Redacción Canal Abierto | Ayer se aprobó el traslado de la ex Unidad Penitenciaria 2 a un nuevo edificio que la Ciudad deberá construir al lado de la cárcel de Marcos Paz. Con 37 votos a favor, 5 en contra y 14 abstenciones, los diputados porteños dieron luz verde a la aplicación del convenio entre el Gobierno de Larreta y la Nación para destinar el predio de Bermúdez y Nogoyá a emprendimientos inmobiliarios.

El mega-negocio se completará con la rezonificación del terreno de 46.380 m2, cuyo 35% será vendido, y el resto utilizado para espacios públicos.

Pasa que, aunque el acuerdo entre administraciones macristas no lo diga, el lugar está señalizado desde octubre de 2012 como Sitio de Memoria (foto de portada), porque allí se violaron derechos humanos durante la dictadura.

Entre otros episodios tristemente célebres, el 14 de marzo de 1978 al menos 65 presos murieron asfixiados, calcinados o baleados en el Pabellón 7, en lo que se conoce como el “Motín de los Colchones”. Un grupo de investigadores, sobrevivientes y familiares se propuso demostrar que no existió diferencia entre esa masacre y los crímenes del terrorismo de Estado que hoy se juzgan en diferentes instancias de la Justicia federal. La Justicia reconoció el hecho como delito de lesa humanidad, y la Secretaría de Derechos Humanos colocó en la puerta la tradicional placa de Memoria, que hoy el propio Estado desconoce.

Así, los presos, en su mayoría de la Capital Federal o del primer cordón del Conurbado, serán alejados de la ciudad cual material contaminante, y separados por lo tanto de sus familias y sus defensores, porque sus causas tramitan en los Tribunales porteños. Para completar el cuadro, se interrumpirán actividades como las del Centro Universitario y los talleres, entre otros, cuya continuidad esta herida de muerte.

Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal, impulsora de la investigación, recuerda que “lo fundamental es que se trata de un Sitio de Memoria, señalizado a pedido de los querellantes que trabajamos en la causa de la masacre, y no se trata de un hecho simbólico- aclara-, sino que se enmarca dentro de la Ley 26691, que establece obligaciones para el Estado en estos casos, como la preservación. Nuestro planteo es que se está incumpliendo esa Ley”, dice la abogada, autora de “Masacre en el Pabellón Séptimo”, aquel libro que Carlos Indio Solari recomendó ante 120 mil personas en Mendoza, en 2013, antes de iniciar su canción dedicada a un amigo muerto en aquel episodio. Aquella bendición ricotera catapultó la obra al éxito en las ventas, masificó hasta el infinito la causa, pero no la convirtió en un triunfo, queda claro.

“Nosotros tenemos medidas de prueba pendientes en el juzgado de Daniel Rafecas, por eso le hemos pedido al juez que ordene no innovar, y vamos a hacer una presentación judicial planteando que esta Ley viola la Ley 26691, y pidiéndole a la justicia que suspenda la aplicación de este convenio”, completa Cesaroni para esta nota.

La iniciativa fue presentada por el oficialismo. El convenio marco fue firmado el 12 de marzo por el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y el presidente de la Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús.

El traslado, según explicaron cuando lo anunciaron en marzo, demandará entre dos y tres meses y finalizaría en septiembre de 2020. Será allí donde se alojen los más de 1800 internos que actualmente habitan Devoto. Entonces se haría la demolición. Salvo que la resistencia de los organismos y familiares lo impida.

Cesaroni en la inauguración de la Placa de Memoria (2012), junto a Hugo Cardozo, sobreviviente de la Masacre del Pabellón 7

Los oficialismos dicen que los vecinos no gustan de tener la cárcel cerca. Sin embargo, Cesaroni aclara que los funcionarios “ni hablan” de los presos, y advierte sobre el argumento barrial: “es como si los vecinos de Núñez quisieran poner un shopping en la ESMA, no se puede”.

“Ese deseo individual de vivir en un barrio más bonito tiene que ceder en función de preservar algo que es parte de la historia del país”.

La Cámara Federal de la Capital ordenó que la Masacre del P7 sea investigada como delito de lesa humanidad. La ley de sitios de memoria, que viola este acuerdo, ordena al Estado preservar los lugares señalizados, para las investigaciones, y para la construcción de la verdad histórica.

“Lo que nos enoja es que ni siquiera se hace mención en el convenio a estos temas, no es solamente sitio de memoria por el motín de los colchones, sino por innumerables casos de torturas, hay investigaciones que todavía ni se abrieron, el campo de actuación del Servicio Penitenciario Federal durante la dictadura todavía requiere mucho trabajo por hacer”, dice la directora del CEPOC, que sentencia: “Devoto no es un edificio cualquiera, es un edificio atravesado por la historia más dura de nuestro país”.

La cárcel fue inaugurada en 1927. Ocupa más de 4 hectáreas en la Comuna 11.

Finalmente, Cesaroni lamenta con firmeza que el hecho “forma parte de la actitud de negacionismo y de borramiento de la memoria que estos gobiernos nacional y local despliegan permanentemente”, pero asegura: “Vamos a pelear como siempre, en su momento nos decían que estábamos locos si creíamos que el motín de los colchones podía ser declarado delito de lesa humanidad, y lo logramos, era otro momento histórico y político, todo es más difícil ahora, pero vamos a dar esa batalla”.

Dice Cesaroni: “Es parte de la memoria histórica de nuestro país, esta por encima de cualquier gobierno y mucho más de un negocio inmobiliario”

Sostiene Solari: “Nadie es capaz (no pueden borrar mis recuerdos!)”

en octubre

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