Por Carlos Saglul | “Privatizar lo que dé ganancia” y “cerrar lo público que dé pérdida” son las máximas neoliberales.  Para los CEOS todo es un negocio. Lo público –como sus gobiernos- nunca funciona.  Si alguna de estas máximas se aplicó a la crisis del histórico Ingenio La Esperanza de Jujuy, seguro fue la primera.  Privatización que está destinada a caer en manos de empresarios amigos.

Todavía no hay fecha de inicio de la zafra en La Esperanza. Independientemente de la fecha de largada, toda el azúcar producida no podrá borrar el sabor amargo que flota en San Pedro, después de los despidos masivos en esa empresa.

Fundado en 1883, el Ingenio tiene una larga historia que va desde los vaciamientos empresarios a las tomas obreras de los 90. Se presentó en quiebra en 2008 y, a partir de 2010, la firma Benito RoggioAgropecuaria obtuvo la concesión del arrendamiento. En 2013, tras la quiebra, el Gobierno se hizo cargo a través  de la Coordinadora de la Unidad para el Cambio Rural de la que formaban parte el mismo Gobierno, los trabajadores y capitales privados.

En la última zafra, su coordinador Jorge Neme dijo que el objetivo es alcanzar 80 mil toneladas  contra 62 mil, en 2014, y 42 mil, en 2013. Anunció también que está cerca el día en que La Esperanza pase a manos privadas. Todo esto fue desmentido por el gobernador Gerardo Morales, quien señaló que los aportes privados al Ingenio son “pura mentira” y que la provincia tuvo que invertir 600 millones para que la empresa siguiera funcionando.

Gastón Remy, investigador y docente de la Universidad Nacional de Jujuy, sostiene que el proceso que inició el actual gobierno es más que un ajuste con un plan salvaje de despidos. Como pasa en los procesos neoliberales con todo lo público, se trataría de un vaciamiento, y de la  entrega de la histórica empresa a capitales colombianos asociados a funcionarios de Cambiemos.

¿Cuál es el proceso a través del cual el grupo Omega Energy se queda con el Ingenio La Esperanza y cuáles son sus zonas oscuras?

-El gobierno provincial a cargo de Gerardo Morales, en junio de 2016, hizo votar en la Legislatura una ley (5929) por la cual el Estado se hizo cargo de la administración de la quiebra del ingenio que ocurrió hace casi veinte años. Mediante esta ley que viola la propia legislación nacional de concursos y quiebras, con el acuerdo del juez de la quiebra, Juan Pablo Calderón, el gobierno abrió una compulsa de precios, con la que finalmente le adjudicó el ingenio al grupo colombiano Omega Energy. Este proceso completamente ilegal vino a enmendar una venta fallida, al mismo Omega, que el Gobierno anunció a fines de diciembre de 2017.

Uno de los problemas estuvo en que el Grupo Omega no tenía constituido su domicilio legal en el país. Cuestión que se enmendó el 29 de enero de 2018 y el 14 de febrero el juez lanzó esta compulsa sin siquiera dar lugar a la presentación de bases y condiciones y violando nuevamente la Ley de Concursos y Quiebras.

El sindicato a través de sus abogados presentó un pedido de revocatoria de esta decisión del juez, pero luego decidieron retirarla. Los trabajadores se enteraron varias semanas después. El ingenio con estas maniobras fue literalmente regalado a menos de un tercio de su valor de mercado. Durante este proceso, no hubo tampoco un tasador.

¿Qué se sabe de este grupo? ¿Cuál es el origen de sus capitales? 

