Por Horacio Dall’Oglio / Revista CítricaLa última vez que vieron con vida a Daniel Solano fue en la madrugada del 5 de noviembre del 2011, en el momento en que tres policías lo sacaban a golpes del boliche Macuba, en la ciudad rionegrina de Choele Choel. Daniel había llegado desde Misión Cherenta, una comunidad guaraní en la ciudad de Tartagal (Salta), para trabajar en las plantaciones de manzanas, a más de 2 mil kilómetros de la casa donde vivía con su padre y hermana, contratado por Agrocosecha –una empresa tercerista que se encargaba de proveer el personal golondrína a la multinacional belga Expofrut– con las promesas de progreso, sueldo digno y un lugar confortable donde vivir. Sin embargo, al llegar la realidad fue muy distinta; el bienestar prometido se trocaba por hacinamiento, estafas y persecución, y Daniel no tardó en reclamar lo que le correspondía. Desde aquella noche Daniel Solano continúa desaparecido.

La existencia de una asociación ilícita, la explotación laboral y la trata de personas son la causal de la muerte.

Un juicio, cientos de testimonios, un único objetivo: la verdad

Tras seis años de espera, dilaciones y todo tipo de maniobras sombrías para encubrir, tanto a los autores materiales como a los intelectuales de la desaparición y asesinato de Daniel Solano, finalmente, inició a fines de febrero el juicio oral y público en el Auditorio de la Ciudad Judicial de General Roca (Río Negro). El proceso está a cargo del tribunal integrado por los jueces María Evelina García, Oscar Gatti y Gastón Martín, y se estima que se extenderá por más de cuatro meses –con dos audiencias por semana– debido a los 360 testigos que darán su testimonio. De esta manera, se juzgará las responsabilidades en el caso de siete policías (Sandro Gabriel Berthe, Juan Francisco Barrera, Pablo Federico Bender, Diego Vicente Cuello, Pablo Andrés Albarrán, Pablo Roberto Quidel y Héctor César Martínez), con distintos grados de participación, acusados de privación ilegítima de la libertad, homicidio calificado y asociación ilícita. Esta última figura penal fue introducida por los abogados querellantes que representan a la familia Solano, superando el pedido del ex fiscal Guillermo Bodrato –ahora juez, y reemplazado en el juicio por la fiscal Teresa Giuffrida– que se centra solo en los hechos ocurridos a partir de la madrugada del sábado 5 de noviembre del 2011, y que deja de lado todo el contexto de explotación laboral y estafa económica a los trabajadores de la multinacional Expofrut, además del rol del gremio de peones rurales (UATRE).

Sergio Heredia, uno de los abogados de la familia Solano, contó a Canal Abierto: “Los abogados de algunos policías pidieron la nulidad parcial de nuestra acusación; ellos querían descartar la existencia de una asociación ilícita, la explotación laboral y la trata de personas, porque nosotros pensamos que esos son la causal de la muerte. Entonces ellos querían sacarlo, protegiendo a la empresa Expofrut, para que quede como un homicidio simple, que parezca como que se les fue la mano a los policías. Nosotros nos opusimos y por suerte el tribunal rechazó ese planteo”.

Muchos testigos han sido amenazados. Tienen mucho miedo y piden declarar sin presencia de los imputados.

Por su parte, Leandro Aparicio, otro de los abogados de la familia Solano, destacó a Cítrica que “esta es una causa que lleva seis años, en la cual hemos denunciado a dos fiscales y a dos jueces; un fiscal y una jueza renunciaron, si no tendrían que estar presos o con juicio político, y los otros dos están en funciones sin que nadie investigue las irregularidades que hemos denunciado. Particularmente, en esta causa, quedaron afuera los autores intelectuales, no se ha investigado la estafa, y solo ha llegado acá la acusación del fiscal, que empieza a las dos de la madrugada del sábado, y no se ocupa por qué razón lo sacan a esto chico del boliche. Esto es con el objetivo de encubrir a los autores intelectuales, que ya están en este negocio en Río Negro. Por esta razón en un principio el gobierno nos apoyó, por una cuestión coyuntural, y después quedamos en la más absoluta soledad”.

