Redacción Canal Abierto | Este mediodía, trabajadores del Centro Gallego realizaron una olla popular en la puerta del establecimiento para pedir el pago de los sueldos desde noviembre del 2017, los aguinaldos, y exigir la renuncia del actual interventor, Martín Moyano Barros.

Desde 2012, el centro se encuentra en situación de crisis económica, y fue intervenido en tres oportunidades.

Sobre la situación, Yolanda Guitian, enfermera por más de 25 años en el Centro Gallego, explicó: “Estamos acá, denunciando con esta olla popular, porque estamos hartos de falsas promesas, de las mentiras del interventor Moyano Barros. Hay funcionarios oficiales que deben salir a responder por qué están permitiendo el vaciamiento del Centro Gallego. Esos funcionarios son el ministro Jorge Triaca –que no desconoce la situación de que de 1500 trabajadores hayan quedado alrededor de 800, debido al vaciamiento y saqueo que está haciendo esta intervención-, del INAES, del Ministerio de Desarrollo Social, todo con la complicidad de una comisión interna que responde a Héctor Daer, del gremio de la sanidad”.

Por su parte, María, que es también enfermera hace 8 años del lugar, dijo: “Ya no podemos vivir de esta manera. Estamos al límite. Con mil pesos por semana no llegamos. Muchos de los compañeros tienen situaciones críticas. En mi caso particular, tengo dos hijos, uno con discapacidad, y tratamos de salir adelante con esto que nos pagan. Esto viene desde noviembre. Son ocho meses sin recibir un sueldo completo”.

Además, denunciaron la falta de suministros, al punto de faltar jabón para el lavado de manos, antibióticos y analgésicos. “Hay pacientes con enfermedades crónicas que no tienen cómo afrontar sus tratamientos”, agregó María.

Por otra parte, Guitian advirtió que la intervención de Moyano Barros pretendía reactivar el hospital, sin embargo la situación empeoró. “Los trabajadores también estamos reclamando el saqueo a nuestro bolsillo, porque hace ocho meses que no nos pagan, ni los aguinaldos, más una deuda que quedó pendiente de años anteriores. Su única respuesta es intentar vender el centro al grupo Ribera Salud, denunciado en España por fraude y estafa, que dice querer comprar este establecimiento para que el hospital siga funcionando para los socios y trabajadores. Nosotros sabemos que es mentira, porque este grupo también administra la Fundación Favaloro, y hoy, 60 trabajadores de esa clínica están pidiendo su reincorporación. Si no pueden salvar a su  gente, menos van a venir acá a darnos una solución”.

Actualmente, el hospital cuenta con 4.000 socios que también reclaman la falta de médicos para su atención. “Están sufriendo estas penurias después de haber abonado por muchos años su cuota de afiliado”, expresó Yolanda.

Finalmente, sentenció: “Este hospital es necesario para la comunidad en esta gran ciudad, y reclamamos a los funcionarios que, si hay plata para la timba financiera, hay plata para sostener un hospital y ponerlo a funcionar en la red de hospitales públicos”.

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