Por Marina Caivano | Desde hace quince años los habitantes de Carlos Casares, 9 de Julio y Pehuajó reciben suministro de agua corriente con valores de arsénico muy superiores a los permitidos. Por si esto fuera poco, en los últimos años la presión del agua recibida ha disminuido drásticamente hasta llegar a ser nula durante gran parte del día. Para vivir salubremente en estas ciudades bonaerenses es imprescindible poder costear los bidones de agua potabilizada para beber y cocinar. Y contar con, por lo menos, la suma de 20.000 pesos para realizar una excavación y colocar una bomba para las demás necesidades de agua.

Lo cierto es que en Pehuajó no hay agua casi nunca. La paradoja alcanza su nivel máximo con aquellos habitantes que, sin el dinero para hacer una excavación propia, deben pedir agua a sus vecinos y también pagar el importe fijo según la valuación de sus propiedades por un servicio que no reciben. Esto sucede gracias al Artículo 1, apartado 4, inciso I, del Decreto Nº 409/2016 del Poder Ejecutivo provincial que lo establece, independientemente de los consumos reales.

El calamitoso estado que presentan las instalaciones utilizadas para brindar el servicio de agua da cuenta de gestiones municipales y provinciales de distinto signo que nada hicieron al respecto, junto con la omisión negligente y seguramente cómplice del Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA).

El caso de las ciudades del noroeste bonaerense no es muy distinto a lo que viven los habitantes de La Plata y alrededores. En 2017, la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) fue multada por 500.000 pesos por el Juzgado de Faltas Nº 2 de La Plata a cargo de Dante Rusconi, por incumplir con las normas de defensa del consumidor. La denuncia surgió de un usuario de 84 años oriundo de Los Hornos, y fueron tenidos en cuenta como agravantes el derecho humano al agua potable y la condición de adulto mayor del denunciante que vivía solo. Con falta total de agua o de presión recurrentes, el hombre debía ingeniárselas para recolectar agua por las noches, por lo que comenzó a  presentar una serie de reclamos a ABSA, OCABA, a la Defensoría del pueblo y a la Dirección de Defensa del Consumidor municipal.

La Gobernación tiene más de 40 mil reclamos irresueltos por “baja presión, pérdidas y conexiones irregulares”. Sin embargo, la concesión continúa.

 

ABSA es el Estado

ABSA atiende la distribución del agua y el servicio cloacal en 79 localidades, con casi 3,7 millones de usuarios. El 90% de su paquete accionario corresponde al Estado Provincial, mientras que el 10% restante pertenece al Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires.

Con la llegada del macrismo, María Eugenia Vidal ordenó una serie de auditorías sobre la gestión de Daniel Scioli al frente de la empresa. Los resultados delinearon un panorama que preveía que, si no se producía un proceso de inversión urgente, a partir de 2016 se verían serios inconvenientes en el servicio de provisión de agua. Así fue. La falta de inversiones a largo plazo arrojó un déficit operativo superior a los 1.000 millones de pesos anuales y plantas potabilizadoras con sesenta años de antigüedad, cañerías con más de un siglo de uso, falta de mantenimiento en las 18 plantas potabilizadoras (la de Punta Lara cumplió sesenta años y estaba pensada para treinta). Salinización, presencia de arsénico, falta de redes y nitratos, presencia de hierro y manganeso y desertificación son otras de las características de las instalaciones de la empresa.

Sin embargo, esto no obstaculizó que el aumento de la tarifa alcanzara un 40% en febrero de este año. La gestión encabezada por Raffaelle Sardella, un funcionario de extrema confianza para Mauricio y Franco Macri, tomó la conducción de ABSA a fines de 2015, sin mejorar en nada las falencias del servicio de agua.

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