Luego de varias semanas con audiencias en las que testimoniaron una veintena de testigos, ya se van perfilando las responsabilidades de algunos policías en la desaparición y muerte de Daniel Solano, como así también de funcionarios judiciales y políticos en el encubrimiento y de posibles vínculos entre su muerte y la empresa Agrocosecha. En este sentido, durante los primeros días de marzo brindó su testimonio Gualberto Solano –padre de Daniel y uno de los pilares en la investigación para que la causa haya llegado a la instancia de juicio oral–, quien desmintió frente al tribunal la primer versión que habían hecho correr funcionarios policiales y judiciales rionegrinos, por la cual se aducía que Daniel Solano se había ido por su cuenta a Neuquén: “Me llevaron a la terminal, me mostraban un video para que vea que (Daniel) había sacado boleto, pero en ningún momento sacó. Después me llevaron a la fiscalía y me mostraron otro video en el que él subía al colectivo, pero no era él”, rememoró Gualberto a más de seis años de aquellos hechos. Otro de los aspectos importantes de su testimonio tuvo que ver con las posibles razones de la desaparición y muerte de su hijo, en referencia a que la última vez que habló por teléfono con Daniel este le comentó que había cobrado, que le habían pagado menos de lo que correspondía y que estaban planeando una medida de fuerza con sus compañeros: “El lunes vamos a hacer una huelga, vamos a hacer un paro para que reintegren”, recordó Gualberto que le dijo Daniel.

“Estamos satisfechos pero a la vez preocupados por los testigos; preocupados porque muchos testigos han sido amenazados; preocupados porque muchos testigos no dicen todo lo que referenciaron en un primer momento, o si lo dicen, lo dicen después, y lo dicen con mucho miedo y pidiendo declarar sin presencia de los imputados. Pero aún así, los testigos que se han presentados han corroborado lo que han manifestado en un primer momento; un testigo identificó a (Sandro) Berthe, y una testigo lo ubicó a (Pablo) Bender esa noche en el boliche; y por último, nuestra testigo que declaró hace a seis años y permitió la detención de estos siete policías –que estaba a la vuelta del boliche cuando le pegan, lo meten en la camioneta y se lo llevan (a Daniel Solano)– identificó a cuatro a (Héctor) Martínez, a (Juan) Barrera, a (Pablo) Bender y a (Sandro) Berthe. Así que ya con ese testimonio tenemos acreditado que esos cuatro policías estaban en el lugar, y que participaron en el homicidio de Solano“, dice Aparecio. Se espera para la semana siguiente y las próximas que empiecen a declarar los testigos de Salta, con las preocupaciones logísticas para la querella que implica llevar los testimonios hasta Río Negro. También se espera que se clarifiquen aún más las distintas circunstancias de lo que pasó esa noche en el boliche Macuba y de lo que pasaba en la relación laboral con Daniel Solano.

El pozo sin fondo de la impunidad

Es difícil entender los tiempos de extrema lentitud del poder judicial, que en más de una ocasión impiden la resolución de un caso. En particular, en relación con Daniel Solano, se tardó tres años en habilitar los trabajos sobre el pozo de agua (jagüel), que tenía 80 metros de profundidad al momento de su clausura, donde dos testigos identificaron como el lugar donde se encontraría el cuerpo del trabajador salteño, en un campo llamado La Manuela, en la Ruta Nacional 22 a treinta kilómetros de Choele Choel. La demora, para Aparicio, tiene que ver con una doble maniobra dilatoria del anterior juez Julio Martínez Vivot –quien elevó la causa a juicio en el 2015 y a la vez liberó a los siete policías que se encontraban con prisión preventiva– y el fiscal Guillermo Bodrato, que, por una parte,  cuando “ya la causa había sido elevada a juicio por homicidio calificado y vejaciones, entre otros delitos, ellos ahí plantearon la hipótesis de que era un caso de desaparición forzada con el objetivo específico de que la causa vaya a la justicia federal y se pierda”, comenta el abogado querellante; y por otra, “lo que hicieron ellos fue privarnos de poder bajar a ese jagüel con el testimonio de cuatro testigos truchos que decían que se iba a derrumbar”, recuerda Aparicio.