-Omega Energy es un grupo petrolero básicamente que opera en Colombia y tiene algunas actividades extractivas y agropecuarias en Nigeria y Estados Unidos, respectivamente. Lo que no cierra es que tiene más de 13 compañías offshore, que todos sabemos que se utilizan para evadir impuestos entre otros delitos y, semejante estructura financiera no se condice con el volumen de facturación anual del grupo y con la escaza capacidad de financiamiento que admiten en su balance contable. Para el caso de ALESA (Agroindustria La Esperanza S.A.) se constituyó con el mínimo de capital exigido por ley en Argentina que son 100.000 pesos, cuando el compromiso de compra del ingenio La Esperanza alcanzaría los 86 millones de dólares. Y como le es familiar al Grupo Omega, la presentación de la propuesta para quedarse con el ingenio llevó el patrocinio legal del Mossack Fonseca, el estudio de abogados, que se hizo famoso por los Panama Papers.

¿Qué cambio significó para los trabajadores el proceso de venta?

-En primer lugar, el gobierno provincial despidió a 338 trabajadores a fines de noviembre pasado. Primero fue con la excusa de que el grupo inversor lo solicitaba. En febrero pudimos constatar que el mismo gobierno ordenó los despidos, a través de la administración colegiada –cuyos integrantes propuso el gobernador- y de la fiscalía de Estado, que finalmente convalidó el juez de la quiebra con el argumento de que al “Estado le era demasiado costoso sostener a 1000 trabajadores”. Nunca presentaron un estudio productivo ni económico-financiero que demostrara su afirmación, como tampoco cuál fue el criterio para decidir que trabajadores seguían y cuáles no. Esta información la solicitamos a través de un amparo en la Justicia jujeña a través de los diputados del PTS- Frente de Izquierda (FIT), Alejandro Vilca, Natalia Morales y Eduardo Hernández. La Justicia aún no se expidió. Lo hicimos como parte de la defensa de todos los despedidos como también de nuestros compañeros obreros y candidatos en las últimas elecciones por el PTS-FIT, Silvio “Choper” Egüez y Walter Farfán, ambos despedidos.

¿Quién es en esta operación Facundo Fernández de Oliveira? Ahora director de La Esperanza, también de otra empresa propiedad de Pedro Eugenio Aramburu hijo, y a su vez director de Recursos Humanos de Radio Nacional…

-Para lo que es el gobierno de los Ceos no es ya de extrañar. Los ministros y funcionarios de Cambiemos están de los dos lados del mostrador, es su marca registrada. Como también tener dinero en cuentas offshore. En el caso de Oliveira es un funcionario que llega a mediados de 2016 a la Radio Nacional y su debut fue ordenar despidos en todo el país. En el caso del ingenio aparece como director de ALESA y no podemos descartar que actúe en representación del gobierno nacional que también es parte de la quiebra del ingenio. En enero, el mismo titular de Omega, Omar Leal, denunció en el diario El Tribuno de Jujuy que la caída de la venta del ingenio había sido una decisión del gobierno nacional.

Respecto de la sociedad entre Oliveira y el hijo del ex dictador Pedro E. Aramburu, no es de extrañar. Porque en el domicilio legal de ALESA está constituido el buffet de abogados  Peréz Alati, Grondona, Benites y Artsen. El mismo nuclea a defensores de genocidas y grandes grupos económicos, como el hijo del periodista prodictadura Mariano Grondona, y este estudio también está denunciado en el libro Argenpapers, de los periodistas Tomas Lukin y Santiago O´Donnell, por su participación en los paraísos fiscales. Menos Radio Nacional, las otras dos empresas donde trabaja Fernández de Oliveira tienen la misma sede: Suipacha 111, de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuál es la situación actual del Ingenio?

-El ingenio actualmente se encuentra dentro de un traspaso al Grupo Omega y se sostienen los 338 despidos. Hubo una tanda de 42 trabajadores reincorporados y todos afirman que el ingenio con este número de personal no puede funcionar. Sin embargo, la empresa estaría empecinada en contratar a los 600 trabajadores que quedaron sin reconocerles la antigüedad ni las categorías. Una empresa buitre por donde se la mire y que tiene el respaldo orgánico de funcionarios de Cambiemos.

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