la asunción de Mauricio Macri”, señalan desde ATE y la agrupación Jóvenes Científicos Precarizados (JCP). Si bien el Presupuesto 2018 para el Ministerio de Ciencia y Técnica registra un aumento del 4,7% respecto de los fondos ejecutados el año pasado, al ajustarse por la inflación (tomando la moderada estimación del 15,7%) la baja sería del 10,5%.

De todas maneras, este recorte no es una novedad, sino más bien una política de Estado que se refleja en la baja que sufre el área año a año: del 1,53% del presupuesto total en el 2016, pasó al 1,4% en 2017, y ahora al 1,22% en 2018.

Incluso, al observar la comparación interanual de la asignación de recursos, la gran mayoría de los ítems refleja el fuerte recorte. En la cartera de Lino Barañao, el “ránking del ajuste” lo encabezan el Instituto Geográfico Nacional (-53,5%), el Servicio Geológico Minero Argentino (-48%) y las universidades nacionales (-25,8%).

No obstante, entre todos los números rojos resalta sólo uno con cifras positivas: la tucumana Fundación Lillo, por lejos la más beneficiada en la variación nominal (21,8%) y en el resultante de la variación real tomando el 15,7% de inflación proyectada (5%).

El sitio web de la fundación explica que allí se desempeñan 142 investigadores y técnicos de la Universidad Nacional de Tucumán y del CONICET, en áreas de Zoología, Botánica y Geología, puras y aplicadas.

Según pudo averiguar este medio, la trayectoria profesional de la fundación y sus científicos es por demás destacable, no sólo por las investigaciones que llevan a cabo en distintas áreas sino también de cara a la comunidad, particularmente a través de un Museo de Ciencias Naturales único en la provincia.

Sin embargo, la suspicacia surge con la curiosa nómina directiva que encabeza la institución. En particular, los casos de hombres con fuertes vínculos con el poder económico, mediático y judicial, y que lejos están del quehacer científico.

Ejemplo de ello es el Director Ejecutivo. Pablo D’Agnillo se presenta en su currículum como Gerente de Proyectos de la minera Alumbrera (desde 2014 hasta la actualidad). También ostenta estar a cargo del Proyecto Bajo El Durazno, yacimiento de cobre y oro ubicado a 4 kilómetros de Bajo de la Alumbrera, en el distrito Farallón Negro, provincia de Catamarca. A su vez, se muestra como Gerente de Ingeniería de Glencore.

Cabe recordar que hace poco más de un mes la justicia argentina confirmó el procesamiento del CEO y representante de Glencore en nuestro país. A principios de noviembre una masiva filtración destapó un nuevo entramado de evasión y fuga de capitales a nivel global. En su capítulo argentino no sólo se vieron envueltos políticos, como fue el caso de los ministros Luis Caputo y José Aranguren, sino también la multinacional Glencore, poseedora en Argentina de proyectos mineros como Alumbrera (Catamarca) y El Pachón (San Juan), además de emprendimientos de tipo agro exportador como la planta de oleaginosa Grupo Moreno en Bahía Blanca y Molinos Libres en corrientes. Se trata ni más ni menos que de la primera comercializadora de materias primas a nivel global y de la cuarta empresa minera más grande del mundo.

Otra de las figuras del directorio de la Fundación Lillo es el abogado Nicanor Rodríguez del Busto, nada menos que el tesorero de la institución. Célebre por sus conexiones comerciales con los patrones del juego de azar y con el oficialismo provincial, es el hermano del secretario electoral federal Rogelio Rodríguez del Busto y esposo de Belén Japaze, relatora de Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

Por último, aunque no por eso menos importante, es el caso de Eduardo García Hamilton, presidente de la Comisión Asesora Vitalicia de la Fundación Lillo. Ex director de los diarios La Gaceta y El Siglo, ambos de Tucumán. García Hamilton es el heredero de una familia que supo pisar fuerte en los medios de comunicación provinciales. Fue Presidente de la agencia periodística Diarios y Noticias (DyN). En 2001 se hizo del diario económico BAE -que gerenció durante un tiempo- e integró la polémica Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

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