Pese a todas las demoras, que huelen más a impunidad que al respeto de los debidos procesos judiciales, en septiembre del año pasado el juez  Roberto Gaviña, a cargo de la búsqueda del cuerpo de Daniel Solano, autorizó el descenso al pozo. Para ello se contrató a la empresa petrolera Perterser S.R.L. de Tartagal, que trabajó en el pozo doce horas por día durante un mes, desde fines de enero a fines de febrero de este año, con procedimientos que fueron filmados. Pero luego de tres años, algo cambió en el jagüel: “El inquilino del campo, Sandro Segatori, nos manifestó que entre las cosas que había tirado en el pozo había una heladera”, comentó Aparicio a Cítrica. Es que pasado este tiempo, cuando por fin se pudo descender primero con maquinaria y luego con un trabajador minero llamado Guillermo Rafael Tufiño, se pudo constatar que el jagüel había sido adulterado ya que nunca apareció esa heladera mencionada por el inquilino de La Manuela, y como si fuera poco, a unos 60 metros de profundidad se encontraron con una tapa de cemento que ni siquiera la empresa petrolera contratada pudo perforar. Como tantos otros capítulos en la historia de Daniel Solano, este de la búsqueda de su cuerpo todavía se encuentra pendiente.

La resistencia es nunca aflojar

Aquella soledad que refería el abogado querellante Aparicio –sobre todo por parte del poder judicial y político rionegrino, por acción u omisión– contrasta con el acompañamiento, la búsqueda de la verdad y el pedido de justicia que la desaparición y muerte de Daniel Solano provocó en el pueblo de Choele Choel, al menos entre quienes poseen algo de conciencia histórica y pese a los miedos que infunden los poderosos de la zona. Es esa tozudez de nunca aflojar hasta saber qué pasó con su hijo, la que Gualberto Solano, con sus marchas, acampes, huelgas de hambre y encadenamientos frente al  juzgado de Choele Choel, y de la tarea incansable de los abogados  Heredia y  Aparicio, la que inspiró a la lucha contra la impunidad de todo un pueblo. Lucha como la que otro rionegrino, como fue Rodolfo Walsh, legó con su ejemplo de militancia en pos de la verdad.

Daniel era un pibe humilde de Salta, con ganas de laburar, que se había quedado sin madre a los 14 años y fue criado por su padre desde entonces. Había nacido el 2 de noviembre de 1984 y su desaparición ocurrió tres días después de su cumpleaños número 27. Una golondrina que los poderosos se encargaron de silenciar y que nunca regrese, pero que en su vuelo reveló una trama oculta de explotación y encubrimientos que es preciso recordar, siempre. Su crimen, el de un pibe más que la policía se cargó en su haber, nos pone, de nuevo, frente a los límites de la propia democracia. 

 

Un pozo, una oscura esperanza
En las últimas semanas, luego de la autorización de la Justicia provincial con fecha 29 de enero, en la estancia La Manuela, a 27 kilómetros de Choele Choel, se investiga un jagüel (un pozo) donde según testigos habría sido arrojado el cuerpo sin vida de Daniel. La exploración la lleva adelante la empresa petrolera Petersen que cotizó el trabajo en 2.700.000 pesos. La gobernación provincial aportó un millón y el resto lo consiguió la familia Solano. Hasta ahora los resultados no fueron alentadores pero los querellantes denuncian que el pozo fue adulterado desde la inspección anterior realizada por la Gendarmería en 2015.

 

*Fuente: Cítrica

en octubre

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